Presente y futuro de las democracias latinoamericanas
La gente sabe muy bien lo que quiere para sus países, pero no sabe dónde encontrar el modelo adecuado; la satisfacción con el sistema sigue baja, pero estable
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Al comenzar el año, debemos reflexionar sobre el estado de la democracia en Latinoamérica. Una forma de abordar el tema es enterándose de qué piensa la gente sobre el sistema político de sus países. El Barómetro de las Américas (Latin American Public Opinion Project - Lapop) es una encuesta de opinión pública que se lleva a cabo cada dos años en toda la región. Este proyecto, fundado en la Universidad de Pittsburgh y ahora basado en la Universidad de Vanderbilt, ha conducido 350.000 entrevistas en 34 países entre 2004 y 2021.
La Nación ha reportado los resultados más relevantes de la encuesta de 2021. Aquí, mi intención es resaltar ciertos puntos que me parecen especialmente relevantes, porque nos ayudan a entender qué quiere la gente para sus países. Si bien los resultados varían considerablemente a través de la región, es posible identificar ciertas tendencias que nos permiten mirar a América Latina en conjunto. Mi impresión es que la gente sabe muy bien lo que quiere para sus países, pero no sabe dónde encontrar el modelo adecuado.
Primero, la encuesta señala que la satisfacción con la democracia sigue siendo baja, pero se mantiene estable. El apoyo a la democracia como sistema de gobierno aumenta levemente en 2021, pero sigue lejos de los valores de casi dos décadas atrás.
Segundo, los ciudadanos latinoamericanos prefieren presidentes que gobiernen con firmeza, aunque ello entre en conflicto con las normas democráticas. El apoyo a ejecutivos fuertes –por ejemplo, presidentes que deciden gobernar sin la legislatura o que intentan controlar el poder judicial– se ha duplicado en la última década.
Tercero, las personas quieren tener voz en la política, especialmente en lo que afecta su vida diaria. La democracia directa como medio de participación es atractiva para muchos.
Cuarto, la mayoría de los encuestados ve la democracia electoral con desconfianza. Piensan que la corrupción está muy extendida en la política y que los ricos tienen el poder para manipular las elecciones.
Estos resultados definen una ecuación simple pero elocuente. La gente sigue prefiriendo la democracia como sistema de gobierno, pero está insatisfecha porque no genera los resultados esperados. A la hora de pensar el futuro político, los latinoamericanos están dispuestos a apoyar una democracia más directa y tolerar la concentración de poder en el Ejecutivo en favor de un orden político que distribuya mejores beneficios a todos sus ciudadanos. Además, el público quiere ser escuchado. La gente está cada vez más desilusionada con las elecciones y los políticos.
América Latina no es un caso atípico. En Francia, Estados Unidos, Japón, España, Italia, Bélgica y Grecia, la mayoría de los encuestados muestran insatisfacción con la democracia. A nivel mundial, el público está dispuesto a aceptar ejecutivos poderosos que gobiernen sin muchas de las limitaciones de un sistema democrático.
Si dejamos de lado a los Estados Unidos, una economía avanzada desde el siglo pasado, y buscamos algún modelo entre los nuevos poderes emergentes, no es sencillo encontrar un horizonte de referencia que refleje las aspiraciones de los latinoamericanos. La República Popular China, por ejemplo, no ofrece un modelo que genere admiración por parte del público latinoamericano. Pese a los esfuerzos de China en aumentar su “poder blando” en la región, intensificados durante la pandemia, la confianza en el gobierno de aquel país ha disminuido 20 puntos en la última década, ubicándose en un 38% en 2021.
Salteando las diferencias en tamaño, región y contexto geopolítico, uno podría pensar que el público latinoamericano estaría dispuesto a tolerar un sistema similar al de Singapur. A partir de los años sesenta, Singapur optó por una forma de democracia “guiada” en la que se permite la libertad de expresión, dentro de límites prescritos, y se celebran elecciones con regularidad, que invariablemente ha ganado el partido gobernante. El liderazgo del Partido de Acción Popular ha mantenido un control férreo sobre el poder político y, a la vez, ha ofrecido a los ciudadanos de Singapur un gobierno comprometido con la incorruptibilidad y la eficiencia en la función pública y la provisión de beneficios económicos tangibles, incluidos el empleo y la vivienda. Está por verse si Singapur, que debe avanzar su modelo económico en un mundo cada día más competitivo, podrá combinar el estado de derecho con un régimen democrático formal y un modelo de participación ciudadana más directo y efectivo.
El “modelo Singapur” ha sido discutido extensamente, pero algunas de sus facetas son menos conocidas. Una de ellas fue la decisión de sus líderes de descartar soluciones a corto plazo –ofrecidas a menudo por consultores internacionales y agencias multilaterales– y enfocarse en resultados de desarrollo a largo plazo. A través de políticas gubernamentales orientadas al futuro y cuidadosamente planificadas, la economía de Singapur creció de manera constante, alcanzando un PBI superior al de muchos países europeos. Si el capitalismo fue el motor que promovió el avance de Singapur en la economía global, fue el capitalismo dirigista guiado por un liderazgo político comprometido lo que permitió alcanzar resultados impactantes.
Casos como éste confirman que una inversión consistente en la infraestructura institucional de reglas, normas y regulaciones que brinden previsibilidad y certeza a los actores económicos, tanto domésticos como internacionales, es fundamental para crear desarrollo económico. Esta inversión es imprescindible para construir un orden democrático que, además de proteger los derechos individuales y la libertad de expresión, garantice las necesidades básicas de la población. El sector público debe, además, prepararse para nuevos modos de participación que le permitan trabajar en estrecha colaboración con los ciudadanos en la creación e implementación de soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales. Los responsables de la formulación de políticas públicas deben escuchar a la ciudadanía, identificar qué resultados esperan lograr y adaptar el proceso en consecuencia, ya que no existe una única receta para alcanzar los compromisos necesarios para el éxito de este modelo.
No es mi intención proponer que el camino para Latinoamérica deba basarse en conductas que limiten la institucionalidad democrática, tal como ha ocurrido en El Salvador, donde la concentración de poder en el Ejecutivo cuenta con el apoyo de una mayoría de la población. Sin embargo, la clase política debería prestar atención a los puntos que menciono en esta columna. El público de la región tiene una visión muy clara de lo que quiere. El desafío es ajustar este escenario a una realidad que tome lo mejor de las democracias latinoamericanas –tan creativas en tantos aspectos – y llevar a la región hacia un futuro en donde el sistema político escuche, gobierne con efectividad y ofrezca una vida mejor, con inclusión y mucha más justicia. 2022 puede ser el año para comenzar a construir este futuro.
Vicerrector de Asuntos Globales, Universidad de Pittsburgh
Tipo de trabajo:
opinión
