Más información, más poder para los ciudadanos

Karina Banfi
Karina Banfi PARA LA NACION
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16 de febrero de 2016  

Darío, un chico de 10 años, quiso saber acerca de un proyecto de reformas edilicias que iban a realizarse en su escuela y que no se había concretado. Solicitó ver al alcalde y, como no tuvo respuesta, presentó un reclamo ante el Consejo de la Transparencia de su país. Ese organismo no sólo trabajó para obtener una explicación acorde con el requerimiento, sino que además impulsó una solución en el municipio sobre las obras de las escuelas primarias. Simple: Darío pudo ejercer el derecho de solicitar información ante cualquier órgano de la administración del Estado. Esto sucedió en la localidad chilena de Taltal, y hoy, lamentablemente, no sería posible en la Argentina porque en nuestro país no existe un procedimiento efectivo para el ejercicio del derecho a la información.

Desde el Congreso Nacional vamos a promover el debate parlamentario para alcanzar una ley nacional de acceso a la información pública.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, manifestó en reiteradas oportunidades la imperiosa necesidad de transparentar la gestión dando publicidad a los actos de gobierno.

El acceso a la información pública es una herramienta ciudadana que obliga a los funcionarios a responder y a entregar información. No se trata de un favor o una dádiva según los cuales ellos suponen qué tipo de información tienen que dar, sino que es un derecho humano que deben satisfacer.

Una ley de acceso a la información pública hará posible otro nivel de comunicación entre el ciudadano y el Estado; esto propone una nueva manera de gobernar más abierta y cooperativa. Cuando los ciudadanos tenemos acceso a la información pública, somos más responsables y activos en la democracia.

Quienes ejercemos la función pública tenemos el deber de rendir cuentas y contar con políticas de transparencia que fortalezcan y consoliden la administración de los asuntos públicos. Un Estado democrático moderno es aquel que habilita el diálogo entre el ciudadano que pregunta y opina y el gobernante que informa y escucha para mejorar su gestión.

Durante la última década, América latina realizó avances significativos en transparencia, se aprobaron 13 leyes de acceso a la información. La Argentina, Bolivia y Venezuela son los únicos países sin una ley y con retrocesos relevantes en esta materia.

En nuestro país, en el año 2003, se firmó el decreto 1172, de acceso a la información, aplicable sólo al Poder Ejecutivo Nacional, y si bien los pedidos comenzaron a realizarse, con los años las respuestas fueron escasas y frecuentemente ni siquiera se brindó la información solicitada.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado en cinco fallos por no cumplir con el decreto 1172/2003 y en cada oportunidad exigió a distintos organismos públicos transparentar y publicar la información requerida, ratificando así el carácter de derecho humano del acceso a información pública.

La falta de conocimiento público de la información del Estado dificulta el control sobre la gestión de los funcionarios y sus administraciones; por ende, afecta los derechos y genera consecuencias de trascendencia en la vida del conjunto de la sociedad. Así, por ejemplo, si los ciudadanos pudieran conocer el estado y avance de las obras de mejora o mantenimiento de los servicios públicos, y si esa información estuviese a su alcance (como pasó con el pequeño Darío), seguramente se evitarían demoras innecesarias y podrían prevenirse desmanejos en la administración de la obra pública o, al menos, serían más difíciles de ocultar.

Hoy, nuestro compromiso está en el cambio y en reconocer que tenemos una oportunidad histórica de darle a nuestro país las normas y las instituciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer y ampliar sus derechos. Rendir cuentas es nuestra obligación, no sentimos la crítica o la demanda como un ataque, sino como una contribución al ejercicio democrático. Nuestra tarea está en abrir una nueva instancia de comunicación y de acción entre quienes gobiernan y los ciudadanos, que puedan involucrarse en las políticas públicas y la gestión estatal a través de herramientas que les permitan conocer y analizar la información del Estado.

Tras 32 años de continuidad democrática, ya es hora de que saldemos esta deuda y por fin tengamos nuestra ley de acceso a la información pública.

Diputada nacional (UCR-Cambiemos)

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