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Prohibido disentir: “es como yo digo o es mentira”
Cualquier información, estadística, pronóstico o interpretación que contraste con la versión oficial es descalificada por el gobierno como “operación”, “falsedad” o “extorsión”
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LA NACIONLuciano Román
“Las cosas son como el Gobierno dice que son. De lo contrario, son mentiras”.
Por lo menos hasta ahora, esa sentencia no ha sido explicitada en un decreto presidencial. Sin embargo, parece tener plena vigencia en la concepción y en la práctica del oficialismo libertario. Cualquier información, estadística, pronóstico o interpretación que contraste o difiera, aunque sea de manera tangencial, con la versión oficial de las cosas es descalificada por el poder en términos altisonantes: es “una operación”, “una falsedad” o “una extorsión”.
Vale la pena intentar una autopsia sobre un episodio de los últimos días que tal vez revele en toda su dimensión la vigencia de esa idea. La semana pasada se difundió un estudio de la consultora Diagnóstico Político que indicaba que, en comparación con los datos de 2023, los piquetes en la Argentina se redujeron un 52,7% durante la gestión de Milei. Es un trabajo que contabiliza diariamente los cortes de calles, rutas o autopistas en todo el país y hace una radiografía detallada según el sector u organización que los convoca y la jurisdicción en la que se realizan. La exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich posteó en X la nota de LA NACION que informaba sobre ese relevamiento, que la misma consultora hace todos los años desde 2009, y afirmó con una mayúscula rotunda: “Esto NO es así. En la Argentina se terminó el piquete al 100%”. El presidente Javier Milei subió la apuesta: “Mienten”, afirmó. Y a partir de ahí, el dispositivo digital se activó para acusar tanto a la consultora que hizo el trabajo como a los medios que lo difundieron de “mentirosos” y “operadores”.
El mismo trabajo destacaba el logro innegable del Gobierno, que en dos años de gestión pudo reducir sensiblemente los piquetes sobre la base de la creación y aplicación de un protocolo específico y la desarticulación del entramado vicioso que alentaba a los llamados movimientos sociales a desplegar esta metodología como mecanismo de reclamo y extorsión en las calles. Pero no fue suficiente: el oficialismo ha decretado que “los piquetes desaparecieron al 100%”, y cualquier dato que contradiga la afirmación es falso. “Fin”. No hay espacio para el debate ni la conversación. El que se aparta, aunque sea un milímetro, de la “verdad impuesta” es fulminado por el dedo acusatorio del poder y sometido a una estrategia de acoso y hostigamiento ejecutada por “las fuerzas del cielo”.
La afirmación del “100%” es sintomática, porque remite a una idea absoluta y terminante de las cosas que roza, hasta en el plano numérico, cierta concepción totalitaria. Para sostenerla, se intenta adecuar la realidad al relato del Gobierno. Se modifica o distorsiona hasta la definición de “piquete” para que las cosas encajen en el discurso oficial.
¿Qué fue lo que ocurrió el 18 de julio de 2025, cuando la autopista La Plata-Buenos Aires estuvo completamente bloqueada durante al menos cuatro horas, según quedó retratado en crónicas del día siguiente, documentadas con testimonios y fotografías? ¿Cómo se computa lo sucedido el 10 de junio pasado, entre las 12 y las 16, cuando militantes y activistas políticos cortaron simultáneamente la Panamericana y otros accesos a la ciudad para protestar contra el fallo que confirmaba la prisión de Cristina Kirchner? ¿Qué pasó el 9 de diciembre cuando activistas de la Corriente Clasista y Combativa cortaron completamente al mediodía el Puente Pueyrredón y un tramo de la General Paz? La lista es bastante más larga, pero alcanza con computar esos tres antecedentes para poner en crisis el inconmovible “100%”.
Los populismos, en general, viven peleados con los números y las estadísticas. Crean sus propias mediciones y revolean porcentajes de manera antojadiza. Lo vimos con el kirchnerismo en extremos burdos y caricaturescos: intervinieron el Indec para dibujar cifras oficiales, persiguieron a las consultoras que hacían mediciones independientes de inflación y apelaron a la contabilidad creativa para trazar una realidad paralela. En ese mundo tuvimos “menos pobres que Alemania”, según la célebre definición de Aníbal Fernández. Y dejamos de contarlos “para no estigmatizar”, según Axel Kicillof.
Ahora, a pesar de ser un gobierno supuestamente apegado a las reglas de la economía y a la racionalidad de los números, la tentación de manipular cifras con arbitrariedad también tiñe el debate público. El secretario de Turismo, sin ir más lejos, acaba de romper un convenio con el Indec porque no le gustaron las cifras sobre movimientos turísticos. Trae un bagaje político y cultural que sintoniza con esa medida: fue el candidato presidencial del kirchnerismo en 2015.
