¿Quién podría celebrar un aborto?
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LA NACION
¿Cómo no estar a favor de la vida? ¿Cómo no solidarizarnos con quienes la defienden? ¿A qué mente macabra se le puede ocurrir que alguna mujer puede disfrutar hacerse un aborto? Por primera vez se discuten en la Argentina estas cuestiones y es sumamente saludable para su población y su democracia formal que así se haga.
La mayor parte de los países que nuestra dirigencia política y religiosa suele tomar como ejemplos de buenos modelos de sociedades han aprobado la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo hace más de 40 años.
El año pasado falleció a los 89 años la ministra de salud de Francia, Simone Veil, que en 1974 impulsó el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que se convertiría en ley ese año. Uno de los elementos detonadores del proyecto había sido la hipocresía de condenar a prisión a una joven mujer que luego de haber sido violada había abortado (conocido como el proceso de Bobigny), mientras que aquellas mujeres que tenían los medios económicos para abortar de forma segura se dirigían al Reino Unido, Holanda o Suiza para hacerlo legalmente sin ningún tipo de riesgo jurídico ni de salud. En su presentación, frente a una asamblea eminentemente masculina y opuesta al proyecto sostenía: "… es suficiente con escuchar a las mujeres: el aborto es siempre un drama y será siempre un drama".
El ejemplo de la "Ley Veil" no fue impulsado por ningún gobierno asociado a la izquierda, al centro-izquierda o al progresismo del espectro político, sino por un partido tradicional de centro-derecha que devendría el Partido Republicano, fundado por el entonces presidente Valériy Giscard d'Estaing, quien declaraba que quería evitar hacer de Francia una "sociedad represiva". En aquel debate, Eugène Claudius-Petit, de 67 años, uno de los diputados del mayoritario partido oficial, que se había opuesto rotundamente al proyecto anteriormente presentado, cerraba su presentación con estas palabras: "Como no puedo deshacerme de la solidaridad con la sociedad en la que vivo… en la mirada de la mujer, la más humillada… se refleja la vida, por eso y por ella… lucharé contra todo lo que conduce al aborto, pero votaré la ley". En tres jornadas intensas e históricas, la legalización de la IVE se transformó en ley con el apoyo de todos los diputados de la oposición y sólo un tercio del oficialismo (284 votos a favor y 189 en contra).
Los resultados de la despenalización en Francia muestran claramente cómo la media por mujeres viene disminuyendo año tras año. Si la tasa de abortos era de 19,6 por cada 1000 mujeres en 1976, en 2016 es de 13,9 (INED).
Como decía ya en los años 70 el sociólogo francés J.G. Padioleau: "El aborto ha sido, desde hace decenios, una práctica extendida que requiere dinero o habilidad". Lo que se discutía en Francia en los años 70 y en la Argentina en 2018 no es sólo la posibilidad de legalizar la IVE, sino la de equiparar socialmente a las mujeres que lo pueden realizar en condiciones higiénicas y asépticas adecuadas, con las que no tienen los medios económicos para hacerlo y ponen en serio riesgo su vida al practicarlo. Su obsoleta y casi inaplicable condena penal fue pensada hace un siglo atrás para otra sociedad. Su existencia profundiza la desigualdad social al prohibir la posibilidad de que los hospitales públicos lo puedan realizar en forma gratuita, segura y sin los riesgos de que sus médicos puedan terminar presos.
Al mismo tiempo, los argumentos que sostienen que hay que proteger la vida desde la concepción merecen el mayor de los respetos. ¿Cómo no solidarizarse con quienes manifiestan sus miedos y angustias por lo que creen -según sus diferentes convicciones de orden moral o religiosa- que está en juego la muerte de un ser viviente y se enarbolan en "defensores de los que no tienen defensores"? Solo en el marco de un clima de tolerancia humanitaria hacia las opiniones contrarias se abre la posibilidad de debatir, intentar convencer y mostrar los posibles errores u omisiones en los distintos argumentos.
La clave está en que quienes se inclinan hacia la despenalización logren convencer a los representantes provinciales –en su mayoría masculinos- para que se sensibilicen con las mujeres más humildes y vulnerables de la sociedad en la que viven, que arriesgan su vida en la clandestinidad y en soledad para evitar un embarazo no deseado. La legalización de la IVE no implica necesariamente una sociedad inclusiva, pero nos acerca más a serlo.
Investigador del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani/UBA y UNMDP
Facundo Solanas
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