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Nadie desea estar lejos de Cristina
Axel Kicillof está confiado en obtener la candidatura a gobernador en las PASO. Se lo había adelantado a Francisco “Paco” Durañona antes que Cristina anunciara que no será candidata en 2023. El senador provincial insiste con definir en primarias las postulaciones a los principales cargos ejecutivos para que el Frente de Todos recupere el volumen electoral perdido en 2021 con relación al 2019. Dos millones y medio de votos. Más de la mitad en la provincia de Buenos Aires. Ese debate recobró vigencia la semana pasada.
La especulación es que Cristina no tomó por sorpresa al gobernador pero sí a los intendentes. Sobre todo a los que no pertenecen al selecto grupo de confianza de Cristina: Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Pablo Zurro (Pehuajó). Mario Secco se mantiene allí por Santiago Carreras, delegado de Máximo Kirchner en YPF con depósitos en Ensenada y a cuyas obras de mantenimiento se asocia al intendente.
La reacción tras el impacto de ese anuncio fue confiarle a Mendoza la redacción de un documento crítico con el Poder Judicial y los medios, enfocado especialmente en el grupo Clarín. Esa expresión de solidaridad fue el hecho más saliente del encuentro al que convocaron el miércoles por la noche en Cañuelas. Además de los embutidos obsequiados por la anfitriona, Marisa Fassi, se llevaron de allí una preocupación que se proyecta sobre esta eventual competencia.
Kicillof ajustaría la distribución de fondos a los municipios si la Corte Suprema le restituye a la ciudad el 1,18 por ciento de coparticipación federal que le había quitado el gobierno nacional para enviarlo a la provincia como refuerzo de partidas en Seguridad. Unos 200 mil millones de pesos. El temor a ser obligados a enrolarse con el gobernador para evitar represalias tiene por ahora el efecto de un poderoso ansiolítico que aplaca el mal ánimo que ya existe con él por el manejo de los recursos públicos.
Del mismo modo, la inversión en plazos fijos y bonos que los intendentes realizan con los supuestos ahorros del Presupuesto suscita debates en el kirchnerismo. Pero también entre los sindicalistas y gobernadores que el lunes escucharon en silencio la arenga de Kicillof a favor de Cristina en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Alberto Descalzo podría alcanzar en esos diálogos la dimensión de ícono. El intendente de Ituzaingó organizó la reunión de hace tres semanas donde sus pares le pidieron a Alberto Fernández fondos para pagar el aguinaldo. Pero también lideró la colecta para auxiliar a Sergio Massa con 10 mil millones de pesos con la compra de títulos públicos. Descalzo eligió a Ariel Sujarchuk para la misión suicida de pedirle a Julio Zamora que contribuya. El secretario de Economía del Conocimiento no tuvo que apelar a inmolarse a lo kamikaze. El intendente de Tigre lo despidió antes con cortesía. Zamora estuvo en Cañuelas. Tal vez por una confusión derivada de tantas licitaciones, en el Palacio de Hacienda creen que deberían incluir al intendente en el pliego de condiciones a exigir por Massa si es candidato.
Cerca del ministro se desentienden de una eventual alianza con Martín Insaurralde para no incordiar a Kicillof. Pero tampoco a Cristina. El jefe del Gabinete bonaerense y los intendentes más íntimos dudan que por ahora existan garantías para competir con el gobernador dentro de cierto marco de paridad. Descuentan que obtendrá el respaldo de Cristina y temen a la utilización del Tesoro para reclutar voluntades entre sus pares.
Lo más probable es que aguarden cerca de la vicepresidente la evolución de los acontecimientos. La mejor forma que conocen de llevar a la práctica la necesidad de organizarse que verbalizaron en Cañuelas. Traducido: esperar que la PASO sea una urgencia y hacer valer el peso de los municipios para recolectar votos. En tanto, mantendrán la adhesión pública a Cristina y la amenaza, siempre anónima, de guerrear contra el gobernador.
Alguien en Cañuelas lamentó la ausencia de Gabriel Katopodis. El ministro de Obras Públicas e intendente de San Martín dio por superado el enojo con Massa por despedir a Adrián Gamino. A quien hizo que Martín Guzmán designe director nacional de Defensa del Consumidor. Katopodis también aportó a la colecta. Sin embargo la noticia que conmovió a la reunión en Cañuelas difícilmente sea incluida en el documento que elabora Mendoza.
La Corte Suprema bonaerense oficializó la anulación de la condena a Gustavo Menéndez de dos años y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado. Una decisión adoptada el mediodía del 6 de diciembre. El intendente de Merlo fue condenado en 2018 por una denuncia presentada 11 años antes por su gestión como director de los casinos de Mar del Plata. La Corte tuvo que convocar a tres jueces del Tribunal de Casación Penal para resolver el voto dividido y empatado de sus cuatro miembros.
Su presidente, Hilda Kogan, y Daniel Soria, se pronunciaron por mantener la condena contra Menéndez. Luis Genoud y Sergio Torres votaron por anularla. Lo mismo que Daniel Carral y Ramón Maidana de la sala 1 del Tribunal de Casación. La mayoría de cuatro a favor de la absolución del intendente de Merlo hizo que no fuese necesario que se expida María Florencia Budiño de la sala 5. Los votos de Carral y Maidana eran previsibles.
Carral está vinculado a Justicia Legítima. El perfil de Maidana encaja con el de oficialista. En los Tribunales se lo apoda el boxeador. “Cuando escribe parece que lo hace con los guantes puestos.” Más sorpresivo resultó el de Torres. El único juez designado en la Corte durante el gobierno de Juntos. En apariencias, a instancias de Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari. Lo que en el Pro se conviene en denominar con dudosa gracia como “el servicio de Seguridad y de Justicia” de ese partido.
Una alusión al supuesto padrinazgo sobre Torres que seguirían ejerciendo los extitulares de esas carteras en el gobierno de María Eugenia Vidal. A Gustavo Soos se lo asocia a la estrategia judicial que logró la anulación del fallo. Un hito que lo rehabilitaría con Menéndez. El senador provincial también fue el autor intelectual de la que fracasó para apelar la condena durante el desarrollo de la causa. Soos actuó como abogado defensor.
No está claro que haya intervenido en las supuestas gestiones ante Ferrari y Ritondo, entrampado por la querella que inició en octubre contra Florencia Arietto, que lo acusó de estar vinculado a Hugo y Pablo Moyano mientras fueron directivos del club Independiente. Arietto declaró en la fiscalía N°30 en la Correccional y Criminal, luego que María Servini se declare incompetente para resolver la denuncia de Ritondo.
Arietto le pidió a la fiscal Marcela Sánchez que investigue el cruce de llamadas entre los Moyano y su abogado, Daniel Llermanos, con Ritondo y Marcelo Rochetti, su exasesor. Rochetti consiguió apartar a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa en la que se investiga a Claudio Scapolán.
La secretaría de Enjuiciamiento Permanente de Magistrados y Funcionarios bonaerenses rechazó anteayer todas las nulidades exigidas por el fiscal de Tigre, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. Esa Secretaría convocó para el 20 de diciembre a los miembros del jury para que resuelvan si se declaran competentes para avanzar en el juicio político contra Scapolán.
