No volvamos a la ley de lemas

Alberto Ricardo Dalla Via
Alberto Ricardo Dalla Via PARA LA NACION
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25 de febrero de 2015  

Las elecciones presidenciales de este año presentan singularidades que van más allá de la confrontación política: se prenuncia una inconveniente dispersión electoral en algunas provincias, con el retorno de antiguos fantasmas como las "leyes de lemas". Es una tendencia que genera prevenciones en materia de participación política y legitimidad del sufragio.

La separación de fechas de elecciones en varios distritos obligará a los ciudadanos a tener que concurrir a sufragar en diversas oportunidades y con sistemas distintos de votación en el orden local y el orden federal. Además se aplicarán modalidades diferentes en materia de selección de candidaturas y de escrutinio que impactarán en la capacitación de las autoridades de mesa, así como en el financiamiento de los comicios.

Durante el proceso electoral del año 2005, se produjo una situación similar que motivó la fijación de una fecha fija por parte del Congreso de la Nación, a la que las provincias adhirieron. El problema está en que tal acatamiento no es obligatorio, sino que depende de las lealtades partidarias y de las estrategias electorales a la hora de "despegarse" de las elecciones nacionales y del sistema de boletas.

En ese sentido, enciende una luz roja la intención de algunas provincias -entre las que se encuentran Santa Cruz, Formosa y Misiones, y a las que podrían agregarse otras- de restablecer el vetusto y desprestigiado sistema de "lemas", o de "doble voto simultáneo", consistente en realizar una sola elección, interna y general al mismo tiempo, toda vez que las distintas agrupaciones políticas presentan "sublemas" que después se computan por "lema" o agrupación política.

Su consecuencia conocida es que no necesariamente gana el candidato que sumó más votos, sino la agrupación política que acumula mejor suma de sublemas, con lo que se afecta así gravemente el principio de igualdad del sufragio, resguardado en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos y ratificados por nuestro país.

Las leyes de lemas fueron muy cuestionadas y derogadas en las provincias que las practicaban, con notorias distorsiones institucionales, como ocurrió en Santa Fe, Tucumán, Chubut y hasta en la República Oriental del Uruguay. En la vecina orilla, fue reemplazada por las internas abiertas, obligatorias y simultáneas para las elecciones presidenciales, sistema también adoptado por nuestro país en 2009. Por ende, resultan regresivas, además de incoherentes e inconvenientes, las leyes provinciales que se propugnan.

Se trata de una versión mal entendida de federalismo electoral, que en realidad se parece a una innecesaria "balcanización" del sistema político. Es hora de una profunda reflexión por parte del Congreso que debería discutir seriamente las reglas de juego durante los años no electorales para evitar estos forzamientos del sistema, originados en el interés de los actores locales de escapar de las boletas sábanas.

En los demás países federales de nuestro continente -Brasil, México y los Estados Unidos-, las elecciones se unifican; en Estados Unidos, el segundo martes de noviembre, cada dos años, se realiza la elección para todos los cargos, federales y locales.

El principal argumento en ese sentido es que en los sistemas federales, a diferencia de las confederaciones, la soberanía pertenece al pueblo de LA NACION, de modo que la condición de ciudadano es igual en todas las provincias (art. 8° Const. Nac.). Los derechos políticos gozan de un mismo estándar, conforme lo establecen los arts. 37 y 38 de nuestra Constitución y el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca asegurar los principios de igualdad y de equidad en la competencia.

También ésa ha sido la regla entre nosotros desde la sanción de la ley 8871 de sufragio universal, secreto y obligatorio de 1912, conocida como "ley Sáenz Peña", de forma tal que, desde entonces, se encomendó la confección de un registro electoral único que actualmente está a cargo de la Justicia Nacional Electoral, se estableció un régimen de simultaneidad de elecciones y se previeron las Juntas Electorales Nacionales, presididas por los presidentes de las Cámaras Federales en las provincias, e integradas por los jueces electorales y los presidentes de los Superiores Tribunales Provinciales con el fin de asegurar una adecuada coordinación entre las competencias de la Nación y de las provincias.

Por su parte, se propuso un estudio para la implementación del sistema de boleta única en el que la sociedad civil y muchos referentes políticos se mostraron de acuerdo y sobre el que la propia Cámara Nacional Electoral se pronunció en una acordada, pero sobre el que no parece haber interés en discutir. Por el contrario, al complejo sistema de boletas de papel, deberán agregarse ahora las secciones correspondientes a los parlamentarios del Mercosur.

En lugar de discutir aquello que importa, se introducen en cambio nuevos experimentos que tienen como única visión la estrategia electoral inmediata. Como hemos señalado con insistencia, las reglas electorales son de política "arquitectónica" y deben poner mayor atención en el interés de los ciudadanos electores, que en el exclusivo interés de los competidores en la contienda, a quienes sólo parece preocupar la dimensión agonal de ésta.

Afortunadamente, nuestros conciudadanos siguen confiando en la democracia como único sistema posible para la realización de la libertad y de la igualdad, y siguen concurriendo a las urnas con la renovada esperanza de hacer sentir su voz y expresar sus preferencias. Debemos asegurar que sea bajo reglas de juego creíbles y confiables para todos. La realidad del sistema político subyace en un sistema de creencias compartidas.

El autor es vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral y académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas

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