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Paracaídas de oro
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LA NACION
Muchas veces, desde estas columnas, hemos criticado con dureza el secretismo del Estado. Entre otras oportunidades, lo hemos hecho cuando el gobierno kirchnerista negó informar sobre el texto del acuerdo con el Club de París. También, cuando se restringieron al conocimiento público -incluido el Congreso de la Nación- las cláusulas del convenio con Chevron, situación ahora aceptada por el gobierno actual en un cambio de actitud no exento de polémica. Hemos dicho con énfasis que era inadmisible que los argentinos no pudiéramos saber a cuánto ascendía el sueldo del presidente de YPF, en aquel entonces, Miguel Galuccio. Y hemos criticado con vehemencia la falta de una ley de acceso a la información pública, instrumento fundamental para el control ciudadano de los actos de gobierno.
Hace pocas horas, hemos podido tomar conocimiento de que la salida de Galuccio de esa empresa ha costado 72 millones de pesos por la cláusula contractual conocida como golden parachute (paracaídas de oro), que incluye la indemnización por su alejamiento, el pago de salarios y otras deudas.
Fue posible acceder al monto de esa remuneración porque figura en el acta de la asamblea de accionistas realizada en la sede de la compañía a fines del mes último y en la que se designó a Miguel Ángel Gutiérrez como el nuevo presidente, mientras que Daniel González, actual CEO de la petrolera, continuará como gerente general interino hasta que YPF decida quién sucederá a Galuccio.
La indemnización otorgada es extraordinariamente alta. Si bien puede aducirse que esos montos son usuales en posiciones de ese nivel y, especialmente, cuando se ofrece a personas que desempeñaban un cargo igual o mayor, por lo que se presume que están resignando un mejor pago para hacer frente a un nuevo proyecto, resulta irritante que sea una empresa con participación mayoritaria estatal la que hace frente a esos altísimos costos . No estamos hablando de ilegalidad, sino de una discrecionalidad exasperante en un país que debe mostrar austeridad y no despilfarro. Paralelamente, quedan por conocerse cláusulas de ese convenio que es muy probable que deriven en nuevos escándalos.
De aquella asamblea, trascendió que incluso Galuccio -cuyo nombre le fue propuesto a la ex presidenta Cristina Kirchner por el controvertido dirigente Sergio Urribarri- pudo haber reclamado más dinero a raíz del generosísimo contrato que suscribió durante el gobierno anterior, tras haberse quedado el Estado argentino con el 51% de las acciones de la empresa, en abril de 2012.
El debate sobre cuál debe ser hoy el sueldo del gerente general de una firma de las características de YPF no debe ser menospreciado por las nuevas autoridades gubernamentales. En un Estado quebrado, esas cifras mueven a indignación. Ello, reiteramos, debería ser analizado con independencia de lo que puedan recibir ejecutivos del mismo rango pero en países y empresas solventes que también cotizan en bolsas internacionales.
Defendemos, como siempre, las prácticas del mercado, pero cabe preguntarse si el Estado argentino, como accionista mayoritario de YPF, está en condiciones de pagar hoy semejantes montos.
Si desde lo más alto del poder se pregona austeridad, sería bueno dar el ejemplo y que el esfuerzo por ajustar las cuentas no se exija a algunos sectores en detrimento de otros. Un contrato puede ser legal, pero también inmoral. El de Galuccio, claramente, tuvo esta última característica.
LA NACION
