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Moyano, la empatía de Cristina con el juez Villena
El apartamiento de Federico Villena de la causa por supuesto espionaje ilegal es un revés para Cristina Kirchner. La vicepresidenta se abrazó a la investigación del juez federal de Lomas de Zamora desde que la citó a declarar en su despacho. Una posición documentada por el video que filmó con su excursión al sur del conurbano. Lo que vuelve poco convincente el esmero del oficialismo para expresar cierto alivio con la decisión de recusarlo que dispuso la Cámara Federal de La Plata. Ese gesto de Cristina sigue siendo llamativo. Sobre todo si ya se dudaba de la fe de los conversos que el kirchnerismo atribuye a Villena por su vínculo con Silvia Majdalani, exsubdirectora de la AFI. La vicepresidenta confió en otros menos aparentes. Como el que se le adjudica al juez con Wado de Pedro. El ministro del Interior recluta voluntades para mantener bajo control al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Una jurisdicción estratégica en la tercera sección electoral, que incluye al distrito homónimo y a los de Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza. Importante por la provisión del servicio de justicia a más de dos millones de personas. Pero también por el nexo entre la Justicia bonaerense y la Federal para investigar delitos relacionados con el narcotráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal. El aeropuerto internacional, el predio de La Salada y la actividad de barras bravas de los clubes más importantes de la Capital, pero con domicilio en el conurbano y ligados además a otros emblemáticos de esa zona, configuran una compleja trama de relaciones de poder entrecruzadas que hacen muy codiciadas las vacantes en ese Departamento Judicial. Particularmente las de jueces y fiscales. Uno de los atractivos de esos cargos es la interlocución privilegiada con los intendentes.
Trasladada por la Cámara al juez federal Juan Pablo Augé, la causa conserva una debilidad de origen. Nada de lo que debe probar ocurrió en la jurisdicción de Lomas de Zamora
Trasladada por la Cámara al juez federal Juan Pablo Augé, la causa conserva una debilidad de origen. Nada de lo que debe probar ocurrió en la jurisdicción de Lomas de Zamora. La Cámara Federal porteña ya le había devuelto al juez Sebastián Ramos el tramo por el presunto atentado contra José Luis Vila. El fiscal Guillermo Marijuan insiste en que sea el destino del resto. La recusación sorprendió a Villena mientras intentaba corregir ese defecto. Había reclamado a la Sala N° 2 de la Cámara de Garantías y Apelaciones la causa por supuesta asociación ilícita de Pablo y Hugo Moyano con barras del club Atlético Independiente. Y a la jueza de Garantías N° 6, Laura Ninni, la incompetencia en otra por homicidio concretado por una banda narco que antes le había solicitado. Pretendía vincular con ambas a Facundo Melo, exdefensor de Pablo Moyano y Damián Lagaronne en la causa de Independiente.
Melo intentó, sin éxito, que Lagaronne no declarara como arrepentido en esa causa y sumara a su defensa a Víctor Hortel por recomendación de Daniel Llermanos. Hortel fue director del Servicio Penitenciario Federal y fundador de la agrupación Vatayón Militante. Llermanos es el histórico asesor judicial de los Moyano. Lagaronne y Pablo "Bebote" Álvarez lideraban la barra de Independiente. Son dos testigos principales contra los camioneros. Como exagentes de la AFI, Melo y Leandro Araque recusaron a Villena por haber dado cobertura legal a la vigilancia del Instituto Patria y de la vicepresidenta por la que ahora los investigaba. Al juez Roberto Lemos Arias le pareció razonable el argumento de parcialidad esgrimido por sus defensas para apartarlo. De modo paradójico, es la causa por la que Cristina empatizó con la actuación del juez.
Villena parece haber captado como nadie el espíritu de su inquietud. Que el poder institucional de la tercera sección sea reflejo del liderazgo electoral que la vicepresidenta tiene en ella. Es lo que está en juego en el juicio a los Moyano. Una condena en su contra pondría en duda esa posibilidad. Por eso Cristina avala la ofensiva contra Julio Conte Grand iniciada el año pasado por Eduardo De Lázzari y Víctor Violini. El entonces titular de la Corte bonaerense y el juez de Casación penal denunciaron a Vidal por promover "causas políticas" a través del procurador general en contra de los magistrados y fiscales que no aceptasen sus instrucciones. En una curiosa sincronía, fue el argumento repetido el 22 de junio por Pablo Moyano, Enrique Ferrari y Jorge Castillo.
Moyano lo hizo tras prestar declaración a Villena el mismo día que el fiscal general de Lomas de Zamora denunció a Conte Grand ante ese juez. La opinión del exrey de La Salada fue parte de la campaña a favor del pluralismo, de la tolerancia y de la diversidad que alientan Bernarda Llorente y Sergio Villarruel en la agencia Télam. Conte Grand pidió a la Corte bonaerense la suspensión de Ferrari por atribuirse facultades que no tiene para desplazar a sus adjuntos, Sebastián Scalera y Mirta Gianella. Tampoco para disolver la Unidad de Investigación contra el Crimen Organizado y Delitos Complejos conducida por el fiscal Pablo Rossi. Es decir, el equipo que investigó y tuvo a cargo el allanamiento de La Salada y la causa de los Moyano.
De lo que resuelva la Corte depende que se realice el deseo de Ferrari: que Florencia Belloq sea su adjunta. La fiscal de Ezeiza fue antes su secretaria y estableció un estrecho vínculo con Hernán "el Fantasma" Ávalos, un barra de Boca condenado a 8 años de prisión por coacción y extorsión a feriantes en La Salada. Belloq lo habría puesto sobre aviso de los operativos previstos en ese predio. Alejandro Granados quiere a Claudio Hasán en ese lugar. El también fiscal de Ezeiza satisfaría la expectativa de uno de los intendentes con mayor autonomía política. El tema es trascendente porque los tribunales de Lomas de Zamora podrían convertirse en motivo de auge para el capitalismo de amigos. El 18 de mayo el grupo Clear le hizo saber al juez Pablo Tejada su intención de participar en la licitación por la firma Oca.
Bajo la cara visible de Gonzalo Pedrozo y con actividad en recolección de residuos y negocios petroleros, Clear es propiedad de Emiliano y Nazareno, los hijos de Cristóbal López. En apariencia, una contradicción con el pedido de Ricardo Benedicto, Federico de Achával y Juan Castellano, sus socios en el negocio del juego: que no intervenga en operaciones comerciales vinculadas a la política. El regreso al poder de Ricardo Echegaray habría tentado a López. Al extitular de la AFIP se le atribuye haber asesorado a Cristina en el proyecto de expropiación de Vicentin, haciendo valer el rol del Estado como principal acreedor. Situación similar a la de Oca con la AFIP. El organismo de control fue decisivo en la maniobra que terminó con López en la cárcel. Facilitó los planes de pago a Oil después de que retuviese de forma irregular el impuesto a los combustibles (ITC.).
Las ofertas por Oca se realizarán entre el 27 de septiembre y el 28 de octubre. El grupo Campici confirmó su participación y desmintió hacerlo en nombre de Moyano. Aunque admitió buena relación con Camioneros. Por eso es comprensible que asuma el compromiso de no desprenderse de sus 7000 empleados. La mayoría, afiliada a ese gremio. Y la razón de buena parte del pasivo de Oca. Si gana, Campici impondría pasar de 200 a 60 delegados. Lo que exige la ley. La interpretación de cómo sujetarse a ella es motivo de conflicto permanente en el kirchnerismo. Pero es lo que a veces permite establecer empatías. Como la de Cristina con Villena gracias a Moyano.
