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Perú no es una opción realista
En el interminable debate sobre el régimen monetario más adecuado para la Argentina, es un lugar común invocar a Perú como ejemplo de que es posible tener una moneda nacional estable bajo un régimen bimonetario sin necesidad de una dolarización oficial. La evidencia en la que se basa esta recomendación es contundente: inflación anual de un dígito desde hace décadas y crédito en soles creciendo de manera sostenida a costa del dólar. A partir de estos datos inobjetables se extrae una conclusión aparentemente tranquilizadora: lo que ocurrió en Perú “perfectamente podría lograrse en la Argentina”.
Esta interpretación se basa en una confusión fundamental entre casualidad y causalidad. Quienes proponen “emular a Perú” presuponen, implícitamente, que, desde el punto de vista monetario, la Argentina y el Perú están donde están por casualidad, como si las trayectorias políticas e institucionales de ambos países en las últimas tres décadas fueran irrelevantes para explicar los resultados que obtuvieron en términos de inflación. En realidad, están donde están por causalidad. Es decir, una clara relación causa-efecto explica esos resultados. Mientras no se eliminen las causas profundas de la divergencia entre ambos países, pretender emular a Perú es voluntarismo ingenuo y peligroso.
El caso peruano suele presentarse como un proceso gradual y casi natural de fortalecimiento de la moneda local bajo un régimen en el que convive, y compite, supuestamente libremente, con el dólar. Esta narrativa omite un dato crucial: el marco institucional que permitió estabilizar la economía peruana surgió de un golpe de Estado (el “fujimorazo”). La Constitución de 1993, aún vigente, reconfiguró de manera drástica la relación entre el Poder Ejecutivo, el Banco Central y el financiamiento del gasto público. La estabilidad monetaria no emergió de la bimonetariedad, sino de una reforma constitucional que alteró los incentivos del Poder Ejecutivo, afianzó la independencia de jure del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y eliminó la posibilidad del financiamiento inflacionario. No hay que confundir causas y efectos.
La Argentina enfrenta un problema distinto y de carácter estructural: la anomia institucional crónica. Esta condición se explica en parte por una débil separación de poderes, a su vez consecuencia del régimen electoral de “lista sábana”, que diluye la independencia del Congreso, y por costumbres arraigadas desde la época colonial (como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”). En la Argentina “el imperio de la ley” no existe; hay leyes, pero no se cumplen, y, paradójicamente, el principal incumplidor es el Estado mismo. La política económica queda subordinada a las necesidades que impone la coyuntura. De ahí que la otra cara de la anomia institucional crónica sea la inconsistencia temporal crónica, es decir, la incapacidad de los gobiernos de cumplir las promesas que hacen.
Otro aspecto del caso peruano refuerza esta interpretación. Desde 2016 hasta hoy, ningún presidente electo logró completar su mandato. Paradójicamente, esto contribuyó a la independencia de facto del BCRP, cuyo presidente lleva casi un cuarto de siglo en el cargo. La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables.
Como anticipó Alberdi hace más de 150 años, en la Argentina las instituciones que protegen la estabilidad monetaria “serán una burla, mientras un gobierno banquero tenga el poder de hacerse prestar por fuerza”. Es decir, emitir pesos para financiar su afición por el gasto. Las políticas económicas del último cuarto de siglo reflejan la estructura de incentivos que enfrentaron quienes las adoptaron. No es que los políticos sean todos “malos”, sino que el sistema tiende a generar, y atraer, políticos “malos”: tienden a gastar de más, mal (baja productividad y niveles de corrupción altísimos) y de manera procíclica.
En la Argentina cuando el exceso de gasto público no puede financiarse con impuestos o con deuda colocada en los mercados de capitales internos o externos, inevitablemente se financia con inflación. Esa es la realidad argentina. El cóctel de incentivos estructurales al exceso de gasto público, pecado original (incapacidad de endeudarse a largo plazo en pesos) y anomia institucional crónica, inevitablemente genera inconsistencia temporal crónica, ergo, inestabilidad. Mientras persista este sistema, persistirán sus resultados. Si el sistema es “malo”, no hay régimen de política económica que funcione.
La mala costumbre de extrapolar a la Argentina teorías o instituciones desarrolladas para otros países y otros contextos históricos sin adaptarlas es otro de los problemas que anticipó Alberdi en un contexto parecido. “Los que escriben de bancos en Buenos Aires han estudiado esa materia en economistas europeos… aplican las ideas que han aprendido y leído en esos autores europeos, con un candor que ni les deja sospechar siquiera que el banco de Buenos Aires no tiene nada de común con los bancos de Ámsterdam, de Inglaterra y de Francia; y sus aplicaciones son de un carácter cómico tanto más gracioso cuanto es inconsciente y candoroso”. Se diría que son de carácter tragicómico, porque esta mala costumbre siempre ha llevado a malos resultados.
Lo que ha logrado el gobierno de Javier Milei en dos años de gestión es extraordinario desde muchos puntos de vista. Pero sería de una necedad absoluta no puntualizar los enormes desafíos que todavía enfrenta la Argentina. Los mercados creen, y quieren creer, en Milei. Sin embargo, no le creen a la Argentina porque no se olvidan de su historia. Puede ser que esta vez sea diferente, pero, por ahora, no están dispuestos a sostener esta suposición con grandes inversiones. Caso contrario, no se explica cómo el país que desde 2023 ha hecho el mayor ajuste fiscal de América Latina, haya cerrado 2025 con una prima de riesgo país solo superada por la de Bolivia y Venezuela y una tasa de inflación entre las más altas del planeta. Por ahora, los inversores no solo aceptan la discrecionalidad de la política monetaria y la subordinación del BCRA, sino que la justifican como una medida excepcional. Pero saben que la estabilidad requiere de reglas estrictas y, mientras perdure la anomia institucional, cualquier regla será poco efectiva.
Perú es un caso exitoso y digno de emulación, pero no es una opción realista para la Argentina. Pretender replicar de un día para el otro –o incluso de un año para el otro– los resultados de tres décadas de evolución política, económica e institucional es tomar un atajo que nos llevará nuevamente a un precipicio.
Profesor en la universidad Ucema y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso
Por Emilio Ocampo
Tipo de trabajo:
opinión
