Roberto Gargarella: "Las presiones de todo tipo que hoy recibe la Justicia son un desincentivo extraordinario"

Jurista y sociólogo, cree que la década K profundizó la dependencia de los jueces del poder político, y rescata el avance de la causa Boudou, que toca "a la primera línea del Gobierno"
Astrid Pikielny
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6 de julio de 2014  

Roberto Gargarella
Roberto Gargarella Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Desprestigiada, vapuleada, presionada y sospechada, la justicia argentina ha estado, de un tiempo a esta parte, en el ojo de una tormenta política, mediática e institucional.

La reforma del Consejo de la Magistratura, destinada a someterla; las presiones sobre las cámaras y la justicia federal; las presiones sobre jueces temerosos de perder sus privilegios -tanto por parte del Poder Ejecutivo como por parte de los servicios de inteligencia-, y la fallida reforma de la democratización de la Justicia reflejan un intento de disciplinamiento que comenzó muy tempranamente, en los albores del kirchnerismo.

Así lo sostiene Roberto Gargarella, uno de los juristas más respetados y consultados tanto de la Argentina como de América latina. "Se radicaliza cada vez más esa tendencia a que los jueces les presten mucha menos atención a los textos legales y las pruebas que tienen frente a sí que a las circunstancias políticas de su entorno y del poder político para calcular para qué lado se mueven", afirma el abogado y sociólogo.

A pesar de ese contexto adverso, para Gargarella el procesamiento a Boudou es un hecho histórico y el juez Ariel Lijo, con fuertes vínculos con el poder, como dice Gargarella, se animó a dar un difícil paso. "Boudou no es el principal responsable en esta causa, sino el responsable más desprolijo de todos", señala, al tiempo que destaca que se trató "de un crimen gravísimo, relacionado con la impresión de la moneda nacional, que involucró al Congreso y a la primerísima línea del Gobierno".

Absolutamente alineado en la defensa del destituido fiscal José María Campagnoli, Gargarella afirma que la acusación que pesa sobre él "es una patraña e involucra un intento disciplinador sobre toda la clase judicial".

Doctor en Leyes y magíster en Ciencia Política, Gargarella ha escrito una veintena de libros, el último de ellos, del cual es editor, es Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática (Siglo XXI).

-La percepción general sobre la Justicia está asociada a la lentitud, a la connivencia con el poder político y a las presiones corporativas. ¿Cuán equivocada o verdadera es esta visión?

-Creo que hay problemas institucionales que trascienden a las personas, que son los que explican por qué en países muy diferentes hay diagnósticos muy similares sobre la Justicia y las distancias respecto de la ciudadanía. De los muchos rasgos institucionales que explican eso uno tiene que ver con un propósito deliberado, por buenas y malas razones, de alejar a la ciudadanía de la Justicia.

-¿Por qué?

-Porque se suponía que una Justicia muy cercana al pueblo iba a generar una Justicia dependiente de las pasiones del pueblo. Un riesgo obvio era la separación entre ciudadanos y jueces. Y eso se agrava, o no, dependiendo de arreglos institucionales relacionados con el acceso a la Justicia. Aunque la Argentina está introduciendo algunos cambios en los últimos tiempos, en parte a través de la Corte Suprema, el nuestro es un sistema cerrado en términos del formalismo que es necesario atravesar para poder alcanzar los tribunales, del formalismo con el cual los tribunales responden, y los recursos económicos y simbólicos que hay que tener para poder litigar. En la Argentina, se optó por un diseño que en buena medida es elitista y todavía hoy es un país que dificulta más que facilita el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

-¿Esto fue siempre así o empeoró en estos últimos tiempos?

-Por problemas propios de la Argentina, esos rasgos iniciales se agravaron. Por ejemplo, la concentración del poder ha hecho que la Justicia empezara a vincularse demasiado estrechamente con el Poder Ejecutivo. Del menemismo a esta parte la situación se ha agravado y tal vez hoy esté en uno de sus puntos más complicados, también por el peso que las presiones del Gobierno tienen sobre la Justicia. Esto genera una estructura de incentivos muy perversa, que lleva a muchos de los comportamientos de la Justicia, como la negociación, el sometimiento y la tendencia al perfil bajo y el no hacer ruido, porque los jueces son muy temerosos de perder sus privilegios o beneficios. Muy habitualmente vemos a jueces pasando desapercibidos, negociando con el poder o en una actitud de estar siempre mirando hacia dónde va el poder para moverse en una u otra dirección. Hay jueces que calculan y que miran menos el derecho que la situación política que los rodea.

