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Milei y la deshumanización de su capital político
Javier Milei reveló en Corrientes que estimula controversias con dirigentes y artistas para destacar los supuestos excesos de “gobernadores e intendentes “con “recursos usurpados al sector privado.” Pero el Presidente omitió una ventaja adicional del método aconsejado por Santiago Caputo para promover ese debate dicotómico con lo que denomina la casta. Contribuye a evitar que esa agenda incluya temas cuya difusión resultaría perjudicial para el gobierno.
La renuncia de dos de los cuatro subsecretarios de Pablo De la Torre en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello podría ser uno de los más sensibles. Los salientes Pablo Rodrigué y Agustín Sánchez Sorondo conformaban con Ana Belén Mármora y Rodrigo Aybar el equipo con el que esa cartera se proponía contener la demanda social, sobre todo en el conurbano, el territorio donde La Libertad Avanza expresó en las elecciones el malestar de la pobreza estructural con la política tradicional por el descalabro económico. Particularmente con la inflación que corroe ingresos y la ayuda social del Estado. De la Torre es secretario de Niñez y Familia y virtual número dos de Pettovello. De él dependen las cuatro subsecretarías del ministerio.
Los funcionarios que iban a cumplir con esa misión comparten otro rasgo. Los que se fueron y los que todavía permanecen nunca fueron designados efectivamente en sus cargos. Un déficit estructural de gestión que se atribuye al jefe del Gabinete, Nicolás Posse. Las renuncias de Rodrigué y Sánchez Sorondo no están ligadas a esa inercia alarmante sino a la falta de envío de alimentos a los comedores populares. La sospecha de negocios montados por dirigentes de organizaciones sociales con su entrega derivó en que se la suspendiera. La Iglesia instó al gobierno a restablecerla. Igual que Rodrigué, Sánchez Sorondo proviene de la militancia católica. Es sobrino del obispo Marcelo Sánchez Sorondo, designado por el Papa canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. El Papa le pidió a Milei por la comida de los pobres cuando lo recibió en el Vaticano.
Probablemente muchos de los damnificados por esta medida hayan sido electores de Milei. El Presidente atrajo en la periferia de los centros urbanos a un promedio del 25 por ciento de los votos que antes concentraba el kirchnerismo. Aybar es concejal del Pro en Tres de Febrero y expresa la alianza del intendente Diego Valenzuela con el senador provincial Joaquín De la Torre y Patricia Bullrich. El conurbano es un espacio impenetrable para el Pro y la UCR, los viejos socios en Juntos.
Si existiera, ese proyecto estaría en crisis por el ajuste ortodoxo que el Ministerio de Economía ejecuta sobre el gasto social. No deja de ser una paradoja. Podría minar la expectativa del oficialismo por llegar fortalecido a la alianza electoral con el Pro que se estima inevitable. Una deshumanización del capital político de Milei que residiría entre los más postergados, como observó con sarcasmo un intendente del conurbano en la zona Sur.
La mayoría de los municipios concentró en áreas sociales un promedio del 60 por ciento de los recursos presupuestados para este año. La orden que recibieron de Cristina es no inmiscuirse en un conflicto que, según sus especulaciones, podría sumar varios capítulos. Los intendentes están dentro del 52 por ciento de la opinión pública que se mantiene expectante con el presidente pese a sus excentricidades en las redes.
Pettovello es artífice de la tensa calma que se respira en los bordes más desprotegidos del conurbano. Anuló la facultad de las organizaciones sociales para certificar el pago a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. La ruptura de esa dependencia se expresa en la merma significativa de la convocatoria a las movilizaciones. El problema de fondo, sin embargo, sigue sin resolver: qué hacer con el casi millón y medio de personas incluidas en ese programa que recibe menos de 80 mil pesos al mes.
Por el decreto 565 del Ministerio de Economía, Sergio Massa dispuso el 31 de octubre que a partir de enero estos planes dependan del área de Pettovello. Por otra resolución, la ministra prorrogó esa transferencia hasta abril, cuando se presume que pasará a ser controlado por el secretario de Trabajo, Omar Yasín. Quizás en esa instancia se resuelva si se los descentraliza hacia los municipios. Se diluiría así la versión del supuesto conflicto entre Pettovello y De la Torre que circula en el oficialismo. El secretario de Niñez y Familia se resiste a encargarse de esos planes, como querría la funcionaria. La falta de distribución de alimentos, sin embargo, amenaza con incentivar un conflicto real. Rodrigué y Sánchez Sorondo estuvieron vinculados a la gestión de Joaquín De la Torre como intendente de San Miguel. Los dos oficiaban de enlace con los movimientos sociales. La dinámica de la relación con ese sector parece haberse modificado radicalmente desde sus renuncias. Precisamente por los alimentos.
