¿Planes de empleo o empleo de planes?

La entrega de dinero público a cambio de una actividad comienza en el gobierno de Carlos Menem, con el crecimiento sostenido del desempleo en una sociedad que había gozado de pleno empleo por décadas. El denominado “Plan Trabajar” absorbió algunos miles de beneficiarios y fue reemplazado por el “Jefes y Jefas de Hogar” en el gobierno de Eduardo Duhalde. Otros programas similares solo cambiaron de nombre en los gobiernos siguientes hasta llegar al actual “Potenciar Trabajo”, con más de un millón de beneficiarios.

A diferencia de otros programas que otorgan dinero como la AUH o las pensiones donde no existe la administración permanente de intermediarios y se agotan en la transferencia monetaria a una cuenta bancaria, los programas que implican una contraprestación laboral están delegados a organizaciones cuya función debería ser escoger a los desempleados y darles una tarea a realizar, y aunque el dinero fluya del Estado directamente a los beneficiarios, la selección de quien recibe y a quien se le quita queda en manos de dichas organizaciones. Este hecho da al puñado de organizaciones que administran los beneficios de centenares de miles de personas, un poder significativo expresado en una capacidad de presión y negociación que vemos a diario manifestarse en forma conflictiva.

Ahora bien, ¿por qué el Estado no elimina esta intermediación? La razón principal es su incapacidad. Veamos: los programas con contraprestación laboral no pueden agotarse depositando solamente un dinero mensual, sino que implican otros recursos para poder realizar la labor: exigen un proyecto, insumos, liderazgo, seguimiento, evaluación; en síntesis, recursos adicionales y capacidad de gestión.

¿Podemos imaginar a este Estado generando proyectos productivos para más de un millón de personas? Organizar una actividad laboral para 50 personas ya es un trabajo bastante demandante y más aun desarrollarlo y lograr que dure en el tiempo. La respuesta es no. Y como el Estado no puede desarrollar esta tarea la delega en organizaciones de la sociedad civil.

Ahora bien, es sabido que los beneficiarios pertenecen a sectores sociales donde el nivel educativo es bajo. Es decir, la mayoría no terminó la educación media y muchos ni siquiera la primaria. Entonces, ¿qué labores (si las hay) desarrollan las personas con este escaso capital cultural? Si, además, las organizaciones administran miles de beneficios, ello hace dudar sobre su capacidad de gestión, Es muy probable que aquí estemos en una situación muy bien definida en México: “Ellos hacen como que trabajan y el Estado hace como que les paga”. El medio sueldo básico que reciben termina siendo en general un complemento para otras changas o en su enorme mayoría en actividades de bajísima productividad, cuando no sin contraprestación laboral alguna. Este es un campo bastante inexplorado para la academia y el periodismo de investigación y la observación de proyectos a partir de una muestra al azar de proyectos registrados, apuesto concluirían que no hay actividad alguna o, en general, pobres actividades para pobres.

Muchos opinan que así esto no puede seguir pero no es fácil encontrar una salida. Intentaré contribuir al debate sobre la solución:

1. En primer lugar debería existir un registro público nacional para que puedan inscribirse todos aquellos que deseen dedicar media jornada o jornada completa a una actividad laboral. El cumplimiento efectivo es fundamental para que los programas atiendan primariamente a desempleados con voluntad de trabajar.

2. Para quienes no han finalizado los estudios primarios o secundarios la labor debe ser completarlos. No debería haber ciudadano argentino especialmente joven sin esta base de conocimientos, algo básico para pretender enrolarse en actividades productivas o socialmente significativas en el mundo actual.

3. Quienes han finalizado la educación media y que con certeza serán la minoría de quienes se registren, pueden insertarse en proyectos laborales productivos o socialmente significativos organizados por los niveles locales de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Estos deben mostrar capacidad de gerenciar dichos proyectos y debe establecerse un número máximo de proyectos y de beneficiarios. Para ellos también debe estar abierta la opción de pasantías en las empresas que tengan interés en sumarse a la labor de generar experiencia.

4. En la contraprestación educativa es fundamental la participación de las provincias, las que disponen de la administración del sistema público de educación. Las universidades y la educación privada deberían sumar su esfuerzo a la educación de adultos. Un elemento fundamental de la revolución educativa que el pais necesita es que no haya ciudadano mayor de 18 años sin educación media completa.

5. El gobierno nacional tiene un rol central en el financiamiento de los proyectos educativos y laborales. Las universidades en la asistencia técnica y evaluación de los proyectos.

¿Es mucho trabajo? Así es. ¿Va a tener la reacción de los caciques clientelistas? Sin dudas. Pero es un camino para salir progresivamente de la manipulación política de beneficiarios y al mismo tiempo dotar a quienes tienen dificultad para acceder al mercado de trabajo, de herramientas educativas y experiencia laboral que les permitan dignidad y un aporte más productivo al país. Como casi siempre, la voluntad política es central.

Sociólogo y politólogo