¿Quién paga el aborto gratuito?
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LA NACION
Luego de la media sanción por ajustado margen del proyecto en favor del aborto en Diputados considero, como senadora nacional por Tierra del Fuego, que es tiempo de que se avance en analizar un aspecto que no fue muy tenido en cuenta: el presupuesto del que se deberá disponer para garantizar la gratuidad de esta práctica. Su tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en este sentido será –desde mi óptica– un paso insoslayable, junto con el resto de los abordajes.
Se estima que un aborto clandestino quirúrgico costaría entre $20.000 y $30.000, y un aborto por medio de medicamentos alrededor de $3200 pesos, cifras que, se estima, serían menores si es legalizado. Pero si le sumamos la asistencia pre y post aborto, al no haber estimaciones, el cálculo es incierto.
Si fuera verdad que en la Argentina se realizan 500.000 abortos por año, cualquiera sea su costo, estamos hablando de miles de millones de pesos. Por poner un ejemplo, en una nota reciente de la economista Paula Almada, de la Universidad Nacional de Rosario, se tomaba la cifra de US$490 dólares que se paga en Estados Unidos por un aborto en el primer trimestre: esto daría como resultado US$245 millones al año, es decir más de 6000 millones de pesos.
Este proyecto debería haber sido girado a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero, sorprendentemente, no ocurrió. Tampoco se ha pedido, como sí sucedió con el tema tarifas la opinión de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de reciente creación. Ahora que el Senado tratará el proyecto en cuestión, será la ocasión propicia para su revisión integral y su tratamiento en la comisión de Presupuesto debería ser ineludible.
Tampoco se ha visto en las audiencias públicas, entre tantas declaraciones de militantes, juristas, médicos, psicólogos, filósofos, religiosos y demás expositores, a tres actores fundamentales en lo que se refiere al "aborto gratuito" como son los directores de obras sociales sindicales, los representantes de las prepagas y, fundamentalmente, los gobernadores y los ministros de Salud de todas las provincias, que son quienes deberían afrontar en sus presupuestos los gastos de los abortos en los hospitales públicos, que como bien sabemos no los financia Nación sino las mismas provincias.
No se han registrado consultas, a la luz de la ley 27.054, al "Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA), organismo deliberativo de origen político que tendrá por objeto la articulación y promoción de políticas legislativas comunes en materia de salud en todo el territorio nacional" (Art 1) y que está integrado por "los miembros de las comisiones de Salud … del Honorable Senado de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de cada una de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…". (Art 2). ¿No es el momento de escuchar estas voces, incluidas las de las Legislaturas Provinciales, que deberán aprobar mayores presupuestos para salud?
Es muy fácil para Nación reconocer un derecho que no paga, y que será pagado por las provincias. ¿O habrá acaso fondos especiales de coparticipación para financiar abortos gratuitos, mientras en algunos hospitales faltan gasas y el equipamiento más esencial? ¿Haremos del aborto una prioridad de nuestro sistema de salud, habida cuenta que debería realizarse como máximo en un plazo de cinco días de ser solicitado, mientras cientos de personas esperan semanas, meses o años para acceder a otras prácticas médicas, en hospitales que no dan abasto?
Me pregunto si simplemente se incluirá el aborto como una práctica más a ser cubierta por el Programa Médico Obligatorio (PMO), sin brindar un debate profundo y serio sobre el sistema de salud que queremos y el que efectivamente tenemos. ¿Está dispuesta la ciudadanía a soportar el desfinanciamiento del sistema de salud, o a perder la cobertura sobre otras prestaciones, tal vez medicamentos, o ciertos estudios, o a abonar más por su prepaga?
Este proyecto, fruto de un debate en el que actores fundamentales no estuvieron presentes, en el que en un principio se evaluó la posibilidad de hacer audiencias en el interior y en las Legislaturas Provinciales, y que no se hicieron, es un atentado al federalismo. Decididamente , hay varios aspectos que reinaron por su ausencia en este debate tan complejo, y en el que se abren muchísimos interrogantes que no fueron resueltos. Hay cuestiones que van más allá de argumentos éticos, jurídicos, y científicos.
El tema -a mi juicio- merece consideraciones más realistas y menos voluntaristas. Sigamos, mientras tanto, fortaleciendo y desarrollando políticas orientadas a prevenir embarazos no deseados, de contención en embarazos conflictivos y que fomenten y agilicen procesos de adopción y guarda para tantas familias que desean hacerse cargo de menores. A este proyecto le queda un camino por recorrer. Todavía tenemos la posibilidad de hacerlo.
Miriam Boyadjian
LA NACION
