Por decreto, pero en favor de la libertad

Imagine el lector una situación en la cual, siendo la libertad su valor fundamental, tuviera la oportunidad de imponerla mediante un decreto que derogara todas las restricciones existentes. ¿Lo haría? ¿O, conociendo que la libertad solamente florece dentro de un cierto marco institucional, buscaría fortalecerlo para que la libertad pudiera resurgir y avanzar en el futuro?

En el primer caso puede alcanzar su objetivo, pero con un instrumento que el día de mañana cualquier otro puede utilizar para volver a imponer las restricciones existentes e, incluso más, profundizar un modelo autoritario. No hay garantía de que eso no vaya a suceder, ya que, al utilizar ese instrumento, aquellos que defienden la libertad (quienes la denigran ya lo habían hecho) le dan legitimidad y poco podrán hacer para oponerse. La libertad conseguida puede resultar un beneficio temporal.

Sin embargo, tal vez eso sea mejor que respetar el estricto funcionamiento formal de las instituciones existentes, en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles, no se puede avanzar mucho y la libertad continúa languideciendo.

Una cosa es la forma y otra el contenido. Tuvimos un gobierno que durante doce años avasalló la libertad en su contenido y muchas veces en su forma. Es decir, obtuvo poder y control a través de medios formalmente legales y otras veces no. El contenido fue, casi siempre, contrario a la libertad, aunque puedan rescatarse algunos avances en términos de derechos civiles.

Ahora, el nuevo gobierno ha tomado algunas medidas que tienen como objetivo fortalecer la libertad, pero utilizando un instrumento que debilita la calidad institucional. El nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la intervención a la Afsca son dos ejemplos, aunque en uno se haya dado luego marcha atrás, al menos por el momento. El contenido no era objetable en sí: el Gobierno no buscaba nombrar a sus militantes en la Corte, sino a prestigiosos abogados con los que parece no tener vínculo; la política de medios de comunicación busca eliminar el impulso sectario que tiñó a la gestión anterior, que buscó controlar a los medios para apuntalar el relato.

La libertad y la calidad institucional parecen contraponerse en esta instancia: es una o es la otra. Una difícil elección para todo el que valore la libertad y las instituciones que la garantizan.

El Gobierno parece haber elegido la primera opción. No quiso verse en una situación en la cual cumplía con todos los requisitos formales pero no lograba resultados y sólo le quedaba el honor de haber respetado los procedimientos, como debería suceder en todo país serio. Éste es un dilema político que se presenta a todos los gobiernos que quieren llevar cambios adelante: he recibido un enorme poder; ¿debo utilizarlo como un "dictador benevolente" (según lo llamamos en economía) para conseguir la libertad y luego tratar de reducirlo para que quienes me sucedan no tengan ese instrumento poderoso o debo reducirlo primero para dar el ejemplo?

Esta segunda opción tiene pocas chances en la política; para los políticos, sería como hacerse el harakiri. Persiguiendo los políticos sus propios intereses, como cualquier otro, va a ser muy difícil que acepten recortar su propio poder.

Por otro lado, las medidas liberalizadoras ya de por sí reducen el poder del gobernante y mejoran la calidad institucional, que no se refiere sólo a la calidad de las instituciones políticas y judiciales, sino también a las que permiten las acciones a realizar en los mercados: el respeto al derecho de propiedad, la mayor libertad para realizar contratos, para establecer precios, para importar o exportar, para elegir la moneda en que se realizarán los intercambios.

En el análisis institucional que realizan los juristas o los politólogos suelen reflejarse nada más que las instituciones políticas o jurídicas tales como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de los mandatos, el respeto a los derechos civiles. Es muy correcto, pero deja afuera toda un área de suma importancia para los individuos. Todos tenemos, en verdad, dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades: uno de ellos es el gobierno, por supuesto, del cual buscamos obtener seguridad, resolución de disputas, protección de ciertos derechos; pero tal vez la mayoría de nuestras necesidades se resuelven a través de los mercados: trabajamos o producimos y luego, con el ingreso obtenido, aprovechamos la división del trabajo para conseguir todo lo demás. Al negar este aspecto de nuestro proceder, el análisis institucional jurídico/político lo menosprecia.

El levantamiento del cepo cambiario deja en mayor proporción que antes la decisión acerca del uso de la moneda en manos de las personas, no de los funcionarios. Por supuesto, los exportadores están todavía obligados a entregar sus dólares al Banco Central, aunque éste ahora no los castiga además después. Pero al menos la gente ya no tiene que esconderse para tomar decisiones respecto de su propiedad, en este caso, de dinero. La reducción y eliminación de las retenciones a ciertas exportaciones devuelven nuevamente a los productores parte de la propiedad que les había sido expropiada a través de ese impuesto. Estaría por cesar la discrecionalidad existente en las importaciones a través del otorgamiento de licencias DJAI, pero se mantienen otras no discrecionales en muchos rubros; cesaron también las licencias para exportar (ROE) que se utilizaban para autorizar o negar las operaciones, pero se mantienen como "registro".

Esas medidas amplían algo la libertad de acción de los argentinos, aunque se podría también plantear el mismo problema que generan los otros cambios a través de decretos: el control se modera, pero el instrumento persiste. Hoy la licencia de importación puede ser utilizada nada más que estadísticamente, pero lo cierto es que está ahí para que cualquiera pueda después utilizarla como control. Lo mismo puede decirse sobre las leyes de lealtad comercial o de terrorismo económico. Es como guardar el revólver en el sótano, pero todos sabemos que sigue existiendo.

En definitiva, la elección es difícil, las alternativas son imperfectas. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse si no es posible algún camino que busque conciliar la libertad y la calidad institucional. Uno de ellos parece que sería explorado: es obtener consenso sobre esas medidas a posteriori.

Sin embargo, si se va a instalar todo un debate institucional respecto de cierto tipo de medidas, tal vez sería mejor apelar a la población para alguna reforma "institucional" más profunda, que respete las formas para alcanzar un cambio más profundo en los contenidos.

Tomemos el caso de la Afsca. Se interviene, se desplaza a alguien que tenía mandato por un par de años más (aunque no para hacer lo que hacía). Se creará una nueva agencia. Pero quienquiera que sea nombrado en esa agencia estará sujeto al mismo antecedente por más que se lo nombre de por vida. Otro futuro gobierno podrá "intervenirlo". La cuestión que tenemos que plantearnos es si no resulta peligroso tener agencias de ese tipo. Tal vez mejorar la calidad institucional es desistir de que exista ninguna ley y ninguna agencia para controlar los medios (o los recursos de los que el Estado se ha apropiado, como las frecuencias). La experiencia de estos controles no ha sido buena. Además, hemos vivido décadas sin leyes de medios o agencias de control. Y en el mundo de hoy accedemos a los medios de todo el mundo: la competencia nos protege más que nadie.

Es cierto, esto no quiere decir que el día de mañana no venga otro gobierno y vuelva a crear la agencia de cero. Y eso dependerá, en definitiva, de los valores que quieran promover los argentinos: si valoran la libertad o están dispuestos a entregarla. Si ahora dieron una señal de que quieren el cambio, tal vez quieran también dar una señal de que quieren ser más libres.

Profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires

Por Martín Krause

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