Más que memoria, historia, verdad y justicia

Varios libros de investigación periodística –entre ellos, Masacre en el comedor– han documentado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los grupos guerrilleros que operaban en la Argentina en la década del 70, tanto en gobiernos democráticos como militares.

Sin embargo, el oficialismo y, también, amplios sectores de la oposición continúan negando esa realidad histórica y, en consecuencia, la existencia de víctimas de esos asesinatos y atentados con bombas, que siguen siendo invisibles para lo que podríamos denominar el establishment político.

Sirva como ejemplo el atentado al comedor de la Policía Federal del 2 de julio de 1976, reivindicado pronta y orgullosamente por Montoneros, que provocó veintitrés muertos y ciento diez heridos; fue el ataque más sangriento de los 70.

Las parejas, los hijos, los camaradas y los amigos de los muertos en el comedor policial prefirieron durante años callar sus tristes historias, convencidos de que muy pocos los escucharían y de que unos cuantos los recriminarían.

Recién se animaron a salir de la oscuridad en la que habían sido depositados al ser entrevistados para Masacre en el comedor.

“Creo que no soportaría que alguien me contestara, por ejemplo: ‘Los militares hicieron cosas horribles’. ¡Mi mamá no tenía nada que ver; era una pobre trabajadora, que cumplía tareas administrativas y ni siquiera portaba armas!”, señaló Liliana Tejedo, hija única de la cabo Elba Gazpio.

Una suerte del “por algo habrá sido” que afligía a los parientes de las víctimas de la salvaje represión ilegal del Estado durante la dictadura, pero al revés, aunque con el mismo objetivo: negar a los otros los derechos humanos más elementales, incluso el de expresar su dolor.

Alejandra Cepeda, hija de Josefina Melucci de Cepeda, la única persona civil que murió en el estrago, contó que nunca pudo comprender cómo fue que, de pronto, se quedó sin mamá a los once años y tuvo que hacerse cargo, junto con su papá, de su hermano de diez y su hermanita de cinco.

Josefina trabajaba en YPF; se entiende que, si hubiera muerto del otro lado, víctima de los militares, la policía o algún grupo paraestatal, hoy sería honrada con placas de todo tipo en la sede central de la empresa estatal, en Puerto Madero, al igual que sus hijos y demás descendencia.

Gloria Paulik, hija del sargento Juan Paulik, sostuvo que recién pudo hacer el duelo varios años después, cuando, con su mamá y sus cuatro hermanos, tuvo que cambiar los restos de lugar en el cementerio ya que, como tenía solo diez años, no había podido asistir al velatorio en el Departamento Central de la Policía Federal.

Casi cuarenta años después del retorno a la democracia, cabe preguntarse por qué el relato oficial de los 70 olvidó los graves delitos de las organizaciones guerrilleras, y, de esa manera, invisibilizó a sus víctimas y perdonó a los victimarios.

La respuesta ya fue dada varios años atrás por Tzvetan Todorov, un prestigioso semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa; más precisamente en 2010, luego de su visita a la ex-ESMA y al Parque de la Memoria.

Tras ese periplo, Todorov escribió un artículo que no fue del agrado de sus anfitriones: sostenía que esos lugares no permitían comprender qué había pasado en la Argentina porque ocultaban el papel central de la violencia ejercida por los grupos guerrilleros.

“Como todos sabemos, el período 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Los Montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos”, señaló el experto.

Todorov eludió rápida y hábilmente la habitual –ya desgastada por tanta repetición– celada de las organizaciones de derechos humanos y del kirchnerismo al negar que esa reflexión implicara una coincidencia con la llamada Teoría de los Dos Demonios.

“No estoy sugiriendo que la violencia de la guerrilla sea equiparable a la de la dictadura –agregó–. No solo las cifras son desproporcionadas, sino que además los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro”.

Para Todorov, que ya falleció, el ocultamiento de la violencia guerrillera se debe a que tanto los organismos de los derechos humanos como, en general, el establishment político, han preferido la Memoria a la Historia. En su opinión, el Parque de la Memoria y la ex-ESMA ilustran “la memoria de uno de los actores del drama, el grupo de los reprimidos, pero no se puede decir que defienda eficazmente la Verdad, ya que omite parcelas enteras de la Historia”.

“Una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria”, concluyó. ¿Por qué? Porque la memoria es siempre parcial; cada grupo recuerda lo que más lo conmociona y no siempre en orden cronológico. En cambio, la historia es coral; necesita el testimonio de todos, y siempre respeta las fechas. La memoria pretende recordar, pero la historia aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión.

De allí, la consigna oficial, asimilada por el peronismo en sus distintas partituras, pero también por el no peronismo –la Coalición Cívica y buena parte del radicalismo y de Pro–, es muy clara: Memoria, Verdad y Justicia.

Al someter la historia a la memoria, la política entregó los 70 a un grupo con intereses particulares: los organismos de derechos humanos y sus aliados kirchneristas. Parafraseando al Bill Clinton de la campaña de 1992, podríamos decir: “Es la historia, estúpido; no es la memoria”.

El fallo de la Cámara Federal porteña de la semana pasada parece abrir una puerta a una interpretación más amplia de los crímenes de los 70 al ordenarle a la jueza federal María Servini de Cubría que vuelva a investigar si la masacre en el comedor policial no puede ser considerada un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. En ese sentido, le señala varios senderos. Uno de ellos, muy expresivo: “Si fue un caso de grave violación de los derechos humanos”, como, por ejemplo, la voladura de la AMIA.

Historia, Verdad y Justicia es una consigna más inclusiva.

Periodista, autor de Masacre en el comedor