¿Por qué la Argentina debe pensar en la importancia de un corredor digital austral?
El poder ya no se define solo por el control de un territorio, los recursos naturales o la fuerza militar; cada vez más se organiza en torno a infraestructuras invisibles: cables submarinos, backbones de fibra óptica, puntos de amarre estratégicos, data centers y la construcción de redes de baja latencia
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Para LA NACIONMartín Rafael López
En el mundo contemporáneo, el poder ya no se define únicamente por el control de un territorio, los recursos naturales o la fuerza militar. Cada vez más, se organiza en torno a infraestructuras invisibles que sostienen la economía digital: cables submarinos, backbones de fibra óptica, puntos de amarre estratégicos, data centers y la construcción de redes de baja latencia.
En ese tablero –por el que circula alrededor del 95% del tráfico global de datos–, la Argentina aparece rezagada: concentra casi toda su conectividad internacional en un único punto de amarre en Las Toninas, mientras la Patagonia continúa siendo un vacío estructural en materia de infraestructura. En este contexto, analizar con seriedad la necesidad de un corredor digital austral no es un ejercicio teórico, sino una discusión estratégica pendiente.
Durante décadas, la política internacional se analizó bajo la lógica de la “razón de Estado”: proteger intereses nacionales, resguardar la soberanía y garantizar la supervivencia del Estado. Pero hoy ese enfoque es insuficiente para comprender las dinámicas del poder digital. El despliegue de nuevas infraestructuras críticas y las decisiones sobre su localización ya no responden únicamente a estrategias nacionales, sino que están atravesadas por una racionalidad transnacional que, en muchos casos, desborda el interés del Estado soberano y subordina las decisiones políticas a la lógica de eficiencia, continuidad y resiliencia del sistema global de circulación de datos.
Esta racionalidad, que condiciona tanto a los Estados como a los territorios, ha sido conceptualizada por los académicos Prantl y Goh como “raison de système”. El concepto permite comprender cómo, en sistemas altamente interconectados, la acción estatal deja de definirse exclusivamente por decisiones soberanas y pasa a estar moldeada por la lógica, las dependencias y las exigencias del propio sistema.
Esta “razón de sistema” reorganiza, a su vez, el mapa del poder. Los cables submarinos, reconocidos por el Derecho del Mar como infraestructuras esenciales que atraviesan el patrimonio común de la humanidad, se han convertido en la interfaz material de la expansión de la IA y la computación en la nube. Allí donde llegan estos cables, suelen instalarse luego centros de datos, nodos de interconexión y una creciente provisión de servicios digitales. Allí donde no llegan, en cambio, se consolida una periferia digital estructural, con efectos duraderos sobre el desarrollo y la inserción internacional de los territorios.
Los grandes actores del ecosistema digital –Google, Meta, Microsoft y Amazon– ya no son simples usuarios de la infraestructura existente, sino verdaderos arquitectos del sistema global de cables submarinos. Son ellos quienes priorizan rutas donde la demanda es alta, el riesgo es bajo y el retorno, inmediato. Su lógica, centrada en la rentabilidad y la eficiencia sistémica, no contempla objetivos de integración territorial ni metas de desarrollo nacional.
La proyección exponencial del cableado global deja en claro la velocidad del cambio. Se estipula que la inversión en nuevos sistemas submarinos que entrarán en funcionamiento entre 2025 y 2027 superará los US$13.000 millones, impulsada por las crecientes necesidades de infraestructura vinculadas a los ecosistemas de IA y la expansión de redes de cómputo en la nube.
De acuerdo con el informe Transport Networks Research Service 2025 de TeleGeography, la mayor parte de ese despliegue se concentra en los corredores Transpacífico y Asia-Europa, donde los hiperescaladores han acelerado la construcción de cables privados de alta capacidad para conectar directamente grandes centros de datos. La Argentina –y el Atlántico Sur en general– permanecen prácticamente ausentes.
En este contexto, la Patagonia argentina hoy se localiza como un “vacío estructural” dentro de la red digital global. Lo paradójico es que no se trata de una periferia inevitable: el sur argentino posee clima frío, amplia disponibilidad territorial y un enorme potencial en energías renovables. Se trata de condiciones óptimas que, lejos de ser una desventaja, representan claras ventajas comparativas para la instalación de centros de datos orientados al desarrollo de IA.
Sin embargo, la región carece de un backbone robusto, de infraestructura adecuada y de puntos de amarre alternativos que reduzcan su distancia lógica respecto del sistema global. En ausencia de una estrategia estatal que ordene prioridades, la Patagonia queda atrapada en la racionalidad del mercado global, que la evalúa como un nodo poco atractivo y de baja utilidad sistémica.
Frente a la inercia que impone la racionalidad del mercado global, la experiencia chilena demuestra que existen alternativas concretas al repliegue estatal en materia de conectividad estratégica. Mediante la ejecución de políticas públicas específicas (como la implementación del proyecto de Fibra Óptica Austral) el sur chileno logró integrarse a la red nacional y global bajo conducción estatal. Chile actuó, en este sentido, desde una razón de Estado orientada a contrapesar la razón de sistema. La Argentina, en cambio, no ha desarrollado aún una estrategia equivalente, cediendo la definición de su mapa digital a actores privados cuyos incentivos no contemplan la integración territorial ni un desarrollo equilibrado del territorio.
Para la Argentina, analizar este escenario no debe excluir la dimensión polar. La Antártida, regida por un régimen jurídico excepcional orientado a la cooperación científica y la protección ambiental, ya es objeto de estudios de factibilidad avanzados para nuevas conexiones submarinas impulsados por Chile, así como de evaluaciones estratégicas por parte de Estados Unidos. Si bien estos proyectos se presentan bajo justificaciones científicas, su escala tecnológica podría habilitar usos duales (civiles-militares) y generar tensiones significativas sobre ecosistemas extremadamente frágiles. Ante este escenario, la Argentina no puede observar desde la periferia cómo otros actores definen la infraestructura que articulará el continente blanco con Sudamérica.
Frente a estos desafíos, el debate acerca de un corredor digital austral no debería seguir postergándose. Implica desplegar nuevos puntos de amarre en el Atlántico Sur, construir un backbone de alta capacidad entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia, articularlo con rutas internacionales y convertir a Ushuaia en un nodo digital y científico estratégico del extremo sur. Supone, además, avanzar en el establecimiento de un marco regulatorio actualizado para cables submarinos, promover estándares ambientales estrictos y fortalecer la gestión de la diplomacia de infraestructura en torno al Atlántico Sur y la Antártida.
La alternativa –seguir dependiendo de un único punto de amarre, mantener el vacío austral y quedar fuera de las rutas de baja latencia– supone aceptar pasivamente el lugar marginal que la “razón de sistema” ya asignó a nuestro territorio y a nuestra proyección continental. La importancia de esta disyuntiva es evidente, ya que sin conectividad avanzada no es posible sostener la soberanía tecnológica, una presencia polar efectiva ni una verdadera inserción en la economía digital.
Asumir la necesidad de proyectar un corredor digital austral es, en definitiva, un acto de razón de Estado propio del siglo XXI, consciente del peso creciente que ejerce la “nueva” razón de sistema sobre la articulación del poder global.
Profesor de Relaciones Internacionales (Ucalp), especialista en Estudios Chinos (IRI-UNLP), Asuntos Transnacionales (FPHV). Ieedn (Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional)
Tipo de trabajo:
opinión
