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No es solo el regreso a clases
La Argentina enfrenta hoy una crisis mayor que la que supuso el Covid-19. Se trata de la crisis educativa más grave de su historia reciente, que comenzó mucho antes de la pandemia y que se agravó con ella.
A fines de 2019, justo antes de la epidemia y a pesar de enormes esfuerzos y algunos avances, la realidad nos indicaba que la mayoría de los y las adolescentes no terminaba su educación obligatoria, sus aprendizajes eran mínimos (más del 50% tenía serios problemas de comprensión lectora) y la desigualdad educativa mostraba distorsiones extremas entre un alumno o alumna dependiendo de su cuna al nacer. Hoy, después de un año de pandemia, esta situación se ha agravado. El coronavirus generó una "catástrofe generacional" como la definió la ONU. Se produjo la mayor interrupción simultánea de servicios educativos presenciales de la historia y esta afectó a más de 90% de la población mundial de estudiantes (Unesco, 2020).
El impacto de esta interrupción en el mundo generó pérdidas de todo tipo. En septiembre pasado, The New York Times publicó una nota de investigación titulada "A medida que el Covid-19 cierra las escuelas, los niños del mundo van a trabajar", basándose en un informe de Naciones Unidas que estimaba que 24 millones de estudiantes dejarían la escuela. Asimismo, el profesor Fernando Reimers, de la Universidad de Educación de Harvard, explicó (en el Foro de Educar 2050 de mayo pasado) que la interrupción prolongada de los estudios provocaría una pérdida grave de conocimientos: "los estudiantes en EE.UU. pierden durante el período de suspensión por vacaciones el equivalente a un mes de aprendizaje".
En este escenario de colapso educativo mundial, la Argentina sumó características propias que hicieron que el impacto de la pandemia fuera aún mayor. Las escuelas cerraron en todo el territorio nacional el 16 de marzo y a fin de noviembre no habían podido regresar el 57% de los estudiantes del país (Cippec). Esto significa que aproximadamente 6.500.000 estudiantes no tuvieron clases presenciales en 2020 en un contexto donde la educación a distancia en gran medida se convirtió en distancia con la educación: más de mitad de los hogares no tuvo acceso a internet de buena calidad y el 53% no tuvo una computadora liberada para uso educativo (Evaluación Nacional, Ministerio Educación y Unicef Argentina).
A este delicado panorama debe sumarle el incremento en nuestro territorio del porcentaje de niñas, niños y jóvenes que han caído debajo de la línea de pobreza (más del 60% en esa situación). En este marco (y reitero, pese a los enormes esfuerzos de autoridades, docentes, alumnos y familias) las estimaciones de especialistas indican que habrá más de un millón de estudiantes que quedarán fuera del sistema, habrá pérdidas de aprendizaje y veremos un incremento en la vergonzante desigualdad educativa que ya padecíamos.
La trágica consecuencia es clara: los más vulnerables serán todavía más vulnerables. Esta "catástrofe" requiere aceptación y mutación. La dimensión de la crisis lo requiere. La Argentina no puede seguir haciendo más de lo mismo. De nada vale enfocar el tema solo como un regreso a clases presenciales. Se trata de definir qué clase de regreso necesitamos para que la educación de los argentinos sea el eje principal de una estrategia país. El regreso es un medio no un fin. La relevancia institucional que implica este desafío es proporcional a la jerarquía de derecho humano cuya garantía integral (originado nada menos que en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948) no respetamos. Tomemos conciencia, se trata del derecho a la educación, derecho fundamental, previsto en nuestra Constitución, madre de derechos sociales y pilar de la vida democrática y del desarrollo de la Nación. Este derecho requiere acciones y supone un catálogo de obligaciones del Estado Nacional, de las provincias y CABA, quienes tienen, como la Ley de Educación Nacional lo exige "la responsabilidad principal e indelegable" que hoy no están cumpliendo: "la de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho".
Pues bien, en ese marco, es obviamente indispensable que los y las estudiantes regresen a la escuela cuanto antes mejor, pero esto no es suficiente. Debemos aprovechar esta oportunidad para cambiar. La pandemia ha visibilizado la relevancia de la educación. Los argentinos hemos tomado conciencia de la importancia de la escuela, de sus maestros y maestras, de la necesidad de socialización y contención psicológica y emocional que ello supone, de la relevancia de la tecnología y especialmente, del valor del aprender. Aprender es más que educar. Hoy debemos dejar atrás cualquier debate ideológico para unirnos en un clamor sin color político: necesitamos un plan educativo integral, con metas claras en cada provincia, responsables, financiamiento e información periódica de sus logros que tome a este regreso presencial a las aulas como algo distinto. No estamos frente a un regreso más, debemos exigir un regreso con sentido histórico y un objetivo claro: el año 2021 debe ser el año de la educación, donde discutamos y logremos este plan educativo que se convierta en "prioridad nacional" y definamos una estrategia educativa país para hacer de una vez por todas, realidad lo que Ley 26.206 exige: "La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación".
No cumplir este mandato es quizás el mejor ejemplo de traicionar a la patria. Tomemos conciencia: en 2021, la educación es prioridad.
Presidente Educar 2050 y Secretario General de Reduca
