Nepotismo del más rancio

El caso de Natalia Obón, la pareja del senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Julio Cobos fue tema preponderante por su nombramiento sin concurso en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza . Con anterioridad, Obón había sido asesora del senador en el Congreso nacional, cargo al que renunció para su posterior nombramiento en la Cámara.

La designación causó polémica porque muchos consideraron que la candidata no cumplía con la experiencia requerida para el puesto toda vez que su graduación como abogada había ocurrido pocos meses atrás, tras cursar la carrera mediante la modalidad a distancia, y antes de dedicarse a las leyes había estudiado Nutrición.

La repercusión del escandaloso caso llevó a que Obón terminara declinando la posibilidad de asumir en el cargo para el que había sido designada. Lo hizo con una carta abierta en la que aseguró que se la había prejuzgado tanto en sus capacidades como en su experiencia: "Entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir por lo que he decidido declinar y no aplicar".

Fracasado el intento para designarla en la Cámara Federal mendocina, el senador Cobos volvió a nombrar a su pareja por medio de un procedimiento también por demás particular. En efecto, mediante la resolución 658/18 del 17 del corriente mes, el secretario administrativo del Senado la había dado de baja del cuerpo de asesores a partir del 20 de septiembre, y ese mismo día, habiendo ya ocurrido su renuncia, la resolución 665/18 dejó sin efecto la baja con efecto a partir de la fecha de emisión de la resolución 658/17. Es decir, Obón volvió a su mismo cargo de asesora en el Senado.

El caso es otro claro ejemplo de nepotismo, es decir, la predilección de algunos funcionarios en actividad por favorecer a familiares, allegados y amigos a la hora de contratar empleados estatales. Así, el individuo accede al empleo por su cercanía al gobernante o funcionario y no por su idoneidad o mérito.

Lamentablemente, la política ha dejado pasar una excelente ocasión para dar una señal que toda la sociedad espera: comenzar a bajar el costo exorbitante de la planta estatal. El caso de los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales es un claro ejemplo, pero no el único. Los poderes ejecutivos y judiciales en todos sus niveles también necesitan realizar un ejemplificador ajuste en sus filas. Los legisladores cuentan con un número importante de asesores, la mayoría de ellos rentados.

Sería deseable, como señal, que se limite hasta un máximo de tres el número de asesores para cada legislador, o que los partidos políticos representados en los diferentes bloques tengan cada uno un grupo de asesores para aconsejar a sus integrantes. Ha llegado el momento de la racionalidad y ejemplaridad en el sector público para dejar de gastar más de lo que ingresa a las arcas oficiales.