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Nosotros o ellos
Eduardo Fidanza Para LA NACION
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¿Por qué nuestros dirigentes escriben o dicen "o" cuando acaso sería mejor escribir o decir "y"? ¿Qué los lleva a elegir la conjunción disyuntiva en lugar de la copulativa? La exclusión en lugar de la inclusión. La sintaxis, enseñan los lingüistas, estudia la ordenación de las palabras en un discurso. Pero las palabras no son inocentes y menos aún, cuando nos referimos a discursos políticos o económicos con los que se dirimen relaciones de poder.
Me inclino por el realismo: la elite dirigente elige y ordena las palabras según los intereses (materiales e ideales) que defiende, condicionada por la experiencia histórica y por las costumbres que comparte su cultura. Una sociedad atravesada por una lucha nunca resuelta entre facciones construirá sus discursos con una terminología muy distinta que otra acostumbrada a pactar y conciliar.
¿Estamos los argentinos más cerca de la conciliación o de la oposición discursiva? En nuestra historia encontraremos muchas disyunciones acompañadas por el léxico de la imposición violenta. "Unitarios o federales", "Perón o muerte" son locuciones destinadas a desalojar por la fuerza de su lugar al que opone su voluntad a la nuestra. Bajo otras formas, felizmente alejadas de la violencia física, la propensión a excluir al otro se perpetúa en la democracia.
El historiador Tulio Halperín Donghi ha escrito que el rasgo característico de nuestra vida política es "la recíproca denegación de legitimidad de las fuerzas que en ella se enfrentan". Negar legitimidad significa invalidar las razones de existencia del adversario, desconocer su respetabilidad y derecho, convertirlo en un enemigo y tratar de destruirlo.
Pero la tendencia a disociar, a usar "o" en lugar de "y", tiene otro efecto, menos evidente, pero más dañino y perdurable: conduce a plantear los problemas del país bajo la forma de opciones binarias que no admiten mediación. En sentido abstracto, esta conducta constituye un error de nuestra sintaxis política, en el que la clase dirigente recae, sin remedio, desde hace dos siglos. En términos concretos, es la coartada para imponer la totalidad de los intereses de una facción sobre la otra, en un juego demoledor que no cesa.
Como reacción ante este modo de pensar y vivir faccioso, ha surgido un contradiscurso voluntarista, políticamente correcto, que periódicamente llama a terminar con las "falsas antinomias". Es una difusa apelación al deber ser, cuya buena intención se estrella contra la dureza de las conductas regidas antes por intereses férreos que por valores éticos. Los valores son una meta irrenunciable, pero es necesario confrontarlos con las evidencias del realismo político.
Los padres fundadores de la Argentina moderna sabían algo de esto cuando discutieron sin amabilidad las alternativas que se le presentaban al país. Eran a la vez visionarios y realistas. Buscaban una base material y un armazón institucional para dejar atrás la dictadura e inventar una nación donde había un desierto, para usar la metáfora de Halperín Donghi.
Juan Bautista Alberdi, al referirse a la vocación política de las constituciones, escribió que éstas están llamadas a contemporizar entre intereses contradictorios para combinarlos con prudencia y del mejor modo posible, para atender al progreso de la Nación. Ejemplificaba con la constitución de los Estados Unidos, que para él no era un producto de la abstracción y de la teoría, sino "un pacto político dictado por la necesidad de conciliar hechos, intereses y tendencias opuestas por ciertos puntos, y conexas y análogas por otros". Las constituciones anglosajonas, recordaba, no son más que "tratados de paz entre intereses contrarios".
A diferencia de la visión de Alberdi, los intereses sectoriales prevalecieron sobre el interés general. La constitución formal invocaba el consenso; la acción real lo desmentía. El texto verdadero era "nosotros o ellos", no "nosotros y ellos". Esta falla estructural en la construcción de la Argentina comprometió la resolución progresista de puntos clave de su perfil como nación. Todo fue motivo de disputa. El resultado contable es el estancamiento de los indicadores económicos, sociales y políticos; el resultado cultural, la pérdida del sentido de nación, más allá de las consignas y las pasiones deportivas.
