Para que nunca más haya corrupción, justicia

Durante algunas campañas políticas del año pasado se escucharon propuestas para poner en funcionamiento una suerte de Nunca Más de la corrupción. La idea tenía una clara base moral. Parecía, y en mi opinión lo sigue siendo, necesaria una refundación de valores, pues no puede caber duda de que entre nuestro estancamiento como nación organizada y los altísimos niveles de corrupción que nos han distinguido por años existe una relación directa y palpable. Para decirlo más fácil, no hay manera de que un país, por más recursos que tenga, pueda realmente salir adelante, si sus gobernantes tienen por política buscar el permanente autoenriquecimiento.

Pero sin que esta propuesta haya perdido su valor ético, debe concederse que nadie imaginaba algunos meses atrás que el desparpajo de nuestros ex funcionarios y sus allegados directos llegara a niveles de tanta exposición como para hacer casi innecesaria la tarea de titánica reconstrucción de los hechos cumplidos, por ejemplo, a la manera de la Conadep de los años 80. Nadie imaginó así que la glotonería de José López y Lázaro Báez, por caso, quedaría tan expuesta, o que una joven a la que no se le conoce actividad laboral alguna pudiese ser fotografiada junto a, literalmente, millones de dólares. Sobre todo si tenemos en cuenta que sus padres, Néstor y Cristina Kirchner, desempeñaron cargos públicos durante muchísimos años, de manera que es impensable no unir esa descomunal cantidad de divisas a un caso de patente enriquecimiento ilícito.

Ahora bien, dado que las tareas de comprobación de estos supuestos de verdadero latrocinio en materia de obra pública, falta de pago de impuestos de beneficiarios de prebendas al estilo de Cristóbal López y enriquecimiento de personas próximas al poder resultan menos complejas de lo que podría haberse previsto, es necesario ahora dar un paso más para que la sociedad toda pueda asistir a la premisa básica cuando de la comisión de delitos se trata: la pronta celebración de juicios que permita separar culpables de inocentes y adjudicar las correspondientes penas.

Para ello será necesario pensar en una estrategia que parta de dos postulados básicos: lo ideal es enemigo de lo bueno, y la justicia lenta, se sabe, deja de ser justicia. Por ello es que nuestros fiscales hoy a cargo de investigaciones de corrupción deberían tomar inmediato contacto con aquellos de sus pares que actuarán en el posible juicio de los sospechados, para decidir ya mismo qué pruebas son las que se presentan como más sólidas. Dentro de esa misma estrategia, deberían dichos fiscales reclamar el dictado de decisiones de procesamiento respecto de aquellos sospechosos cuya culpabilidad se presente como más demostrable, aunque más no sea en función de determinados casos de corrupción bien identificables.

De nada sirve tener decenas de personas procesadas durante años si ninguna de ellas enfrentará efectivamente el juicio penal que determine en definitiva qué delito se cometió y quiénes son sus responsables. Por otro lado, es la Justicia la que, con observancia de las reglas que garantizan el derecho de defensa, debe adjudicar penas o absolver a aquellos a los que no se les haya podido comprobar una grave inconducta.

El periodismo, gracias a la tarea muy profesional de muchos de sus integrantes, ha hecho ya una tarea invalorable para que este Nunca Más de la corrupción haya podido dar sus primeros pasos. Ahora es el turno de los jueces para sentar en el banquillo a una serie de personas que, da la impresión, bastante tienen que responder por sus actos.

El autor es abogado constitucionalista