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Penurias y “daños colaterales” en el país de los piquetes
Los piquetes suelen verse desde un dron. Las imágenes de los puentes, las autopistas o las calles cortadas son, en general, imágenes panorámicas; tal vez, algo lejanas. Pero si las cámaras achicaran el plano y captaran la escena dentro de un auto atascado en medio del bloqueo, se encontrarían –seguramente– con hombres y mujeres que atraviesan distintos estados de ánimo, desde la resignación hasta la impotencia; desde la paciencia hasta la taquicardia.
Esta última semana, los piquetes volvieron a alterar el ritmo cotidiano de millones de ciudadanos. La autopista La Plata-Buenos Aires estuvo cortada el lunes pasado durante casi diez horas por una protesta del transporte de larga distancia. El jueves, una masiva marcha piquetera bloqueó el Puente Pueyrredón y luego la 9 de Julio. Los accesos a la ciudad quedaron colapsados. Todo forma parte de una crónica conocida. Pero detrás de esa noticia hay millones de “microhistorias” con nombre y apellido. Los protagonistas son padres y madres que no pudieron estar en la puerta del colegio a la hora que salían sus hijos; empleados que no llegaron a sus trabajos; pasajeros que perdieron un vuelo; maestros que no pudieron dar clase; pacientes que debieron cancelar un turno médico; comerciantes que tuvieron que bajar las persianas y perdieron un día de trabajo. Hay un entramado de “daños colaterales” que nadie contabiliza y en los que nadie parece reparar.
En lo que va del año, el total de cortes en todo el país fue de 3448. Son más de 20 por día, aunque, se sabe, la cifra es engañosa: los fines de semana no hay marchas ni piquetes. Pero ¿cuántas personas fueron víctimas de esos bloqueos? ¿Cuántos recursos “mueven” esas movilizaciones? ¿Cuánto pierde el sistema productivo por cada camión que se demora, cada entrega que no se hace a tiempo y cada trabajador que no llega a su trabajo? Son datos que nadie registra y que ni siquiera parecen importar.
El listado de “historias mínimas” detrás de los piquetes es infinito. En muchos casos, se trata solo de demoras, pero en otros, de pérdidas irreparables. ¿Quién indemniza a un padre que, atrapado en una autopista, no llega al nacimiento de su hijo? ¿Cómo se compensa a alumnos que pierden otro día de clases o a alguien que no llega a una entrevista de trabajo? ¿Cuánto vale el tiempo de los ciudadanos? En el imperio del piquete, ¿a quién le importan esas “pequeñeces”? Entre las víctimas hay que sumar –por supuesto– a los propios piqueteros: entre ellos hay madres que deben pasar horas de pie con sus hijos en brazos en días con temperaturas extremas; niños obligados a movilizarse en lugar de estar en una escuela o en un jardín de infantes. Son personas a las que “el sistema” no les reconoce la condición de ciudadanos; son rehenes de organizaciones y punteros, a los que se obliga a marchar para no perder el plan.
Detrás de esas imágenes que se repiten en los noticieros y los diarios, hay un Estado que declara su impotencia, pero que a la vez actúa con complicidad. Pero eso también es decir algo demasiado amplio: hay jueces y fiscales que miran para otro lado; hay funcionarios que se desentienden, y fuerzas de seguridad que convalidan, con pasividad, el delito de bloquear la libre circulación y aplicar distintos mecanismos extorsivos. Parece funcionar, en definitiva, un gran pacto de indiferencia.
Atrapado dentro de su auto, sin poder avanzar ni retroceder, un ciudadano hizo el lunes pasado un experimento: llamó al 911 (con la batería del celular casi agotada) y dio aviso de lo que estaba ocurriendo.
–Hay gente que en este momento impide la circulación en la autopista La Plata-Buenos Aires.
–Nosotros solo intervenimos en emergencias.
–Es que es una emergencia… No puedo llegar a mi trabajo.
–Con eso no podemos hacer nada…
–¿Y quién puede hacer algo, si no es la policía?”
–Le tengo que cortar porque puede haber una emergencia…
En un país que vive en emergencia, una autopista bloqueada ha dejado de serlo.
La desatención del reclamo ciudadano potencia el clima de crispación y el enojo social. Las víctimas de los piquetes ni siquiera encuentran comprensión de las fuerzas de seguridad; mucho menos de la política. Cualquiera que se queje o que pida explicaciones correrá el riesgo de ser sometido a alguna forma de destrato. Se baja la orden de no intervenir, ¿también la de no comprender?
Desde los despachos oficiales, los piquetes se miran por la ventana. Impera la doctrina de “no criminalizar la protesta”, que, en su lógica argumental, es tan peligrosa como aquella doctrina que proponía “criminalizar la militancia”. En un Estado de Derecho, los Poderes Ejecutivos no deberían ser los que deciden qué se “criminaliza” y qué no. Deberían garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, que –por cierto– no es optativo.
En esos autos, colectivos y camiones atrapados en medio de los bloqueos, la angustia no es solo por llegar tarde o no llegar. Es la angustia de vivir en un país donde uno sale todos los días a la calle sin saber con qué se va a encontrar; es la angustia de la incertidumbre y de lo imprevisible; es –en definitiva– la angustia de la anomia.
Algo de esto hay detrás de esa cifra que se conoció esta semana: 3448 piquetes en los primeros 161 días del año. Son números que no alcanzan a reflejar, en su real dimensión, un calvario cotidiano al que la Argentina ya parece resignada.
Por Luciano Román