Entre tantas, señalaré cinco disyunciones espurias, pero funcionales a un conflicto de intereses en el que nadie parece dispuesto a ceder. Estimo que son centrales. La primera es la separación entre la memoria y la historia. Atravesamos tiempos de apelación a la memoria. Está bien: para un país que vivió atrocidades, recordar es una obligación. Sin embargo, si sesgamos la memoria y abusamos de ella, obturamos la narración histórica. La historia de una nación necesita una memoria equilibrada: es un relato tenso e inconcluso, pero pretende contener el conjunto de intereses, problemas y logros de sus protagonistas.
La segunda disyunción es entre la competencia y el consenso. La competencia resulta indispensable, porque sin ella no existe alternancia política ni progreso material. Pero si se exacerba, termina hipertrofiándose, abarcándolo todo. Entonces el consenso, que es la instancia para resolver los problemas comunes -aquellos que están más allá del rédito económico y político inmediato- queda sofocado. La clase dirigente argentina no quiere detenerse a considerar cuestiones de interés general. La alternancia natural de la competencia y el consenso no le interesa. Cada uno va a lo suyo. Así desfallecen las instituciones y los bienes públicos. Prevalece el interés del poderoso de turno.
La tercera disyunción es entre el Estado y la iniciativa privada. En la Argentina se le asigna al Estado el rol de asegurar la distribución justa de la riqueza, mientras se sospecha de la iniciativa privada porque se entiende que atenta contra ese objetivo. Al no querer plantear juntos ambos términos, nuestros dirigentes desechan una evidencia histórica de la democracia capitalista, a pesar de vacilaciones y retrocesos: es el desarrollo económico, impulsado por la iniciativa privada y supervisado con sensatez por el Estado, el que torna más probable una distribución equitativa del ingreso. Enarbolar espasmódicamente al Estado o al mercado como premisas de la salvación nacional ha tenido pésimos resultados, pero ninguno de sus mentores ocasionales quiere reconocerlo.
La cuarta disyunción separa el interés nacional de la apertura al mundo. Esta es una vieja consigna del populismo, que le atribuye al extranjero malas intenciones. Lo popular es nacional, por tanto autárquico y contradictorio con el mundo exterior. Pero existe la versión contraria: sólo de afuera vendrá la salvación, las relaciones carnales nos convienen. Del rechazo a la entrega sexual ha ido el país en los últimos años en materia de política internacional. Otra vez: imposible conjugar los términos. Si es uno no puede ser el otro.
Por último, nuestra clase política, con el acuerdo y el aliento tácito de los grupos económicos que crecen a la sombra del poder, no ha querido distinguir y reconciliar gobierno y administración pública. Llegar al gobierno equivale a apropiarse del Estado. No se le reconoce a éste autonomía. Conocemos las consecuencias: no existe auditoría estatal rigurosa de los actos del Ejecutivo. El gobierno abusa de las provincias. Se manipulan en provecho propio cuestiones que merecen consideración del Estado.
¿Qué origina estas conductas destructivas? Se ha señalado una singularidad argentina que acaso las facilite: la oscilación extrema de los ciclos económico y político provoca, en lapsos cortos, transferencias brutales de poder de un sector a otro. Al ritmo maníaco depresivo que impone la realidad, el poder que poseía hasta ayer, ahora lo tiene mi competidor. Cuando yo lo tuve, quise sacarlo del juego y quedarme con toda la utilidad. Ahora él intentará hacer lo mismo conmigo. El tiempo que tengo para favorecerme es breve: debo prevalecer y optimizar mi rentabilidad (política o económica) en el corto plazo.
El resultado de esta cultura es el tan mentado juego de suma cero. La clase dirigente argentina lo jugó durante demasiado tiempo. Y se ha valido para eso de una sintaxis perversa: separar los términos en lugar de unirlos. Las consecuencias son devastadoras y, tal vez, nos hallemos en el límite de lo que se puede soportar.
¿Cómo se sale de este laberinto? ¿Qué podría hacer que nuestros dirigentes entraran en la edad de la razón? Se me ocurren dos salidas. La primera es trágica: una nueva crisis como la de principio de siglo. La segunda es dramática: un severo conflicto en el que sectores lúcidos y dinámicos de la economía y de la política, a los que no les conviene la entropía, prevalezcan sobre la rapiña.
En cualquier caso, debería haber una pérdida pareja y generalizada de poder. El consenso en el que pienso no es el resultado de la fortaleza moral y de la lucidez de cada sector, sino, paradójicamente, de la conciencia de su propia debilidad. Hasta que cada factor de poder no pierda la creencia de que está en condiciones de hacer capitular a su adversario, acaso no se sentará a la mesa de las negociaciones.
