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Pobreza infantil y derechos: humanizando el dato
Sentirse interpelado por la primera infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad en la Argentina obliga al adulto a considerar bebés, niños/as pequeñas que no pueden poner en palabras sus experiencias. La familia y la comunidad en su conjunto son vistos por la Ley 26.061 de protección integral como garantes de sus derechos por esta misma razón. En 2021 tenemos 4.465.370 pequeños argentinos de hasta 5 años bajo este marco. Sus derechos se encuentran vulnerados diversas formas, cuando 6 de cada 10 de ellos son pobres por insuficiencia de ingresos de sus familias.
Si la pobreza infantil es multidimensional, se trata entonces, como el mismo término indica, de un fenómeno que cada vez tiene más dimensiones, responsables y dificultades. La necesidad de una mirada compartida y de coordinación para optimizar recursos se presenta como un enfoque práctico, contrapuesto a visiones románticas de la infancia. Como decía Jorge Luis Borges, “nadie es la patria, pero todos los somos”. La pobreza infantil nos hace miramos unos a otros ante la entelequia de un “alguien” (el Estado, el sector privado, el sector civil, las iglesias, las universidades, los medios, la opinión pública) que debe hacer “algo”.
Entre los organismos que velan por el cumplimiento de la ley, la infancia esperó más de una década por una Defensoría. Si bien esta joven institución realizó pronunciamientos en los últimos 15 meses, la contundencia de su intervención en materia de control, monitoreo y exigibilidad de resultados, principalmente de la educación, la salud y la protección social, dejó con menos voz a niños y niñas, y tuvo una incidencia menor a la esperada para el contexto actual.
Con un contexto similar al de un desastre natural o a una guerra, los niños y niñas en situación de pobreza no solo sufren de más privaciones que otros grupos demográficos. La pandemia los encontró naciendo o creciendo en un mundo enrarecido, con rutinas interrumpidas, poca o nula socialización, y en familias abrumadas económicamente o limitadas en conectividad para ser acompañadas.
La pobreza infantil supone situar dónde nacen y viven estos niños y niñas, y conocer qué necesitan. Considerando que la Encuesta Permanente de Hogares del Indec solo considera un 62% de la población argentina, no hay forma de obtener datos de 24 provincias, 530 departamentos, partidos y comunas, más de 2000 de municipios o de 51.408 radios censales, y asociarlos con acciones alineadas y gestionadas “al unísono”.
La inseguridad alimentaria crece al ritmo de la pobreza infantil. Según el nivel de asistencia, la alimentación se reparte entre comidas entrecortadas, familias que revuelven la basura, alimentos poco saludables ante el aumento de precios, y mamaderas de jugos y leche en polvo condicionadas por falta de acceso al agua de red pública o presencia de arsénico.
El cuidado encuentra, especialmente, mujeres sobrecargadas en tareas, dificultades económicas, y situaciones de violencia en las cuales los niñas y niños son víctimas o testigos. Muchas veces, la crianza está a cargo de adultos que no saben cuidar o jugar, porque no jugaron o fueron cuidados.
La educación en la primera infancia, con sus juegos y narraciones, promueve que niños y niñas comuniquen qué tan protegidos se sienten, qué mundo están viendo y qué les impacta. La heterogeneidad de su oferta y acceso son una deuda que se suma a su discontinuidad.
¿No son demasiados niños y niñas como para continuar relegando su situación frente a otros temas de la agenda común? La diversidad de primeras infancias del país y del entramado que las protegen, tiene su versión local en cada barrio y paraje, con una comunidad garante. Depende de la proximidad de cada una de ellas dar carnadura a acciones y esfuerzos colaborativos que produzcan cambios favorables para la más “silenciosa” y temprana de las pobrezas infantiles.
Especialista en Gestión e Investigación sobre la Primera Infancia
