Rivadavia, el prócer de las dos caras

Al retornar a Buenos Aires a principios de 1821, Rivadavia tenía cuarenta años de edad. Para ese entonces la situación política en el Río de la Plata iba lentamente distendiéndose tras el tumultuoso período conocido como "la anarquía del año 20". A comienzos de 1820, los caudillos de las provincias de la región del Litoral habían impuesto a Buenos Aires la descentralización del sistema político y la creación de una estructura confederada, que dio lugar al surgimiento de gobiernos provinciales autónomos. Tras una serie de guerras intestinas se sucedieron siete gobiernos diferentes solamente en Buenos Aires, hasta que el General Martín Rodríguez finalmente logró establecerse en el poder en septiembre de ese año.

El regreso de Rivadavia a su ciudad natal después de seis años en Europa debió sin duda ser motivo de regocijo y alivio para su familia que estaba atravesando un delicado momento económico. A principios del año 1820, el gobierno de Buenos Aires había decidido no seguir abonando la suma que se le había asignado a Rivadavia para la manutención de su familia durante su ausencia en misión oficial. El gobernador responsable de tomar ese medida fue Manuel de Sarratea, quien como se ha dicho no estaba en los mejores términos con Rivadavia. Aparentemente Juana, esposa de este último, se había visto forzada a vender sus alhajas para subsanar esta significativa merma en sus ingresos.

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Más allá del recuerdo que podía haber dejado en diversos sectores de la opinión pública porteña la gestión de Rivadavia como secretario del Primer Triunvirato, su regreso tras la larga experiencia diplomática en Europa generaba alguna expectativa. Como manifiesta Tomás de Iriarte en sus memorias, a esto se le sumaba el hecho de que en ese momento Rivadavia estaba en una posición neutral con respecto al delicado contexto político rioplatense:

"Rivadavia acababa de llegar de Europa donde había estado cerca de varios Gobiernos de aquel continente. Era un hombre muy indicado para el ministerio, no sólo por su saber y altas miras, sino porque su ausencia del país durante un tan largo período lo hacían extraño a todos los partidos, perfectamente imparcial; y esta sola circunstancia habría sido preciosa, inapreciable, en una época en que toda la república no podía encontrarse un hombre, uno solo, que pudiera con razón afirmar que no se había mezclado en las revueltas civiles con una acción más o menos activa; todos sin excepción habían participado y contribuido al conflicto común."

En sintonía con esta visión, en julio de 1821 Martín Rodríguez decidió designar a Rivadavia como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. A su vez, Manuel García fue nombrado ministro de Hacienda durante ese mismo mes. Una vez instalados en el poder, ambos hombres afianzaron aún más los lazos con su círculo íntimo, dando lugar al rápido elevamiento de éste como una suerte de facción política, que sería referida como el Partido del Orden, y que tendría en Rivadavia a su principal figura.

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Al tener que ausentarse el gobernador frecuentemente de Buenos Aires, por sus obligaciones al frente de las expediciones militares que luchaban contra los indios en la frontera sur bonaerense, Rivadavia y García irían tomando cada vez más decididamente las riendas del gobierno. De tal manera, al poco tiempo de asumir sus cargos ambos hombres comenzaron a diseñar una serie de reformas modernizadoras tendientes a reforzar la estructura republicana de una sociedad que, según la visión de una parte de la élite porteña, no había logrado liberase aún de algunos remanentes anacrónicos de su reciente pasado colonial.

Una de las primeras reformas promulgadas por el gobierno porteño fue la Ley de Sufragio sancionada el 14 de agosto de 1821. En esa ley se establecía la universalidad del voto masculino que se introducía, como sostiene Marcela Ternavasio, "bajo la fuerte noción de que su aplicación traería disciplina y orden en un espacio altamente movilizado luego de la guerra de independencia". Según Tulio Halperín Donghi, la ampliación del sufragio significó "la vuelta de una caja de resonancia popular" que, tal cual ocurriera durante los primeros momentos de la Revolución de Mayo, "había dado una dimensión nueva al equilibrio del poder dentro de la élite". De todas maneras, según este autor, el poder seguiría dependiendo de las decisiones políticas de un grupo reducido.

La ley electoral establecía una pequeña distinción entre los llamados votantes "activos" -"todo hombre libre, natural del país o avecinado en él, desde la edad de 20 años, o antes si fuera emancipado"- y los "pasivos" -"todo ciudadano mayor de 25 años, que posea alguna propiedad inmueble o industrial"-. Existían también otras distinciones, como por ejemplo, la cláusula por la cual se asignaban en la junta de representantes bonaerense doce representantes por la ciudad de Buenos Aires y sólo once por la campaña, hecho que, como sostiene José Carlos Chiaramonte, generaba una suerte de distinción jerárquica entre la esfera urbana y la rural.

