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Privatizar el "señoreaje"
Por Joaquín Cottani Para LA NACION
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La visita de la "comisión de notables" pasará sin pena ni gloria. Dejarán un listado de lugares comunes, útiles quizá para Alemania, Canadá, Inglaterra o España (los países de donde son oriundos su miembros), pero con cero valor agregado para la Argentina en el contexto actual. El FMI y las autoridades del Tesoro de Estados Unidos, por su parte, seguirán ignorando a la Argentina mientras deciden qué hacer con Brasil y Turquía, países geopolíticamente más importantes y que hoy sufren los embates de la crisis financiera mundial.
Así, cuando los problemas arrecian, nuestro país permanece varado en el último confín de la aldea global. En este contexto, esperar ayuda financiera o soluciones milagrosas del exterior es una ilusión vana. La Argentina debe salir de su crisis por sus propios medios y la velocidad con que lo haga dependerá del ingenio y realismo con que los argentinos enfrentemos nuestros problemas.
El drama de la pobreza y el desempleo no se resuelve sin crecimiento. Y este último es imposible de concebir sin un sistema monetario y financiero viable. A estas alturas de los acontecimientos, la destrucción de contratos y derechos de propiedad es un daño irreversible. Lo único que el Gobierno puede hacer para controlar el daño hacia el futuro es edificar un sistema nuevo que sea creíble.
Hasta ahora se han presentado dos propuestas bien diferentes acerca de cómo salir del corralito y el corralón. Una de ellas, el lanzamiento de un plan bonos compulsivo que absorba la oferta excedente de pesos, ha quedado descartada por motivos legales. La otra es redolarizar los depósitos y préstamos a sus valores originales y otorgar un seguro de cambio (subsidio estatal) a los deudores del sistema bancario. Si bien esta propuesta es muy interesante desde el punto de vista legal, deja abiertas demasiadas dudas acerca de su viabilidad financiera, sobre todo en el área fiscal.
Con objeto de confundir aún más a la opinión pública, me permitiré enunciar una tercera alternativa: concesionar al sector privado la facultad de emitir moneda fiduciaria. En otras palabras, privatizar el "señoreaje".
La idea es así: el Gobierno otorga a un banco extranjero de primera línea el derecho exclusivo de emitir una nueva moneda de curso legal, el argendólar, que reemplace al peso y a todas las demás cuasi monedas que hoy circulan en nuestro país.
Diferencias entre sistemas
El canje se hace a un tipo de cambio determinado, digamos cuatro argendólares por peso, y el banco internacional asume la obligación de dar respaldo a la nueva moneda, la cual sería convertible en dólares estadounidenses al tipo de cambio 1 a 1 sin límite o costo para el tenedor (naturalmente, todos los contratos en pesos se redenominarían en argendólares con el desagio correspondiente en la tasa de interés).
La diferencia entre este esquema y la dolarización lisa y llana es que para dolarizar hay que usar reservas, mientras que en este caso, las reservas del BCRA (totalizan unos 9000 millones de dólares) quedarían disponibles para constituir un fondo de reestructuración y capitalización del sistema bancario.
Obviamente, al otorgar pleno respaldo en divisas, el banco emisor asumiría un pasivo contingente que, sobre la base de la circulación monetaria actual, sería de unos 5 mil millones de dólares. Si embargo, dada la estabilidad de la demanda de circulante, el capital líquido requerido para respaldar la emisión sería mucho menor. A cambio de asumir ese pasivo contingente e inmovilizar capital, el banco extranjero captaría el "señoreaje" derivado de los aumentos futuros en la demanda de circulante. Teniendo en cuenta el grado de desmonetización y desintermediación financiera que existe en la actualidad, la utilidad esperada sería suficientemente alta como para hacer atractiva la operación. Y dado que, por razones políticas, el gobierno de EE.UU. no está dispuesto a compensar a la Argentina por la pérdida de "señoreaje" que acarrea la dolarización, interesar al sector privado no parece mala idea.
¿Qué garantía tiene el banco emisor de que el contrato de concesión no será violado en el futuro? En principio, ninguna. En este sentido, la privatización del servicio de provisión de liquidez monetaria no es diferente de la privatización del servicio de provisión de agua potable o cualquier otro servicio público. Sin embargo, debido tanto a la experiencia secular de la Argentina en materia monetaria como a la más reciente en materia de violación de los contratos de privatización, sería aconsejable dar intervención a alguna autoridad internacional (por ejemplo, la Reserva Federal) en la ejecución del contrato. De esa manera, la pena para la Argentina por violar el acuerdo sería similar a la de un default con organismos oficiales de crédito (tales como el FMI o Club de París).
Para terminar, ¿cómo ayuda este esquema a salir del corralito y el corralón? Ciertamente, estos problemas tienen menos que ver con la moneda que con la solvencia y liquidez del sistema bancario. Y, aun cuando la calidad de la moneda importa bastante a largo plazo, lo cierto es que en la actualidad todos lo bancos argentinos son insolventes e ilíquidos en términos de sus pasivos originales. Por ende, la única manera de resolver la crisis que los afecta en el marco de la legislación vigente es que el Banco Central (convertido en Superintendencia de Bancos) los intervenga a todos. Hecho esto, cada banco tendría la posibilidad de vender sus activos, a precios de mercado, al fondo de reestructuración bancaria capitalizado con las reservas del BCRA para, de esta manera, devolver el dinero retenido a los depositantes hasta los límites que marca la legislación vigente. Nada impediría que, de estar interesado, el banco emisor de argendólares también comprara activos bancarios.
Una vez completado el proceso de devolución de depósitos (una vez estabilizada la demanda de dinero), el BCRA devolvería la licencia para operar sólo a aquellas entidades dispuestas a adquirir, con recursos propios, los activos (propios o de terceros) que fueron enajenados.
