Retroceder a la fase 1, pero en Vicentin

Hijo de un trabajador rural y de la peluquera del pueblo, Fabián Silvano Lorenzini no tiene el physique du rol de un hombre de la oligarquía. Si alguien quisiera aplicarle correctivos a este novel juez santafecino de 44 años como cuando se ridiculizaba al juez neoyorkino Thomas Griesa, se burlaba la longevidad de Carlos Fayt, se proponía clavar la cabeza de Claudio Bonadio en una pica o se insultaba -bueno, semana por medio todavía sucede- a la Corte Suprema en conjunto, no le convendría llamarlo oligarca, por más que ese epíteto surja como la profilaxis indicada para aplanar la curva de la nueva insurrección agraria, ahora antiexpropiadora.

El campo de las cuatro por cuatro, de los cipayos, el responsable de la crisis que tiene la Argentina según explicó hace poco el senador Oscar Parrilli, se volvió a levantar justo cuando el juez hacía de Cobos. Es decir, se le plantaba a la Casa Rosada, pero no para un desempate desde el sillón más señorial que tiene el Congreso, el del vicepresidente de la Nación, sino desde tribunales periféricos asentados a cuatro horas de una capital provincial.

Lorenzini lleva 19 meses como juez civil y comercial en Reconquista, ciudad que forma con Avellaneda, arroyo mediante, un aglomerado urbano de poco más de cien mil habitantes. Si la fama del juez sigue en ascenso, no solo merced a la gravitación nacional que adquirió su lapicera sino también apalancado por las descalificaciones presidenciales de las que se hizo acreedor el fin de semana, tal vez llegue a ser más renombrado, si bien menos idolatrado, que Gabriel Batistuta, el hijo de Reconquista mejor reconocido.

Los directores técnicos de la selección, léase todos los argentinos, tuvimos que pasar de ser epidemiólogos, cuarentenólogos e infectólogos a expertos en quiebras, derecho comercial y funcionamiento del mercado de granos en un santiamén, sin que nadie nos avisara antes. Ocurrió el lunes 8, cuando de la idea de expropiar Vicentin, gigante exportador (no confundir expropiar con exportar) nacido bajo el segundo gobierno de Yrigoyen, se enteró por la televisión la inmensa mayoría, incluidos sus dueños, varios miembros de la coalición gobernante, las autoridades santafecinas, el juez del concurso y también los acreedores con los que el ministro de Economía Martín Guzmán viene negociando el pago de la deuda, quienes probablemente ignoraban que el Estado misericordioso de la Argentina estaba en condiciones de cargarse el rojo de US$1400 millones extras. Un rescatista siempre produce algo de admiración, salvo que se ofrezca enyesado y en silla de ruedas.

Una buena parte de esa inmensa mayoría tampoco sabía hasta el lunes 8 qué es Vicentin, mucho menos las razones por las que merecía disputarle primeras planas a la pandemia, quitarle semanas al diseño de la salida económica integral y funcionar como detonante de la primera gran protesta contra el gobierno de los Fernández, ebullición política de incierta evolución.

El gobierno deja saber que habrá que retroceder a la fase uno. Cuesta entender si habla de Vicentin o de la cuarentena. Más difícil aún es descifrar la realidad en clave fija de buenos y malos

En la cotidianeidad argentina, donde algunas escenas hartan igual que las películas vistas varias veces, otras irrumpen por la ventana y siempre la certidumbre se escurre, hay una sensación recurrente de montaña rusa. Los manifestantes confundidos –así los llamó el presidente- que padecen baja tolerancia a las expropiaciones salieron a presentar la guerra con el campo segunda temporada. Alberto Fernández dijo que él es un hombre de diálogo y que por eso recibía a los dueños de Vicentin (aquellos que se enteraron por la tele), a quienes ahora desearía que el juez ni les atendiera el teléfono. El juez degradó a los interventores a veedores y repuso a los que el Poder Ejecutivo había sacado, pero eso sí, antes de hundir sus manos en el enredo avisó que no era competente. Y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien había brillado el lunes 8 a la izquierda del presidente, muchos entendieron que en representación de Cristina Kirchner, presentándose como la madre de la expropiación, desapareció junto con la soberanía alimentaria que prometía nutrirnos durante los próximos siglos. El gobierno deja saber que habrá que retroceder a la fase uno. Cuesta entender si habla de Vicentin o de la cuarentena. Más difícil aún es descifrar la realidad en clave fija de buenos y malos.