Pero el revoleo de números y porcentajes empieza a convertirse en una característica del poder. En noviembre, por ejemplo, el Presidente afirmó, en una entrevista con el medio francés Public Sénat, que “entre el 75% y el 80% de lo que dicen los periodistas es mentira”. ¿De dónde sale la precisión porcentual? ¿De qué estudio, análisis o relevamiento se desprende esa cuantificación? Después sostuvo, en un discurso ante empresarios, que “en el gobierno de Menem se hicieron 100 reformas estructurales; nosotros, en veinte meses, hicimos 10.000 reformas estructurales”. ¿De dónde surge la suma? ¿Dónde está documentada? ¿Es una casualidad que sean, invariablemente, números redondos? Las respuestas parecen remitir a una tradición argentina: las cifras tienden a usarse como metáforas. Se tiñen de ideología y se lanzan al voleo como piedras arrojadizas.
Tanto frente a determinados logros como a ciertas tragedias, en nuestro país se ha tendido a manipular los números con intenciones políticas. Como si la realidad, tal como es, no fuera suficientemente alentadora o suficientemente dolorosa, y como si la verdad debiera subordinarse a los deseos o la conveniencia de sectores del poder o de grupos ideologizados. Exagerar o minimizar las cosas a escalas verdaderamente audaces ha sido un vicio de la Argentina y ha derivado muchas veces en distorsiones históricas, pero también en una pérdida de racionalidad y de rigor para diagnosticar y enfrentar los problemas.
Haber reducido los piquetes a menos de la mitad ya es un logro fenomenal, sobre todo si se tiene en cuenta que varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, se han negado a aplicar el protocolo creado por el gobierno nacional. Hay que reconocer, también, que frente a algunos bloqueos se produce una intervención policial más rápida y efectiva, lo que hace que se reduzca la duración del piquete. Todo eso ha traído alivio a la ciudadanía y ha reinstalado, además, una imprescindible noción de orden y legalidad en las calles. Se ha desactivado, al mismo tiempo, un sistema perverso que obligaba a los beneficiarios de planes sociales a marcar presentismo en los piquetes para recibir el subsidio a través de intermediarios. Y eso ha derivado, naturalmente, en la virtual extinción de los cortes crónicos sobre la 9 de Julio. ¿Por qué no plantear, entonces, el debate sobre esas bases? ¿No es un tema que debería discutirse con honestidad política e intelectual, sin reducirlo a sentencias absolutas y sin negar los matices y las complejidades del problema?
Si el Gobierno tuviera otros indicadores, sobre la base de una metodología distinta de medición o una categorización diferente de las protestas, podría plantearlo como un intercambio constructivo, sin descalificar como “mentira” las estadísticas que no coincidan con las suyas. Lo que se observa, sin embargo, es una práctica habitual en el oficialismo: asimilar críticas, disidencias, opiniones, encuestas o pronósticos con fake news, adulterando de esa manera el concepto de “noticia falsa”. Es una estrategia de demolición y estigmatización de todo aquel que “se atreva” a discrepar con el poder o que, simplemente, se pare en un lugar de independencia.
Lo que está en juego excede el tema de los piquetes: se trata de la calidad del debate público y de la actitud y de la ética con la que propone el Gobierno la conversación con los distintos actores de la sociedad. Todo remite, en definitiva, a preguntas de este calado: ¿se puede disentir y argumentar en la Argentina? ¿O el oficialismo solo acepta la sumisión ante sus ideas y sus percepciones, condenando al destrato y la descalificación a aquel que se atreva a plantear una discrepancia o que, simplemente, aporte una cifra o una medición que no encaja con las estadísticas dictadas por el poder? La crítica, el disenso y la mirada independiente, ¿son vistos por el Gobierno como una amenaza y una afrenta? Resulta paradójico tener que plantear estos interrogantes ante una fuerza política que reivindica la libertad y que, sin embargo, parece exigir uniformidad y sometimiento tanto hacia afuera como hacia adentro del gobierno.
Reacciones como las que vimos ante los porcentajes de reducción de los piquetes encienden nuevas luces de alarma. Contaminan la atmósfera de convivencia e instalan un clima de temor por el riesgo que implica plantear una crítica o simplemente un dato que pueda irritar al poder. No sería descabellado que una consultora lo piense dos veces antes de difundir un estudio que pueda incomodar a funcionarios que manejan la SIDE, la DGI y “ejércitos” informales de “combatientes digitales”. Son mensajes de disciplinamiento hacia la sociedad y también hacia “los propios”. ¿Alguien se imagina a un funcionario de alto rango diciéndole al Presidente que han hecho una suma en los ministerios y que las reformas estructurales no han sido 10.000 sino 8764? La obsecuencia y la sumisión parecen ser más confortables que las matemáticas. Pero la cuestión excede cualquier ironía: un país retrocede en su calidad democrática cuando sumar y restar se torna peligroso.
Por Luciano Román
Tipo de trabajo:
opinión
