Milei, los espías y la libertad de los argentinos
El 30 de diciembre último, justo un día antes de que el Congreso cerrara sus puertas por las vacaciones de verano, en medio de la algarabía propia de un fin de año, y cuatro días antes de la espectacular operación norteamericana en la madriguera de Nicolás Maduro que terminó con el dictador venezolano y su esposa presos en Nueva York, Javier Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia que cambió profundamente el servicio de inteligencia del Estado. Cayó luego ante la Justicia una lluvia de pedidos de amparo para que declare inconstitucional la decisión del jefe del Estado, pero también los jueces (o la mayoría de ellos) comenzaban la feria de enero, como le llaman en los tribunales a las vacaciones del estío. Los ruidos del año que comenzaba apagaron el esperable estertor político por una medida que tiene varios aspectos cuestionables. La más polémica entre ellas es la que les da a los espías argentinos todo el poder que históricamente reclamaron. La disposición más cuestionada de ese controvertido decreto de necesidad y urgencia es la autorización a los agentes de la inteligencia local para detener a personas sin orden judicial. La policía puede detener a ciudadanos cuando están cometiendo un delito flagrante, pero debe ponerlos de inmediato a disposición de un juez para que ratifique o rectifique su aprehensión. Felizmente, en la Argentina solo un juez puede disponer de la libertad de las personas; esa no es una facultad de los funcionarios políticos. La dimensión del poder de un juez tiene esa envergadura y, por eso, la ley y el sentido común obligan a los magistrados a ser personal e intelectualmente honestos.
La norma de Milei autoriza a agentes de inteligencia, que son secretos por naturaleza, a detener a personas solo con decirles verbalmente que pertenecen a la SIDE. Un extravío de cualquier noción del Estado de Derecho. La policía, en cambio, viste uniforme o debe tener una clara identificación para negarle (por poco tiempo, hasta la intervención de un juez) la libertad a alguien que está cometiendo un delito. La pregunta que vale la pena hacerse es para qué necesita Milei que sus espías cuenten con semejante poder. La respuesta que se escuchó de funcionarios oficiales consiste en que en cualquier momento puede comenzar el juicio en ausencia de siete iraníes y de tres libaneses por la criminal masacre de personas inocentes en la AMIA. Esa aclaración advierte que podría haber duras represalias del gobierno de Irán. También se señaló la especial relación de Milei con los gobiernos de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, una predilección del mandatario argentino en su política exterior que podría promover, dicen, hostilidades iraníes. Si todo fuera así, lo único que debe hacer el servicio de inteligencia es enterarse con suficiente antelación de que tales hostilidades están por suceder y avisarle al juez respectivo, quien seguramente ordenará en el acto la detención de las personas involucradas. No hay razón alguna para que los agentes secretos de inteligencia sean quienes decidan la detención de alguien. La autorización es demasiada amplia como para justificarla solo con una eventual represalia iraní, porque tampoco el decreto de Milei precisa que se refiere solo a agentes o cómplices de Irán. Al servicio de inteligencia argentino lo sorprendieron los atentados de 1992, que voló la embajada de Israel en Buenos Aires, y el de 1994, que destruyó el edificio de la AMIA.