Por primera vez, esas organizaciones hallaron un factor aglutinante para marchar juntas. Curiosamente, el operativo de seguridad no estuvo supervisado por Patricia Bullrich. Viajó a los Estados Unidos el miércoles, el día que Mauricio Macri regresó del Sur. Es decir que no se vieron para discutir lo que la ministra de Seguridad pretende para no concretar la amenaza de fracturar el Pro y sumarse a La Libertad Avanza por cuenta propia. El 50 por ciento de los cargos en la lista de unidad con la que el expresidente será electo como su nuevo titular.
Los diputados nacionales Hernán Lombardi y Damián Arabia son los mediadores en una negociación compleja. Bullrich respalda su exigencia en el alto nivel de su imagen pública que tuvo que moderar para eludir el voto de censura que ejercen Karina Milei y Santiago Caputo con los que sobresalen por encima del presidente. Victoria Villarruel ya sufrió los efectos provocados por el veto de la secretaría General de la Presidencia y el asesor de imagen. La vicepresidente limita sus apariciones públicas a las cada vez más esporádicas ocasiones en que sube fotos a su perfil de Instagram.
La laxitud con que interpreta su jurisdicción para aplicar el protocolo antipiquetes es otro de los flancos controvertidos de Bullrich. Curiosamente, el Ministerio de Seguridad bonaerense no objetó la intervención de fuerzas federales en calles de Avellaneda para evitar que el Polo Obrero interrumpiera el tránsito en Puente Pueyrredón el 24 de enero. Probablemente, otra de las contradicciones de la política de distensión de Cristina con Milei, a quien recomendó que no designe a Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
La incertidumbre sobre el acuerdo entre Bullrich y Macri mantiene el suspenso sobre otras maniobras vinculadas a ese proceso. Como el intento de Joaquín De la Torre de ampliar su monobloque en el Senado bonaerense a expensas de la del Pro. ¿Con Daniela Reich? El mandato de la esposa de Valenzuela vence en 2025. Juan José Esper ya había roto con el Pro en Diputados para sumarse a los cuatro leales a Milei que conduce Nahuel Sotelo. Sergio Massa se valió de los 11 que reúne en esa Cámara hasta el año que viene para exigirle a Axel Kicillof recursos para los intendentes del interior que le responden. Apenas una excusa. Massa reunirá mañana en Roque Pérez al Congreso del Frente Renovador para presionar por los espacios que viene reclamando al gobernador bonaerense. Sus pedidos podrían ser las primeras víctimas de un ajuste que Kicillof se vería condenado a ejecutar. No deja de ser llamativo que, al menos en este caso, recoja la solidaridad de La Cámpora. “Es un momento para compartir” deslizó un allegado a Máximo que, como titular del PJ, convocó a una reunión partidaria en Cañuelas este fin de semana. Malena Galmarini les adelantó a sus fieles su poca disposición a compartir el poder con Gustavo Menéndez en el grupo Bapro. Kicillof le habría ofertado tres lugares a cambio de los 20 que solicitó Massa en ese organismo. El cierre del ejercicio 2023 con un superávit de casi 20 mil millones es el sorprendente argumento a favor del intendente de Merlo, a quien nadie se atrevería a calificar como un eximio administrador. A Massa lo incomoda también que siga sin resolverse la designación de Martín Marinucci como titular de Aubasa. Se teme que su paso por la presidencia de Trenes Argentinos provoque algún ruido inconveniente al gobierno bonaerense.
Lo mismo que Raúl Pérez, el dirigente que Massa impulsa para ocupar una de las tres vacantes en la Corte bonaerense. En 2009, el máximo Tribunal de Justicia provincial había confirmado la continuidad de la causa donde Pérez fue investigado por enriquecimiento ilícito. El caso fue cerrado meses después de ese pronunciamiento de la Corte. Pérez fue sobreseído por Guillermo Atencio. El juez de Garantías N°1 de La Plata es citado en versiones que aluden a las visitas que Pérez habría efectuado a los contactos que mantiene activos en el Poder Judicial para anular la causa en contra de Julio “Chocolate” Rigau. Medida finalmente adoptada por Juan Benavides y Alejandro Villordo, jueces de la sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Mientras duró la investigación sobre su patrimonio, Pérez fue el jefe del bloque de diputados en la Legislatura del Frente para la Victoria. Fernando “El Chino” Navarro compartió bancada con él y fue su gran contradictor por orden del entonces presidente Néstor Kirchner.
Navarro renunció este mes a la conducción del Movimiento Evita para dedicarse a actividades vinculadas a la explotación del petróleo y el litio en la Argentina. Un anuncio que causó sorpresa a los viejos caciques sindicales, a los que adelantó su futuro empresarial. Sobre todo por la aparente asociación con el grupo Vila-Manzano en este emprendimiento. Otra probable metáfora argentina de la movilidad social asistida, en apariencias, con subsidios del Estado.
