Por qué se repiten los incendios forestales en verano

El problema de los incendios forestales es un tema recurrente en nuestro país durante el verano porque se dan determinadas condiciones climatológicas y socioculturales que atentan gravemente contra la biodiversidad que recubre vastos sectores de la superficie terrestre de la Argentina.

Así fue, que entre noviembre de 2016 y enero de 2017 casi 2 millones de hectáreas de las provincias de La Pampa (1.070.000), Mendoza (125.000), Rio Negro (610.000) y Buenos Aires (160.000) fueron azotadas por los incendios, lo que dejó consecuencias irreparables en términos ambientales, sociales y económicos.

La evaluación efectuada en ese momento por las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego indicaban que la combinación entre tormentas secas caracterizadas por muchos rayos y las pocas precipitaciones pluviales fueron las causas que propagaron las llamas en la región en un marco de grandes pastizales secos, altas temperaturas, bajo porcentaje de humedad y vientos superiores a los 80 km por hora.

En estos días, esas mismas condiciones también se presentan y, en diferentes puntos del país, los incendios están poniendo en vilo a la sociedad argentina, tal como sucede en Mendoza y La Pampa en donde se afectaron más de 200.000 hectáreas y, si bien según las autoridades comenzaron a ser controlados, el fuego continúa destruyendo campos y áreas protegidas y los pronósticos indican que no está previsto que llueva y que aumentará la temperatura, así como también los fuertes vientos.

En Villa Gesell la semana pasada hubo incendios de bosques localizados en médanos frente al mar y ya se ha levantado el alerta en las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut, lo cual generó una reunión entre autoridades nacionales, provinciales y municipales y algunos directivos de la Administración de Parques Nacionales.

La realidad es que amenazas como estas provenientes de la naturaleza y el clima también son generadas en la mayoría de los casos por la negligencia de las personas así como también por la propia voluntad e intencionalidad de los seres humanos.

En el primero de los casos, ocurre cuando por descuido se tiran fósforos, colillas de cigarrillos o latas y vidrios que pueden actuar como lupas y provocar incendios. También cuando quedan prendidos brasas de asados o fogones en lugares no permitidos o se queman restos de podas u otros materiales.

En el segundo caso, muchos bosques y pastizales son víctimas de los incendios intencionales para liberar el suelo y avanzar con los negocios inmobiliarios y agro-ganaderos. Según Greenpeace, en los últimos 25 años se arrasaron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a la superficie de Entre Ríos, debido al desmonte ilegal y el incendio intencional de bosques para su posterior cambio de uso de suelo.

Tanto el clima como el accionar negligente o intencional del ser humano son las causas principales que provocan uno de los problemas ambientales más graves y característicos de estas épocas del año cuando el calor, la sequía y la baja humedad en los suelos y pastizales se convierte en el combustible que permite el desarrollo de este tipo de catástrofes.

Entre otras consecuencias negativas de los incendios forestales podemos mencionar las siguientes:

• Se interrumpen los ciclos naturales de los bosques y desaparecen las especies nativas, mientras que proliferan las plantas invasoras.
• Aumentan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático.
• Generan cenizas y destruyen nutrientes.
• Erosionan el suelo, propiciando inundaciones y corrimientos de tierra.
• Se producen pérdidas económicas, materiales y humanas en muchos casos irreparables.

Desde el punto de vista legal, existen varias normas que se ocupan de prevenir y combatir incendios así como también de preservar el ambiente y la seguridad de las personas. Una de las normas más recientes es la Ley 26.815 sancionada en 2012,que establece los presupuestos mínimos ambientales en materia de incendios forestales y rurales.

Esta ley creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) que cuenta con un presupuesto anual aproximado de 500 millones de pesos, y está integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego a cargo del ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, las provincias, la CABA y la Administración de Parques Nacionales. Y tiene el objetivo de:

1) proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios;

2) velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios;

3) establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios.

Para llevar adelante esta tarea se deben poner en marcha Planes de Manejo del Fuego en cada una de las provincias y parques nacionales así como también en el orden regional y nacional e instrumentar un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios.

Otra norma relativamente reciente es la ley 26.562 de 2009 que regula las actividades de quema en todo el país y prohíbe aquellas que no cuentan con la autorización de los respectivos organismos provinciales y obligando a las autoridades provinciales a que establezcan condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, teniendo en cuenta parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad públicas.

Por último, el Código Penal de la Nación en la sección dedicada a los delitos contra la seguridad pública establece que el que causare incendio de bosques o cualquier otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. Si a causa de ello hubiere peligro de muerte para alguna persona la pena será de tres a quince años y de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Más allá de la existencia de estas normas legales, lo cierto es que se necesitan dos cosas: por un lado, conductas humanas para evitar que se produzcan este tipo de daños a causa del accionar negligente o intencional, a través de la educación y las campañas públicas de concientización ciudadana; por el otro, la voluntad y decisión política de las autoridades gubernamentales locales, provinciales y municipales para instrumentar eficazmente los planes de manejo del fuego que permitan prioritariamente prevenir los incendios y en caso de que estos se produzcan combatirlos de manera tal que se puedan evitar daños aún mayores.

Entre otras cosas, deberían destinarse más recursos en los presupuestos nacionales y provinciales para capacitar recursos humanos y proveer de equipamiento e infraestructura para los organismos encargados de enfrentar los incendios, coordinar la labor preventiva entre diferentes organismos y niveles de gobierno, remediar los daños ambientales producidos por los incendios, planificar y repensar los diferentes usos de los suelos poniendo freno al avance de la frontera agropecuaria y los negocios inmobiliarios y aplicar las sanciones administrativas, penales o civiles correspondientes en cada caso particular.

Por último, para el caso puntual de aquellos bosques y parques nacionales que están ubicados en las zonas de frontera, deberían planificarse y ejecutarse acciones conjuntas con los gobiernos de los países limítrofes y crear agencias u organismos binacionales para que se ocupen de llevar a cabo esta tarea.

Abogado y Docente de Derecho Ambiental UBA / UNSAM / UASB