La mejor explicación de lo que pasó tal vez la brindó Alberto Fernández. "Buscando soluciones mejores uno puede encontrarse con resoluciones peores". Si hubiera dicho "buscando soluciones mejores uno puede encontrarse con soluciones peores" (al poner "resoluciones" el presidente quería aludir al juez Lorenzini) la frase ya habría sido perfecta del todo. El único problema es que la puso en Twitter, espacio que según él mismo enseña sirve para los que comentan la realidad, no para los que la moldean.

Parece que su DNU 520/2020, puntapié inicial de este galimatías, no estaba muy bien pensado, al menos eso dicen unos cuantos constitucionalistas. Los especialistas en derecho comercial directamente se agarran la cabeza. Pero no estaría aquí el problema analítico sino en el mecanismo hidráulico con el que la grieta contamina todo. Que el DNU haya sido de muy baja calidad jurídica no significa que el dique que se le interpuso no hubiera sido chapucero. Woody Allen dice que el hecho de que seas paranoico no quiere decir que no te estén siguiendo.

Fernández advirtió que si el juez no aceptaba la propuesta del gobernador Omar Perotti (que los directivos queden afuera de la empresa) irá por la expropiación y opinó que el fallo había sido "un dislate jurídico de magnitud". Fuera o no un dislate, sumó el inconveniente de presionar y opinar, algo que el artículo 109 de la Constitución veda: "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

En palabras del constitucionalista Andrés Gil Domínguez el fallo de Lorenzini es un espanto jurídico. Surge la pregunta: a un mal DNU, ¿por qué no podría oponérsele, también, un pésimo fallo sin que exista relación entre ambas deficiencias?

Algunas fuentes dicen que el DNU no salió de la Secretaría Legal y Técnica que está a cargo de Vilma Ibarra y que habitualmente tiene buen nivel jurídico, pero admitirlo significaría reconocer que todo el paquete de la expropiación vino de Cristina Kirchner. Fernández niega injerencia vicepresidencial.

Expertos en derecho comercial como Daniel Roque Vítolo dijeron que si el Gobierno quería expropiar debió haber enviado un proyecto de ley para declarar la utilidad pública de Vicentin y haber hecho una ocupación temporal extraordinaria o anómala sobre las acciones representativas del capital social y una vez tomadas las acciones, convocar a una asamblea, remover los directores, y designar nuevas autoridades que funcionen como directores del Estado.

Está claro que uno es el tema político y otro el técnico jurídico, pero en los hechos están enlazados, porque para una movida de este tamaño se requiere antes que nada una estrategia integral, que es lo que el gobierno no exhibe. Mucho menos después de trastabillar.

En cuanto al juez, el problema podría ser otro. Lorenzini, un ex empleado del Banco Nación, casualmente, tal vez sufre el síndrome de la doctora Viviana Fein, la fiscal del caso Nisman, funcionaria acostumbrada a las rutinas judiciales a quien de la noche a la mañana le tocó investigar una de las causas criminales más importantes de la historia. A ese síndrome en términos pedestres se le suele decir desborde. El cúmulo de exposición pública, injerencias de servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, operaciones y presiones de toda índole debió ser difícil compaginarlo con eficiencia, a la postre deficitaria. Para cualquier persona, también para un fiscal o un juez que siempre llevaron una vida profesional normal, no puede resultar fácil convertirse de repente en el centro de atención política y económica del país, mucho menos si se trata de tomar decisiones que envuelven a la propia comunidad.