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Que el poder no burle la voluntad popular
La reciente reforma política bonaerense representa un gran avance institucional, que apunta a demarcar la ambición de los intendentes en un territorio donde detentar el Ejecutivo ha sido crucial para eternizarse al frente de los municipios
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PARA LA NACIONMaría Matilde Ollier
La gobernadora María Eugenia Vidal y Sergio Massa, líder opositor, promovieron importantes renovaciones institucionales en la provincia de Buenos Aires. Los legisladores acaban de sancionar una iniciativa que, aún en la imaginación de los más críticos del actual sistema, hubiese resultado imposible de realizar hasta hace poco tiempo. La reforma, sin embargo, fue posible gracias a una combinación de circunstancias: los entreveros del proceso electoral 2015, que predispusieron a la ciudadanía a suscribir cambios; el fin del gobierno kirchnerista en la provincia, principal defensor de la reelección indefinida; la presencia de liderazgos reformadores en la gobernación y en la oposición, encarnada por el Frente Renovador, y la colaboración entre éste y la coalición de gobierno.
Basada en la Constitución bonaerense, que habilita una sola reelección de gobernador y vicegobernador, la reciente normativa añade, a las ya existentes, tres nuevas condiciones para los puestos electivos: 1) el fin de la reelección indefinida para intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores provinciales, considerando el presente mandato el primero de los dos períodos permitidos de forma consecutiva; 2) la incompatibilidad del intendente y del concejal con cualquier otra investidura en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Provincia o de la Nación; es decir, ningún funcionario en ejercicio de alguno de estos cargos se encuentra habilitado para aspirar a un nuevo puesto tomando licencia en el que se halla ejerciendo; y 3) la prohibición a los funcionarios de cobrar dos sueldos a la vez.
Votaron a favor las bancadas legislativas del oficialismo, Cambiemos, y de la oposición, el Frente Renovador y el Bloque Peronista, mientras el Frente para la Victoria se pronunció en contra, aunque al ser minoría no pudo evitar que la ley se sancionara. De ahí que los intendentes de Cambiemos y del peronismo aplaudieron la ley. Dentro del primer grupo, Diego Valenzuela en Tres de Febrero ya venía pronunciándose contra la reelección indefinida desde su campaña electoral en 2015; en tanto que como representante del peronismo, Gabriel Katopodis, que cumple su segundo mandato en San Martín, hizo declaraciones favorables a la nueva ley. Con la frase “Hoy ponemos fin al paradigma de la perpetuidad en el poder”, Sergio Massa resumió uno de los objetivos centrales de la ley; el otro es generar igualdad de oportunidades a los candidatos.
No es para menos. En Atrapada sin salida. Buenos Aires en la política nacional, tras investigar los antiguos 24 municipios del conurbano entre 1983 y 2007, destaco la relevancia de la estructura político-institucional local para afincarse en la intendencia. El libro rastrea las causas del acceso de los jefes comunales al Ejecutivo durante ese período con el siguiente resultado: pertenencia partidaria, 3,2%; influencia de las instancias provincial o nacional, 30,3%; mientras que haber ocupado el cargo anteriormente, y en un porcentaje menor ser delfín del intendente saliente, arroja la cifra de 63,2% de los casos. Este último número es elocuente sobre la ventaja que significa ocupar el cargo para continuar en él. En Florencio Varela, Julio Pereyra gobierna desde hace 24 años. Aunque son más nombrados aquellos del conurbano que le siguen en antigüedad (Alberto Descalzo, Alejandro Granados, Gustavo Posse y Mario Ishii), el interior provincial tiene lo suyo: Aníbal Loubet y Oscar Ostoich suman sierte y cinco períodos, respectivamente, y Carlos Sánchez, Miguel Lunghi, Gustavo Cocconi, Alfonso Regueiro, Gustavo Walker, Ricardo Curutchet, Alexis Guerrera, Ricardo Casi y Julio Marini cuentan, con el actual, cuatro mandatos. Si bien ha habido un agotamiento de algunos viejos barones, la ley pretende evitar la formación de nuevos.
El eje de la discusión a favor y en contra de la iniciativa gira en torno de si la ley respeta o, por el contrario, sortea la voluntad popular. El argumento de los rivales, de larga data en la discusión política, considera que la ley restringe la voluntad popular pues de ella depende la elección de las autoridades. Sus defensores, en cambio, sostienen que la medida permite incorporar nuevos liderazgos, mejorar la calidad de la administración pública y contribuir a la transparencia y movilidad de la política. Éstos ponen el acento en las limitaciones que la ley trae para los gobernantes sin por eso afectar a la ciudadanía. El debate demuestra que ambos bandos creen que toda reforma institucional trae consecuencias en el hacer política. Así lo sostiene la literatura, aunque sus efectos benéficos suelen no ser tan lineales. Veamos.
La ventaja de los Ejecutivos parece obvia, en tanto sus recursos resultan infinitamente superiores a los de cualquier opositor. En consecuencia, lejos de limitar la voluntad popular, la ley aspira a demarcar más todavía la voluntad de poder de los intendentes. Al establecer nuevas condiciones para el acceso al poder local, la ley restringe mejor su ejercicio, que es precisamente donde la ciudadanía corre el riesgo de verse sometida al abuso de poder de sus gobernantes. El espíritu del legislador apuntó a preveer ese abuso, que es uno de los dramas de la democracia política. Problema ausente en los autoritarismos, que carecen de Estado de derecho y por lo tanto de limitaciones en el acceso y ejercicio del poder.
La normativa acabó con la reelección indefinida de manera consecutiva, y no a secas, es decir, una sola reelección sin posibilidades de retorno. Sigue abierto, entonces, el camino para la dinastización la política, en este caso reflejada en las dinastías hijas del nepotismo. Por ejemplo, que a un alcalde lo suceda un familiar –hecho que ya ha sucedido–, creando las mejores condiciones para su regreso. Cuando es así, el núcleo de toma de decisiones de gobierno pasa a ser la familia y no la fuerza política. Una forma grosera y solapada de privatización de lo público, que lastima la naturaleza misma de la política democrática. Democracias consideradas avanzadas tampoco escapan al fenómeno (los Kennedy, los Bush, los Clinton).
La constitución de Mendoza puntualiza que no se hallan en condiciones de ser electos gobernador y vice “los parientes de los funcionarios salientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad”. Sin embargo, la Constitución de Guatemala, que “prohíbe la elección presidencial de los parientes del primer mandatario dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, no logró impedir que en 2011 los guatemaltecos se despertaran una mañana sorprendidos por la decisión de su presidente, Álvaro Colom: se divorció de su esposa para habilitarla en la sucesión en el cargo. Hecha la ley, hecha la trampa. De ahí que la tarea de mejorar la democracia es como la democracia misma, una obra siempre inconclusa. Por lo tanto, el legislador debe permanecer alerta frente a las trampas colaterales y a los daños imprevistos de sus propias leyes, para atreverse a proponer nuevas modificaciones.
Politóloga, decana de la escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín
