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Preservar la riqueza ictícola
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En las últimas semanas se han agravado los problemas que afectan la actividad pesquera. Se ha desembocado en un dilema: o bien se busca salvar el recurso ictícola mediante la veda -principalmente la codiciada merluza hubbsie- o bien se da primacía a las demandas económico-sociales y se sigue alentando la pesca, lo que llevaría al agotamiento del recurso a corto plazo. Si se adopta esta última decisión, pronto habrá muerto el mar de los peces de oro .
La extinción de la fauna marítima es un problema de alcance mundial. La voracidad de explotación aliada con el empleo de recursos tecnológicos de alto poder ha llevado al despoblamiento de más del 70% de las áreas donde la pesca era abundante.
En lo que concierne a la Argentina, hay que consignar que la pesca en gran escala comenzó en 1994, a partir del convenio con la Unión Europea. Debe observarse que ya antes se había presentado un factor adverso, que se tornó constante: la depredación ocasionada por la pesca clandestina, en la que intervinieron buques-factoría de diversos países que, a medida que declinaron las posibilidades de capturas en otras latitudes, se volcaron hacia los mares australes. Ahora bien, el acuerdo con la Unión Europea fijó topes al volumen de las capturas y estableció el control continuo del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (Inidep), así como la cooperación científica de expertos extranjeros de aquel continente.
Lamentablemente, la ambición y la inercia de los intereses en juego pudieron más que el respeto por las leyes inexorables de la biología. El límite máximo de captura admitido por el Inidep para 1998 fue 280.000 toneladas, pero en la práctica se sobrepasó en un 45%, con el agravante de que el 60% de la captura se compuso de ejemplares jóvenes, lo que redujo el potencial de reproducción de la especie.
Las voces de alerta por el riesgo que se cernía se acentuaron a mediados de 1997, pero no hubo respuestas apropiadas, salvo aisladas vedas parciales. En enero de 1998 se sancionó la ley de pesca 24.922. Se esperaba que, a partir de la vigencia de esa normativa, se ordenaría la actividad con estricto respeto al criterio de un desarrollo sustentable, pero como no se dictó la necesaria reglamentación ha persistido la incertidumbre en el sector, lo cual ha perturbado el juego de las decisiones.
La indefinición legal se evidencia en las posiciones antagónicas que hoy se observan entre biólogos y funcionarios de los gobiernos nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires, expuestos a la deformación de criterios propia de los tiempos electorales, o en las divergencias entre el Consejo Federal de Pesca, que sostiene la veda, y el Consejo de Empresas Pesqueras, que clama por su levantamiento. A este cuadro se suma la probable sanción por el Senado de una ley de emergencia que apuntaría a favorecer a los sectores que desean asegurar mayor ocupación a los pescadores y al personal indirectamente vinculado con la continuación de la labor pesquera.
Si bien es comprensible el propósito de no agravar el desempleo, se percibe con claridad que la ilusoria ocupación de hoy no puede ocultar las amenazas que se ciernen sobre la supervivencia del recurso.
Es indispensable priorizar, sin ninguna duda, la preservación de una fauna tan valiosa para el hombre como indispensable para el equilibrio ecológico. Renunciar a la defensa del recurso ictícola en peligro para atender a requerimientos laborales constituiría un error que a nadie favorecería: ni siquiera a sus presuntos beneficiarios, que tarde o temprano sufrirían las consecuencias de la extinción de la fauna sobre la cual se sustenta su actividad.
