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Reglamentar las PASO en Córdoba, una necesidad urgente
Lo que a continuación voy a relatar tiene un protagonista: se trata del gobernador Juan Schiaretti, quien no solo ha sido electo tres veces gobernador de los cordobeses, sino que, a la vez, preside el Partido Justicialista. La historia comienza hace 21 años, momento de la última reforma constitucional impulsada por su antecesor en el cargo: José Manuel De la Sota. Desde entonces, Córdoba se encuentra inmersa en una inconstitucionalidad por omisión, por ausencia de reglamentación de las elecciones PASO para elegir autoridades provinciales. Por un lado, el gobierno está violando el mandato constitucional, ya que, según la Constitución reformada en 2001, en su artículo 104, inciso 22, atribuye a la Legislatura la facultad de “dictar la legislación electoral y de partidos políticos que contemplen elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias”. En efecto, a la hora de disponer un régimen electoral y de partidos políticos, no tiene posibilidad de hacerlo sino es reglamentando las PASO. Por otro lado, según el régimen jurídico de partidos políticos, en su artículo 59, se establece que se debe aprobar una ley especial para su reglamentación.
Sin embargo, pese a haber sido el Partido Justicialista, con estos dos líderes al frente, la fuerza que impulsó y promovió la reforma en la cual se incorporaron dichos mandatos y, pese a contar con una amplia mayoría, de más de dos tercios de los miembros en la Legislatura, los cordobeses aún esperamos que el gobierno, en las mismas manos desde 1999, reglamente las elecciones PASO en Córdoba, para hacer efectivo lo prescrito por su propia Constitución y por su propia ley. ¿A qué se debe semejante incoherencia?
Si pregonan ser “peronistas republicanos” para contrastar con el autoritarismo kirchnerista que reina a nivel nacional, ¿por qué motivo, luego de veintiún años, siempre con mayorías contundentes, no han siquiera enviado un proyecto para reglamentar las PASO en la provincia? ¿Por qué deciden, con esta omisión, avasallar la Constitución y la ley que ellos mismos diseñaron? ¿Por qué no dan ese paso necesario para potenciar la participación ciudadana en el proceso político? El paso del tiempo, lejos de subsanar, consolida y agrava la realidad de omisión inconstitucional. ¿Por qué? Porque según doctrina de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde Ekmekdjian contra Sofovich (1992), pero especialmente en Intendente Municipal Capital de la Rioja (2014), estableció que una manda expresa del poder constituyente sobre el constituido, como es el caso del inciso 22 del artículo 104 de la Carta Magna cordobesa, no integra la amplia categoría de las llamadas “cuestiones políticas no justiciables”, o facultades discrecionales de los llamados poderes políticos. Sobre estas últimas, el Poder Judicial no tiene nada que hacer ni nada que decir. No obstante, en este caso, está fuera de la órbita de discreción del Ejecutivo y del Legislativo el dictar un régimen electoral que contemple las PASO. Tiene obligación de hacerlo. Mucho más, cuando ya transcurrieron 21 años con amplias mayorías del mismo partido y en la única cámara legislativa que quedó tras la última reforma.
Por otra parte, preocupa que dicha situación se conserve, en un contexto en el cual, en otras provincias, pero también a nivel nacional, se están dando hechos o queriendo impulsar reformas que representan un retroceso en materia de calidad democrática. Por citar algunos casos, en San Juan, han comenzado a debatir en la Legislatura una reforma electoral que tendría como resultado la vuelta de la Ley de Lemas, instrumento anacrónico que ocasionará un daño a la representación democrática. En Salta, tan solo unos días atrás, se convirtió en ley la derogación de las PASO en la provincia. En idéntico sentido se pretende avanzar en Catamarca.
Pese a que desde el PJ provincial promocionan una presunta calidad de “peronistas republicanos”, mediante esta deliberada, arbitraria e injustificada omisión, están privando a los ciudadanos cordobeses de una herramienta fundamental para ampliar y profundizar la democracia, fortalecer las instituciones republicanas y transparentar los mecanismos de selección de los representantes del pueblo. Los beneficios de las PASO son múltiples y se han debatido hasta el cansancio: entre otros, brindan una oportunidad de conocer aún más a los potenciales representantes, pues son todos los votantes y no solamente los partidos políticos, quienes deciden quiénes van a ser los candidatos de cada partido o alianza en las elecciones generales. Por ello, lejos de representar una “fatiga electoral”, o un gasto extra en tiempos de crisis económica, esta herramienta empodera aún más al ciudadano en los comicios, para así transformar una realidad que nos aqueja.
Además, así como sucede con el cuerpo electoral, son también los partidos políticos quienes se ven perjudicados por esta omisión inconstitucional, puesto que, de tener las PASO, se facilitaría su organización, para así poder ofrecer opciones atractivas a los votantes, tal como hemos visto en las elecciones presidenciales de 2015. Lejos de restringir sus acciones, los potencia. En este contexto, quizás de manera un tanto injusta y desproporcionada, se nos atribuye como oposición la responsabilidad de “no ser capaces de ponernos de acuerdo”, mientras que la realidad es que se nos está privando de manera arbitraria de una herramienta fundamental para dirimir acuerdos y desacuerdos en liderazgos, programas y valores, construir consensos competitivos y disputar el poder en paridad de armas con el oficialismo. De esta manera, tener la posibilidad de lograr una alternancia con sustento moral en el poder provincial, factor clave para el mejoramiento del sistema democrático. Sin alternancia, lo que se cristaliza es el monopolio del poder en manos de un solo partido. Esto dispara la ineficiencia y la corrupción, a la vez que aumenta los niveles de impunidad, que perjudican a la sociedad entera, pero especialmente a los más pobres, que en Córdoba ya superan al promedio nacional, con un 40,4%, contra un 37,5%, según la medición del Indec del segundo semestre de 2021.
Hay que recordarlo tantas veces como sea necesario, sin demagogia ni miedo a la crítica: el Estado debe sostener y financiar las instituciones básicas y elementales de la democracia, como son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque así lo afirma el artículo 38 de la Constitución Nacional, incorporado en 1994, pero también, porque, caso contrario, el sistema se irá erosionando aún más y serán los más vulnerables quienes se verán, al final de cuentas, más perjudicados. Sería de extrema gravedad que como provincia con una reputación, en buena medida alimentada por la propaganda “cordobesista” y acompañada de cierta mitología de superioridad, no reflejada en estadísticas, deje de ser reconocida por una profusa vigencia de valores republicanos, y descienda por un peligroso camino hacia un abismo en el cual los caudillismos nos alejen aún más de las ideas de la libertad, que son las únicas que llevaron progreso al mundo. Si la “excepcionalidad” que algunos quieren creer respecto de Córdoba es auténtica, esta situación debe terminar.
Presidente de la Coalición Cívica ARI de la provincia de Córdoba y miembro de la Junta Ejecutiva Nacional
