Presidentes en la tormenta. Isabel Perón, en un laberinto de violencia y crisis política
Tembladeral: en el gobierno de Isabel Perón se conjugaron la falta de liderazgo y la crisis socioeconómica
PARA LA NACION
El 1° de julio de 1974 a las 14 horas María Estela Martínez de Perón se dirigía al país para anunciar la muerte de su esposo: “Al pueblo argentino. Estamos viviendo horas aciagas. Circunstancias que deben retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional (…) Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión”. A pesar del pedido de la nueva presidenta, el espíritu del pueblo argentino estaba lejos de retemplarse y de deponer sus pasiones. Isabel asumía en un contexto político y económico muy conflictivo. A pesar de haber sido electa como vicepresidenta en elecciones libres y competitivas, su legitimidad se erosionaría rápidamente. Su debilidad se anunciaba en el discurso citado, en el que hace referencia a Dios y Perón como fuentes de legitimidad, no al “pueblo”. Pocos apoyos terrenales le quedaban a quien estaba por asumir la primera magistratura.
María Estela Martínez (“Isabelita”) había nacido en La Rioja en 1931 y vivió en Buenos Aires durante su adolescencia, donde estudió danzas y piano. Conoció a Perón, según la versión más difundida, en 1955, luego del exilio del expresidente y mientras ella realizaba una gira por Latinoamérica como bailarina. En 1961 se casaron en Madrid. Cuando Perón retornó al país, la eligió como su vicepresidenta para las elecciones de 1973. Las tormentas que tuvo que enfrentar Isabel ya se habían iniciado en la presidencia de su esposo.
Cuando Perón retornó al país, la eligió como su vicepresidenta para las elecciones de 1973. Las tormentas que tuvo que enfrentar Isabel ya se habían iniciado en la presidencia de su esposo.
El retorno de Perón había hecho estallar los conflictos latentes al interior del movimiento peronista entre la Tendencia Revolucionaria y los sectores ortodoxos. En esa disyuntiva, Perón se apoyó cada vez más en el sindicalismo y en López Rega, endureciendo las lógicas represivas. Tal como ha demostrado Marina Franco en su excelente libro Un enemigo para la nación, el aumento del autoritarismo durante su gobierno tuvo una cara legal y otra clandestina. Por un lado, aumentó la censura, la persecución al interior del partido y se reformó el código penal para endurecer las penas frente a delitos considerados subversivos. Por el otro lado, se desarrolló la violencia paraestatal con formaciones parapoliciales y grupos de choque como la Triple A, que llevaron a un espiral de violencia con las organizaciones armadas. Tras la muerte del presidente, “se produjo un salto cualitativo en la tendencia autoritaria pero no por ello novedoso”, señala Marina Franco. Un ejemplo fue la Ley de Seguridad enviada por el poder ejecutivo en septiembre de 1974 que autorizaba la “represión de la actividad terrorista y subversiva” y que fue utilizada para la censura y la detención de militantes políticos de izquierda. A su vez, en noviembre se declaró el estado de sitio y se suspendieron las garantías constitucionales.
En el frente económico la situación era también complicada. El Pacto Social, lanzado por el ministro de economía José Ber Gelbard, había comenzado a naufragar desde octubre de 1973.
Los empresarios presionaban para subir los precios, mientras que los sindicatos demandaban aumentos de salario. Para 1974 la inflación pasó a ser del 40%. En junio de 1975 asumió el Ministerio de Economía Celestino Rodrigo, que pertenecía al clan de López Rega en el sentido intelectual e incluso esotérico. Rodrigo realizó una política de shock que significó una abrupta devaluación, aumento de todas las tarifas públicas y liberalización de la mayoría de los precios. El descontento y protesta de los sindicatos llevó a la renuncia de Celestino Rodrigo y López Rega y a la sucesión de tres ministros de Economía que no lograrían estabilizar la situación. En 1975 la inflación llegó a ser del 180% anual.
A esta situación crítica se sumó un liderazgo sumamente débil. “Yo creo que ella no era consciente. No advertía la seriedad de lo que pasaba. Minimizaba el conflicto que atravesaba el país. Se tomó licencia y se fue un mes a Ascochinga con las mujeres de Videla y Massera en 1975”, recuerda María Cristina Guzmán, presidenta del Bloque de Diputados de la Alianza Popular Federalista entre 1973 y 1976, en entrevista con LA NACION.
La ex diputada por la provincia de Jujuy relató cómo buscó impulsar un juicio político a la presidenta: “Había que resguardar la estabilidad institucional a través del juicio político. Los federalistas presentamos en diciembre del 75 un juicio político que se trató a fines de febrero de 1976. Ya para ese momento todos anunciaban golpe de Estado, pero había elecciones en octubre. Si había juicio político se removía a la presidenta y asumía Lúder hasta las elecciones. Con Lúder sabíamos que íbamos a poder llegar a las elecciones. Si el juicio político hubiera tenido apoyo, el golpe se paraba, salvábamos las instituciones”.
El juicio político no logró los votos suficientes para su tratamiento y los planes de golpe militar se aceleraron.
El final del gobierno de Isabel era un secreto a voces en el que la presidenta no terminaba de creer. Cristina Guzmán recuerda lo sucedido la noche del golpe: “Ella siempre se desplazaba en auto, ese día le dijeron que por seguridad la iban a llevar en helicóptero. En el aire, le aclararon que tenían que aterrizar en Aeroparque por una falla. Bajaron en la zona militar de Aeroparque y cuando estaba abajo se le acercó el general Villarreal, que le dijo que una Junta militar había tomado el gobierno y que ella quedaba destituida. Dicen que la reacción fue medianamente tranquila”.
Desde allí, fue trasladada a la residencia El Messidor en Neuquén dándose inicio al último y más sangriento régimen militar de la historia argentina.
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