Otra vez la Corte Suprema va al sastre
Parece ser que aquel proverbio del general que dice que para mandar un tema político al muere basta con crear una comisión, en realidad no se le ocurrió al general sino a Napoleón, quien a su vez se habría inspirado en una idea de Juana de Arco. Poco importa. Prendió, no porque Perón lo recitara con voz socarrona, magnetismo histriónico y la clásica sonrisa símil Alberto Sordi sino porque el proverbio encaja al dedillo en el paisaje local, ornamentado con comisiones investigadoras y comisiones asesoras, honorables comisiones creadas para desagotar a quienes se aparecen con urgencias republicanas y ansias resolutivas perturbadoras para el poder. De paso, sirve para repartir empleo en la clase política.
Algunas bicamerales "de seguimiento", como la de los atentados o la de "fiscalización" de los servicios de inteligencia (parece un chiste), siguen asuntos a los que nunca alcanzan. Arquetipos de dilación institucionalizada. Hubo comisiones transitorias que se extinguieron a mitad de camino entre el fracaso y el olvido. Desde luego, hay excepciones. La más destacada fue la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la famosa Conadep, a cuya eficiencia, sin embargo, el peronismo no llegó a contribuir, justo esa se negó a integrarla.
Ahora mismo está en el centro del escenario una comisión asesora que asesora de verdad, la de infectólogos y epidemiólogos creada hace dos meses para asesorar al presidente Alberto Fernández. No se le dice comisión sino comité (palabra que, como la palabra consejo, combina mejor con la palabra expertos).
Precisamente con el eco positivo del Comité de Expertos del coronavirus (no hace falta que a uno le guste la cuarentena para advertir la seriedad científica, apartidaría, de estos asesores calificados), Fernández acaba de anunciar, entrevistado en C5N, que se creará un consejo consultivo para que estudie si conviene o no agrandar la Corte Suprema. Eligió un momento raro para el anuncio. El Poder Judicial se encuentra parado.
Estamos en presencia de un tercer modelo de comisión, consejo o comité. Su propósito no puede ser mandar el asunto a una vía muerta porque acá no hay una demanda conocida (ampliar el número de miembros de la Corte más bien sería una fantasía del oficialismo que quiere dar vuelta la Justicia). Tampoco serviría para informar o capacitar técnicamente al Presidente tal como los médicos. No hace falta. Fernández es abogado, profesor de derecho, hijo de un juez y, además, él mismo ratificó anteanoche, al anunciar la buena nueva, que del tema sabe y que piensa sumar su opinión ("yo creo humildemente saber algo", fueron sus textuales palabras cuando hablaba del tamaño de la Corte). En realidad su opinión la adelantó también en la entrevista: explicó que para él no hace falta aumentar el número de miembros, pero quiere "escuchar a los expertos".
¿Por qué un presidente que asegura conocer el tema crea una comisión para que estudie una medida que en su opinión no conviene tomar? ¿Podrían también crearse acaso otras comisiones para estudiar cosas tales como la posibilidad de otorgarles indultos a los procesados por corrupción o para ver si no convendría aislar al país del resto del mundo, por citar otras cosas con las que el Presidente manifiesta cada tanto no estar de acuerdo?
Una comisión del tercer tipo sirve en todo caso para convalidar decisiones que no se quieren asumir como propias. O, en el caso de la peculiar coalición de facciones peronistas que nos gobierna, como propias de Cristina Kirchner.
No parecería verosímil la hipótesis de que Fernández creará esta comisión para entretener a su vicepresidenta con jueguitos de pelota. Conmigo no, le diría ella parafraseando a Beatriz Sarlo en el programa televisivo 6, 7, 8. Se sabe, ella no sólo se quiere llevar puesta a la Corte (su abogada, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, viene de blandir la palabra sangre para reforzar un planteo estrafalario que supuestamente la Corte le demoraba) sino que sueña con "un nuevo contrato social". Quién sabe qué cosa signifique eso para la autora de la plegaria "vamos por todo". Sólo se pueden atar cabos.
"A mí nadie me va a convencer de que hay que reformar la Constitución", repitió Alberto Fernández varias veces. Hordas reclamando una reforma constitucional no se ven. ¿Quién querrá convencer al Presidente de reformar la Constitución? ¿La promotora del nuevo contrato social? No extrañaría que fuera, también, propulsora de una Corte con gente propia, jueces puestos por ella, para lo cual primero hay que crear las vacantes. Y eso se resuelve simplemente con una ley, no haría falta (aún) llamar a votar a una asamblea constituyente. La comisión de expertos le daría lustre al proyecto ampliatorio. Habría que escoger, eso sí, expertos que demuestren que las cortes funcionan mucho mejor cuando tienen nueve miembros, acaso once. Y con trece ya son un violín. ¿Diecinueve propondría Eugenio Zaffaroni? Argumentos siempre hay: una corte más grande -podrían decir- permitiría crear salas, descongestionar, elevar la calidad doctrinaria de las sentencias, incorporar más mujeres (ahora hay una), agregar especialidades del derecho, incluso sumar algún opositor (aunque no sea elegante decirlo, hoy son cuatro jueces peronistas y uno radical).
El agrandamiento y encogimiento de la Corte hace mucho que es un asunto político. Dejó de ser un tema técnico del derecho, quizás, cuando Yrigoyen, un día antes de su derrocamiento, nombró presidente de la Corte a su adversario José Figueroa Alcorta y éste devino coautor de la doctrina que reconoció a los gobiernos de facto como legítimos. O tal vez cuando Perón en 1947 echó a la Corte histórica (menos un juez) mediante juicio político y armó una corte mansa.
Es extraño que a esta altura el tamaño de la Corte necesite ser consultado con expertos. Experto viene del latín, expertus: que tiene experiencia. Justo lo que en la Argentina sobra: la Corte ya fue small, medium y large (faltaría extralarge). Tuvimos corte y confección. Tribunales supremos acondicionados a gusto de la Casa Rosada, alta costura que alcanzó el cenit en 1990 cuando otro gobierno peronista, el de Menem, elevó el número de miembros a nueve para poder gozar de lo que se llamaría Corte automática. Ese diseño lo desmontó el siguiente gobierno peronista electo. En 2006, cuando la Corte venía funcionando con siete miembros, una senadora muy importante, de argumentaciones fervorosas, fue la autora del proyecto que redujo otra vez a cinco el cuerpo y que diseñó un sistema de transición biológico ante la imposibilidad de remover a los dos que sobraban. La senadora era Cristina Kirchner, en ese momento también primera dama.
Frondizi, es cierto, en 1960 había subido de los tradicionales cinco a siete la cantidad de jueces (Onganía la volvió a achicar), sin que se verificara ni una disminución de los tiempos procesales ni un aumento de la calidad doctrinaria. La relación de la Corte con la Casa Rosada hasta el golpe de 1962 resultó, como todo en la época, sumamente compleja. Fueron los Kirchner quienes mejor pusieron en evidencia que, por lo menos bajo gobiernos peronistas, agrandar la Corte significaba someterla, no otra cosa. Huelga aclarar que en 2006 Cristina Kirchner no tenía con la Justicia la relación personal que tiene hoy, como multiprocesada y acusada en un juicio oral.
Y ahí está la madre de todos los problemas. Nadie discute que hay que mejorar la Justicia. Habrá que ver si una apariencia técnica de las reformas, una Corte a medida, no busca camuflar beneficios individuales concretos.
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