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Otra vez las desmesuras, otra vez la recaída
Los excesos de un gobierno que avanzó sobre la Justicia y el periodismo, descuidó la inflación, castigó las exportaciones y agravó el déficit fiscal obligan a pensar el voto para que el país retome el camino de la racionalidad
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Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina inició un largo camino de retraso económico respecto de los países desarrollados y de otros más parecidos al nuestro. La caída se profundizó a partir de 1975, cuando, en medio de una gran violencia política, nos internamos en una altísima inflación que derivó en la híper de 1989-90 y en un derrumbe del 22,8% del PBI por habitante en esos 15 años. Desde allí, pese a la grave crisis de 2001-02, nuestro retroceso relativo cesó durante dos décadas y abrió esperanzas –a la larga vanas– porque, no obstante un marco externo todavía propicio, desde 2011 la Argentina volvió a las andadas, al retraso.
Al terminar 2015, nuestro producto per cápita habrá caído un 1% desde 2011: cuatro años perdidos. No fue culpa del mundo, como pretende el relato oficial, porque según el FMI hubo en ese período 169 países de un total de 189 a los que les fue mejor. Tampoco es una conspiración del FMI, porque éste ha usado cifras del Indec, pese a que su calidad es puesta en dudas por estudios alternativos serios, como el de Arklems, que muestra una caída del PBI por habitante del orden del 5% entre 2011 y 2015. En el mismo lapso el nivel de vida de los países desarrollados aumentó 5,8% y el de los emergentes, un 14,3%. Hemos logrado así la hazaña de que en sólo cuatro años nuestro nivel de vida cayera entre 15% y 20% respecto de los países emergentes.
En nuestras investigaciones comparamos el desempeño económico de la Argentina, entre 1875 y 2011, con los de Brasil, Chile, Uruguay y Nueva Zelanda, países que también vivieron épocas de retraso asociadas, como aquí, a altas inflaciones, proteccionismo desmedido y aperturas drásticas, grandes déficits fiscales, volatilidad de la economía y, salvo Nueva Zelanda, inestabilidad política y dictaduras. No obstante, su performance económica fue, a la larga, mejor que la argentina, y la razón es que nuestros errores han sido desmesurados. En la Grecia clásica llamaban "hibris" al exceso de confianza en sí mismo, la arrogancia y la pérdida del sentido de realidad que llevaban a transgredir los límites impuestos por los dioses, males aquí muy habituales y raíz quizás última de nuestras recurrentes exageraciones.
Estas lecturas de nuestra historia podrían habernos ayudado a no tropezar con la misma piedra, pero no fue así. Si algo caracteriza los años recientes es, precisamente, la desmesura. Sobresalen por su gravedad los intentos –sólo en parte exitosos– de doblegar al Poder Judicial y a la prensa independiente. En lo económico, el exceso más notorio fue recaer en la inflación, pese a nuestra pésima experiencia al respecto. El aumento de los precios al consumidor promedió 28,9% anual, lo que nos ubica terceros en el mundo, detrás de Venezuela y Sudán, y en otra galaxia respecto de la inflación de 5,7% de los países emergentes. La dolarización fue parcialmente contenida por el cepo cambiario, al costo de una recesión. Fue la tenaz persecución a las exportaciones, a la inversión y al crédito externo la que llevó a este cepo, desmesura propia de tiempos de guerra, y a otra mala costumbre nacional, el default de la deuda pública, esta vez parcial y con atenuantes, pero que pudo haberse evitado previendo el éxito judicial del reclamo de los holdouts. El gasto público subió, entre 2011 y 2015, de 31,7% a 39,8% del PBI, promedio superior al de los países desarrollados y muy por encima del 31,7% de los emergentes. La presión tributaria saltó de 29,8% a 37,5% del PBI, dinámica sólo superada por Myanmar. De lo dicho resultaron una pérdida de participación en el comercio mundial hasta caer 20% por debajo del máximo reciente de 1998 y un derrumbe de la inversión hasta el actual 17,1% del PBI, nivel muy insuficiente para crecer. Pero el peor resultado fue el deterioro de la situación social. Por la inflación y la caída de la tasa de empleo, la proporción de personas en situación de pobreza aumentó a 28,7%, como acaba de informar el valioso Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El tiempo electoral