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No más estafas en el matrimonio
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LA NACION
La violencia contra la mujer es una cuestión que escapa a las partes y tiene trascendencia pública, pues el Estado se comprometió a erradicar esa violencia, como pilar fundamental para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos. De adverso, el Código Penal vigente establece que estarán exentos de responsabilidad criminal por las defraudaciones que recíprocamente se causaran los cónyuges (artículo 185).
Los fundamentos clásicos de esta norma son: 1) sustraer la injerencia estatal del ámbito de las relaciones conyugales; 2) salvaguardar el "decoro" familiar, y 3) que la seguridad general no se afecta porque todo queda en la intimidad, siendo innecesario el castigo. Estos fundamentos se presentan anacrónicos conforme a un análisis sociopolítico dinámico del sistema de valores y derechos de la sociedad moderna. Ya no es posible afirmar que la violencia de género intrafamiliar constituya un supuesto en el cual el Estado no deba intervenir.
Las convenciones internacionales para la protección de la mujer contra la violencia y la discriminación imponen a los Estados la obligación de asegurar a ambos cónyuges los mismos derechos en materia de propiedad y administración de bienes, porque es fundamental para alcanzar la independencia económica. En el ámbito nacional, y siguiendo los parámetros convencionales, la ley de protección integral a las mujeres enumeró, como ámbitos de protección, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.
De lo expuesto se deduce que un tipo de violencia contra la mujer es toda conducta que defraude los derechos patrimoniales y económicos de la mujer, dentro de una relación familiar y que, en general, esta violencia va acompañada de violencia psicológica. La defraudación limita la libertad psíquica de la víctima, quien ve restringida su capacidad de acción por el error que induce el sujeto activo valiéndose de la relación sentimental. El aprovechamiento de este vínculo conyugal para generar un vicio en la voluntad del sujeto pasivo es lo que torna más peligrosa y reprochable la conducta, y la hace merecedora de una sanción penal. En el caso de la mujer, la defraudación afecta su libertad de autodeterminación y constituye violencia de género.
El artículo 185 impide la debida sanción de los hechos calificados como violencia contra la mujer e implica la imposibilidad de investigar y efectuar el juicio correspondiente, por lo que tal excusa absolutoria contraviene expresamente las obligaciones asumidas por el Estado nacional. Resulta anacrónico sostener que los hechos calificados como violencia de género no causen alarma social. Cada hecho cometido en contra de una mujer perjudica al conjunto de mujeres que, desde hace varios años, interviene en la esfera pública para que se le reconozcan sus derechos en paridad de condiciones.
Los hechos que constituyen violencia contra la mujer deben salir a la luz, investigarse y sancionarse debidamente para evitar su repetición y continuar el cambio paradigmático al que aspira la sociedad, y lo ratificó el Estado en la buena compañía de la comunidad internacional. Esta es la posición que he sostenido en mi voto disidente en la sentencia CFCP, Sala IV, Reg. nº 2669/16.1 del 30/12/2016.
En este escenario debe resaltarse el proyecto de ley recientemente presentado por la senadora Norma H. Durango al Congreso (15/8/2018), en donde se propone derogar esta norma atento el aumento de las tasas de violencia contra la mujer y su repugnancia con cláusulas internacionales.
Juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Gustavo Hornos
LA NACION