Las características eminentemente democráticas de esta reforma habrían sido producto de la inspiración de Rivadavia, y, más allá de las mencionadas distinciones, reflejaban claramente la orientación radical del gobierno. Esta tendencia se hace sobre todo perceptible si se toma como parámetro la rigidez de las más representativas vertientes del liberalismo europeo en relación al tema del sufragio en aquellos tiempos.

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Casi un mes después de ser sancionada la ley de sufragio, Forbes (representante del gobierno de los Estados Unidos en Buenos Aires) se expresaba del siguiente modo en carta a su secretario de Estado con respecto a la marcha del gobierno de Buenos Aires, el rol de Rivadavia y las perspectivas políticas:

"Es difícil dar una idea adecuada de la total regeneración que, sin el menor sacudimiento, ha tenido lugar en esta provincia. Rivadavia y García están sometiendo a prueba la gran cuestión de saber si este pueblo es susceptible de un auto-gobierno honorable y virtuoso, o es tan corrompido como para merecer ser azotado con escorpiones. Hasta ahora todo va muy bien."

En consonancia con ese espíritu regeneracionista mencionado por Forbes, reflejado en un afán por desterrar tradiciones consideradas obsoletas por la nueva élite dirigente porteña, se procedió por ejemplo a suprimir la institución del Cabildo de Buenos Aires. Su existencia era vista como un estorbo innecesario, especialmente luego de haberse conformado una asamblea de representantes provincial que comenzaría a funcionar en un nuevo edificio. Como sostiene Chiaramonte, el Cabildo aparecía como una institución anacrónica luego de las reformas legislativas y jurídicas promovidas por el gobierno de Buenos Aires. En las palabras de Julián Segundo de Agüero, la abolición del Cabildo respondía a la urgencia de poner fin al "germen de los males que se quieren remediar". Según Ternavasio, la abolición del Cabildo fue producto de la necesidad del Partido del Orden de erradicar el fantasma de los faccionalismos surgidos de las antiguas asambleas y de los cabildos abiertos, que se tendía a vincular cada vez más con el clima de permanente caos político que había predominado durante la década anterior.

Otros observadores contemporáneos como Tomás de Iriarte, sin embargo, consideraban que la abolición del Cabildo de Buenos Aires constituía una iniciativa riesgosa, debido al creciente prestigio acumulado por dicha institución en los últimos años y la dimensión que había adquirido especialmente entre un considerable número de personas pertenecientes a los sectores populares.

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La reforma eclesiástica promulgada a fines de 1822 ocuparía un lugar prominente en el itinerario reformista de Rivadavia, quien dicho sea de paso era católico practicante, y apuntaba esencialmente a promover una mayor secularización de la sociedad y el Estado. Este objetivo cuadraba plenamente con el latiguillo de raigambre neoclásica, al que hacían frecuente alusión algunos integrantes del entorno rivadaviano, que exhortaba a "estar a la altura de las luces del siglo", y que reflejaba la firme voluntad de este grupo de constreñir a la Iglesia a sus funciones específicas.

Fiel reflejo de dichas intenciones fueron, por ejemplo, algunas de las restricciones impuestas a la Iglesia católica por el gobierno de Buenos Aires, como la supresión de casi todas las órdenes religiosas; la Ley de Reforma del Clero de noviembre de 1822, que entre otras cosas establecía la abolición de los tributos eclesiásticos, y la introducción de una ley, sancionada dos años más tarde, que garantizaba la libertad de cultos.

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La reforma eclesiástica propiciada por los rivadavianos fue, como dice Roberto Di Stefano, una suerte de "experimento" que se dio en Buenos Aires y algunas otras regiones del territorio argentino -como Mendoza, San Juan y Salta-, debido sobre todo a la estrecha y fluida vinculación que mantenía la ciudad portuaria con las ideas que circulaban en el continente europeo por esos años. Esto es visible en el aumento de la difusión de las obras de pensadores reformistas europeos, apreciable cuando se observa cuáles eran los temas que se debatían en las tertulias de los cafés y de diversos círculos políticos y literarios de la Buenos Aires de entonces.

Las reformas sancionadas por el gobierno de Rodríguez despertaron también enconadas reacciones en varios sectores de la sociedad porteña, y se registraron incluso algunas manifestaciones populares que daban cuenta de una polarización cada vez mayor en la opinión pública. La progresiva tensión que se fue generando en torno de las mencionadas leyes se pondría en evidencia en la ciudad a partir de algunos sucesos puntuales ocurridos en 1822. Es el caso de la asonada liderada por Gregorio Tagle contra el gobierno, en manifiesta reacción a las reformas eclesiástica y militar. El levantamiento revelaba hasta qué punto amplios sectores de la sociedad porteña no se sentían identificados ni con las mencionadas reformas, ni con la esencia del espíritu iluminista o laicista reinante en aquel entonces.

© La Nacion

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