No hay razón para que los agentes de la SIDE sean quienes decidan la detención de alguien
De tales antiguas chapucerías se quiere saltar ahora al otro extremo; pero, ¿quién garantiza que el servicio de inteligencia argentino está ahora mejor que en los años 90? Nadie. Al revés, quienes conocen esas cloacas del Estado aseguran que los distintos gobiernos que sucedieron luego, sobre todo los del kirchnerismo, no hicieron más que politizar la agencia de inteligencia argentina, donde mandan los caudillos de grupúsculos enfrentados entre ellos. La principal tarea que se disputan ahora consiste en promover la desinformación de la sociedad en temas de política interna. El riesgo de la inteligencia argentina es -y será siempre- que los que tienen el poder usen sus servicios para pobres cuestiones internas. Sobran ejemplos en la historia reciente. Cristina Kirchner se enojó en su momento con la cúpula de su SIDE, después de firmar el acuerdo con Irán (al que se oponía el espionaje formal), y le dio de hecho la jefatura de la inteligencia nacional al entonces jefe del Ejército, César Milani, que se llevó con él a una parte de los espías. ¿Pruebas? Desde 2010 hasta 2014, el presupuesto de la SIDE aumentó en un 30 por ciento, mientras el de Milani se incrementó en un 136 por ciento. Un alto jefe militar se metió en la política interna por primera vez desde la restauración democrática. Las fechorías del kirchnerismo parecen entusiasmar al mileísmo.
Cuando deciden darles el poder de detener a personas están, además, incursionando en territorios penales. El otro adefesio jurídico que se cometió es haber firmado un decreto de necesidad y urgencia que incluye cuestiones penales. La Constitución lo prohíbe explícitamente. Su artículo 99 señala que el Presidente podrá dictar decretos de necesidad y urgencia solo en situaciones excepcionales y con la firma de todos los ministros. Sin embargo, cuatro ministros de Milei no firmaron el DNU sobre la SIDE. Peor: la Constitución le niega al Presidente la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia sobre cuestiones penales, tributarias y electorales. La detención de personas es una cuestión penal. Milei, por lo tanto, no debió firmar ese decreto. Pero lo hizo y, de esa manera, ignoró el principio de la división de poderes, imprescindible para el orden republicano. Ignoró que es el Poder Legislativo el que debe legislar sobre cuestiones penales, y también ignoró que el Poder Judicial es el único que puede quitarles la libertad a las personas.
Nadie está en condiciones de asegurar que el gobierno de Milei proyecta usar en beneficio propio las nuevas competencias que le otorga al servicio de inteligencia argentino. Pero deben subrayarse dos aspectos. Uno de ellos es que la actual administración le tiene fobia a la mayoría de los periodistas y a los medios periodísticos. El santo y seña del mileísmo repite una grosería como esta: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Habilita de esa manera a sus fanáticos a cometer hasta actos de violencia física contra periodistas. Otra lección que les dejó el furioso fanatismo del kirchnerismo. De hecho, no hace mucho Cristina Kirchner estuvo a un paso de ordenar la prisión preventiva de importantes editores de diarios: Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto, por ejemplo, a los que acusaba falsamente de delitos de lesa humanidad. No dio ese paso cuando le advirtieron que ningún juez avalaría semejante aberración jurídica. La denuncia de la viuda de Kirchner fue desestimada luego por la Justicia y ambos editores fueron absueltos. La señora de Kirchner hizo uso y abuso de los servicios de inteligencia para perpetrar actos de venganza contra opositores o críticos.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi puso a dormir en su despacho el sorpresivo hallazgo del juez Claudio Bonadio en una casa de Cristina Kirchner cuando la allanaba por otra cuestión. Descubrió una carpeta llena de información de los servicios de inteligencia sobre políticos opositores (Miguel Ángel Toma y Francisco de Narváez, entre otros) y de empresarios; incluía hasta la grabación de una reunión del directorio de Repsol, empresa española que entonces era dueña de la mayoría accionaria de YPF, acciones que más tarde fueron confiscadas por la expresidenta. Bonadio mandó a que se sorteara tal hallazgo entre los jueces federales (el cristinismo no habló nunca de esa carpeta, ni siquiera para desmentirla), porque no era motivo de su allanamiento. Salió sorteado Martínez de Giorgi. Este periodista puede dar fe de la persecución de los servicios de inteligencia en tiempos de Cristina Kirchner y de la difamación que hacía con información también falsa en los medios supuestamente periodísticos que su gobierno financiaba. Varios periodistas llegamos durante el kirchnerismo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el acoso y las calumnias de aquel gobierno, que se canalizaban a través de los servicios de inteligencia y de medios periodísticos rentados por el oficialismo de entonces. El decreto de necesidad y urgencia de Milei dispone ahora que la SIDE podrá hurgar en “las amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”. Eso es lo mismo que decir que el espionaje escarbará en la actividad política y en el periodismo. La ventajera resolución del Presidente dispone también que la contrainteligencia servirá para evitar la fuga de información clasificada. Ahora bien, ¿quién establecerá qué información es clasificada? El Gobierno, desde ya. ¿Quiénes serán los autores del delito de la fuga de esa información clasificada? La política o el periodismo, obviamente. El contrato político de 1983, que restableció la democracia después de la dictadura, determinó que los servicios de inteligencia no podían ocuparse de la política interna. Casi ningún gobierno cumplió ese mandato, pero ninguno lo hizo de manera tan explícita.
