Necesitamos hablar más del crimen de Lucio Dupuy

“A Lucio lo matan por ser varón, por odio al género opuesto porque, según ellas, interfería en la relación entre ellas”. De esa manera desgarradora se pronunciaba en las últimas horas Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, un niño cruelmente asesinado el 21 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Valenti y su pareja Abigaíl Páez, según aseguró la fiscal Verónica Ferrero.

El juicio llevado adelante en tribunales pampeanos cumplió con sus 18 jornadas pactadas y el próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia. El crimen de Lucio Dupuy se juzga en paralelo a otro homicidio sucedido hace tres años en Villa Gesell, el de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de jóvenes. Este juicio, el de Báez Sosa, consume casi toda la agenda informativa del verano, prácticamente, en lo que no tiene que ver con la política y la economía, sólo se habla del juicio que se lleva a cabo en Dolores. La demanda social está puesta mayoritariamente en ese tema, y no tanto en el crimen de Lucio, que tiene ribetes dolorosos cargados de crueldad y sadismo al punto que se nos hace increíble pensar que un niño de 5 años haya tenido que pasar por semejante calvario. Así se vio durante el proceso y así lo detalló su abuelo Ramón esta semana, aún absorto por el dolor de perder un nieto en esas terribles circunstancias: “La pregunta es qué es lo que no le hicieron, porque a Lucio lo vejaron. En el momento de matarlo le quebraron su cadera. Tiene muchas costillas quebradas, como así también la clavícula. Tiene sus genitales mordidos a punto de cortárselos y quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo. Mientras lo masacraban a palos, lo violaban”, dijo.

Podríamos encontrar algunas respuestas para entender por qué el juicio que busca aclarar el crimen de Báez Sosa acapara mayor atención que el de Lucio Dupuy. Una muy factible sería porque se trata de un homicidio a la salida de un boliche, donde una patota golpea a un joven hasta matarlo. Situaciones similares se viven casi todas las semanas en distintas zonas y en medio de salidas nocturnas con jóvenes como protagonistas, no todas terminan en crímenes, pero si en violentas golpizas, esto hace que el ciudadano común pueda sentir familiaridad con esa situación. Los hijos, sobrinos, nietos, salen a bailar y podrían enfrentarse a una situación similar a la de Fernando, entonces la empatía y solidaridad con su familia florece naturalmente. Más aún teniendo en cuenta el accionar desmedidamente violento de este grupo, a lo que habría que agregar un desinterés horripilante por la víctima luego de consumado el hecho.

Todo esto que convocó la atención pública de una gran mayoría es lo contrario a lo que sucedió con Lucio. Resulta inimaginable para cualquier madre pensar que alguien que tiene ese vínculo de amor maternal podría hacer algo tan sádico y cruel con su hijo de modo que lo ubica en una situación tan extrema como ajena a sus parámetros de vida. No visualiza en ese crimen algo que podría remotamente sucederle a alguien de su entorno familiar o social.

Pero existe otro debate detrás del homicidio de Lucio que sí debería interpelarnos, como es el comportamiento del estado a través de las fuerzas de seguridad y justicia que claramente falló en el caso Dupuy. Familiares de Lucio señalan que la madre tuvo prioridad para la justicia y la policía a pesar de las denuncias del padre y el tío sobre el comprobado maltrato que la pareja le infligía: “porque creían que el niño no iba a estar mejor con nadie que no sea la madre”, dicen, y declararon que la justicia no atendió su reclamo ni aun cuando vecinos denunciaron que Lucio era golpeado por su madre y su pareja, incluso deslizan que existió una discriminación hacia el padre y el tío malintencionada por un sesgo de perspectiva de género, que no debería existir en la justicia en un caso así, ya que se rompe el equilibrio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin importar su sexo, preferencia sexual o su autopercepción de género.

Uno de los reclamos sociales, que luego se transformaron paulatinamente en políticas públicas necesarias, vino de la mano de los movimientos que lucharon contra la violencia de género y por la igualdad de derechos, como el “Ni una menos”, todo lo logrado fue positivo, se sancionaron normas que establecieron derechos y responsabilidades del estado para resguardarlas. Esto hay que cuidarlo, y una buena manera de hacerlo es que esa traza no interfiera en las decisiones de la justicia. En los últimos días se escucharon algunas voces, pocas por cierto, que hablaban de “lesboodio”. Posicionarse en uno de los dos extremos serían un error imperdonable, tanto sumarse al odio a parejas lesbianas cómo si esa fuese la razón más determinante para que la mamá de Lucio y su pareja cometieran este delito salvaje o creer que son estigmatizadas por su elección sexual y por eso merecen un trato preferencial, es un simplismo que solo aportaría más confusión y animadversión para entender algo más complejo. Su preferencia sexual es absolutamente irrelevante para investigar un homicidio de estas características.

El Estado tiene esa responsabilidad y este gobierno la tiene aún más porque prioriza su mirada crítica sobre la justicia, pero solo la circunscribe a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a los Tribunales de Comodoro Py, allí es donde se tramitan los expedientes, denuncias y juicios que tienen que ver con la política, los políticos y funcionarios, sobre todo en causas ligadas a la corrupción pública. Es lo único que les interesa modificar, simplemente porque sería en su beneficio. El resto de la sociedad jamás pasará por alguno de esos estamentos judiciales, sí podrá hacerlo como víctima, denunciante o denunciado por el resto de los fueros, y es allí donde deberían prevalecer herramientas, capacitación y normas eficientes y cumplibles para garantizar un mejor servicio de justicia, para que un accionar correcto, y a tiempo en futuras situaciones similares, alcancen para evitar otro crimen inhumano, brutal e incomprensible como fue el que le costó la vida a Lucio Dupuy.