es propicio para preguntarse qué podría hacerse en pos de un desarrollo sostenible de la Argentina que nos aleje del retraso casi crónico. El eje central surge prístino de nuestra historia: evitar las desmesuras. La acción prioritaria es el respeto irrestricto del sistema de gobierno de la Constitución, no sólo en su vigente pero castigada cualidad representativa, sino también en la dimensión republicana –amenazada por el uso discrecional de poderes especiales, DNU y facultades delegadas, y por los aviesos intentos de doblegar la independencia del Poder Judicial– y en el régimen federal, hoy mutado en centralismo con vocación hegemónica, avasallador de las autonomías provinciales y municipales. La república demanda también reducir el imperio periodístico oficial y permitir un amplio acceso a información verdadera, hoy ausente no sólo en el Indec –vergüenza nacional sin precedente mundial–, sino también en otros ámbitos del Estado. En la economía debe dejarse de lado el populismo, con frecuencia disfrazado de progresismo, que a veces logra bienestar presente, pero a costa usuraria del futuro, sobre todo del de los más débiles. No se trata de mimetizarse con uno u otro país, pero en algunos sí podemos encontrar inspiración, sobre todo para entender que casi nunca sirve hacer lo que nadie o casi nadie hace. El ejemplo saliente es la inflación. Sólo otros cinco de 189 países nos acompañan con inflaciones superiores al 20% anual, mientras hay 171 países con menos del 10% que han entendido que la inflación es el más injusto de los impuestos, destruye el ahorro en moneda nacional, el crédito, el mercado de capitales y, tarde o temprano, también mutila el crecimiento. Para doblegarla, hay que restablecer políticas y resultados fiscales y monetarios sostenibles, en un contexto de crecimiento y de creación de empleo que permita reemplazar el empleo público redundante por empleo productivo. Si esto se acompaña con acuerdos entre gobierno, empresas y sindicatos la estabilización será más rápida y menos costosa.
Nuestro futuro tampoco se encontrará en el pasado. Ni en el modelo agroexportador, ni en la sustitución de importaciones de antes o de ahora, ni en las aperturas irrestrictas y con retraso cambiario. El siglo XXI demanda una estructura productiva diversificada, con tecnología avanzada en todos los sectores de la economía sensatamente integrados al mundo, sin gravámenes o trabas a las exportaciones, con un flujo normal de importaciones, la reconstrucción gradual de un mercado único de cambios, la rehabilitación de un Mercosur muy dañado y una búsqueda activa de acuerdos comerciales. La inversión debe aumentar sustancialmente para crecer y para crear empleos productivos, clave para superar la pobreza y construir la equidad, y ello requiere respetar y hacer respetar los contratos públicos o privados y una estructura tributaria sin exotismos ni distorsiones idiosincrásicas, genuinamente progresiva y amigable para producir e invertir. En materia de gastos y servicios públicos hay que dejar de considerar maldita la palabra "eficiencia", que, bien entendida, no es otra cosa que abaratar y universalizar el acceso a los bienes y servicios públicos. Todo esto permitiría un desarrollo territorial integrado, esencial para reavivar nuestro languideciente federalismo. Y es también condición necesaria para construir una sociedad sin pobreza ni exclusión, que dé lugar a la cultura del trabajo y de la empresa, con una distribución del ingreso más progresiva y que agregue a una creación sustancial de empleos productivos y el acceso universal a los bienes y servicios públicos una educación inclusiva sin desmedro de la calidad.
Cualquiera sea la mirada, la tarea por delante es ciclópea. En clave de conjetura, y también de desafío, encontramos dos factores cruciales. Uno es que la creciente incorporación de las jóvenes generaciones a los partidos políticos resulte en acuerdos en torno a cosas tan básicas y mesuradas como las mencionadas aquí. La otra es que ellas sean capaces de institucionalizar caminos de acceso a la función pública, a la magistratura y a la docencia que privilegien la idoneidad de los candidatos y no la adhesión, a veces incondicional, al gobernante de turno. En diversos campos la inventiva y el ingenio argentinos han logrado éxitos notables. ¿Por qué no podría ocurrir también en éstos?
Autores de En el país de las desmesuras (El Ateneo)