El segundo argumento es que ese decreto, que seguramente será ratificado por el Congreso, quedará vigente en el tiempo y nadie sabe qué gobierno vendrá después de Milei y qué uso les dará a semejantes atribuciones. Milei está en condiciones de que su decreto de necesidad y urgencia no sea rechazado por el Congreso, a pesar de que es muy posible que los diputados de Pro, el partido aliado más cercano que tiene, voten a favor de rechazarlo. “No podemos estar de acuerdo con la detención de personas sin autorización judicial”, anunciaron en la cúpula del partido de Mauricio Macri. “Siempre disentimos con este gobierno por la misma cuestión”, deslizó otro dirigente macrista. Recordaba, así, que el año pasado Pro contribuyó con su voto a que fuera rechazado un decreto de necesidad y urgencia de Milei por el que le daba más dinero a la SIDE.
La ley de inteligencia de 2001 fue una construcción consensual del peronismo y el radicalismo. Los autores de su letra fueron el radical Carlos Becerra, entonces jefe de la SIDE, y el peronista Toma, que luego ocupó el mismo cargo en el gobierno de Eduardo Duhalde. La ley fue aprobada por el Congreso por una amplia mayoría, cercana a la unanimidad. Luego se le hicieron varias reformas, fundamentalmente a partir de 2005, ya en tiempo de los Kirchner, con decretos de necesidad y urgencia. Ese es el argumento de mileístas o de amigos del mileísmo para justificar el reciente decreto de necesidad y urgencia. “Se escandalizan ahora, pero se vienen haciendo cambios en la ley de la SIDE con un simple decreto desde 2005”, dicen. Los demócratas verdaderos se escandalizaron siempre, también en los gobiernos kirchneristas. Pero esa no es la principal refutación. Es otra: ¿por qué tomar los malos ejemplos de la historia para seguir haciendo las cosas mal? La ley de 2001 necesita ser cambiada -qué duda cabe-, porque el mundo, la tecnología y la forma de penetrar en la información de otros Estados cambiaron absolutamente. ¿Por qué Milei no intentó, al menos, un proyecto consensuado con la oposición? ¿Por qué esa renuencia al diálogo y el consenso, que son las condiciones de la política en una república? La respuesta es predecible: esas objeciones pertenecen a los “ñoños republicanos”. Con tal réplica, un gobierno iliberal está a la vuelta de la esquina.
Decisiones sobre el servicio de inteligencia, que son necesarias, necesitan de una ley aprobada por el Congreso y de un acuerdo amplio sobre su contenido. Se trata de legislar sobre una agencia que tiene información sensible, personal y política, sobre los argentinos y que, además, es la única dependencia del Estado que puede disponer de importantes recursos sin rendir cuenta a nadie de su uso. Una cuestión de esa trascendencia no la puede resolver un gobierno aislado con sus propias verdades, entre los estrépitos del final de un año y con un decreto confuso y ambiguo, que parece haber olvidado que el país tiene una Constitución.
Tipo de trabajo:
análisis