-¿Por qué el Estado ha sido incapaz en todos estos años de castigar la corrupción de sus funcionarios?

-La Justicia tiene herramientas para hacerlo, pero sus comportamientos están muy condicionados por una estructura de incentivos que la lleva a medir cada paso y calcular cómo se mueve el poder para reaccionar en consecuencia. Entonces se radicaliza cada vez más esa tendencia a que los jueces les presten mucha menos atención a los textos legales y las pruebas que tienen frente a sí que a las circunstancias políticas de su entorno. El hecho de que la clase judicial -temerosa como es- reciba ahora más que en otros momentos de la historia presiones de todo tipo, que incluyen muy centralmente presiones de los servicios de inteligencia, opera como un desincentivo extraordinario. Para ellos lo mejor es pasar desapercibidos.

-¿Cómo influye en esta estructura de presiones el accionar del Consejo de la Magistratura?

-El poder dominante toma control sobre el Consejo de la Magistratura y del modo más impúdico levanta amenazas cada vez que un juez se mueve en dirección contraria a lo esperado por el poder político. Entonces, lo que quiere el juez es que nadie se entere de que existe, a menos que tenga ese afán de protagonismo que es más bien insólito dentro de la Justicia. Lo que hay es una tendencia a "que no me castiguen". Ese castigo puede ser muy severo y puede ir desde poner a un juez en el centro de la atención pública a través de la amenaza de que el Consejo de la Magistratura lo pueda condenar o remover hasta llamadas telefónicas o presiones de Inteligencia.

-¿Y cómo lee, en este contexto adverso que describe, el procesamiento de Amado Boudou?

-Lijo no ha actuado mal hasta ahora. El procesamiento a Boudou es un hecho histórico, y el juez se ha animado a dar ese difícil paso. Nunca diría que "no podía hacer otra cosa", porque en el derecho, lamentablemente, siempre se puede hacer otra cosa. De todos modos, tengo en claro que Lijo también es -como tantos jueces de su condición y nivel- un juez muy vinculado con el poder, y muy sensible a cuestiones contextuales relacionadas con el proceso político. En todo caso, y a pesar del razonable escepticismo que uno debe mantener frente a estos casos, el procesamiento a Boudou constituye una noticia muy importante por varios motivos.

-¿Cuáles?

-Primero, Boudou no es el principal responsable en esta causa, sino el responsable más desprolijo de todos y el que mostró contar con menos amigos o más enemigos dentro del poder tradicional. Segundo, esta causa implicó la expropiación de la "máquina impresora de billetes", una empresa fantasma, una tarea para la cual el Gobierno necesitó involucrar a todo el Congreso, lo cual nos da una dimensión del delito en juego y de los niveles de gobierno vinculados con este delito. Pero quiero insistir sobre un punto que causa un profundo enojo al ciudadano común que encuentra obstáculos burocráticos permanentes en su vida cotidiana: la impresión de la moneda nacional quedó a cargo de una empresa tan oscura que el Gobierno no se animó a revelar quiénes eran sus dueños. Hay que advertir hasta qué punto se trata de un crimen grave que involucra a la primera línea del Gobierno, y respecto del cual había pleno conocimiento por parte de los actores que protagonizaron esa acción.

-Entonces, el Gobierno no puede decir que no sabía.

-No puede decirlo, ni sus aliados pueden decir ahora que se trató de la desprolijidad de un aventurero de la Ucedé. Se trató de un crimen gravísimo, relacionado con la impresión de la moneda nacional, que involucró al Congreso y a la primerísima línea del Gobierno, plenamente consciente de todo lo que estaba en juego.

-En este contexto, hay alguien que investiga y señala la corrupción, pero termina destituido. Me refiero a Campagnoli.

-Yo me encuentro perfectamente alineado en la defensa de Campagnoli. Su pretendida destitución representa un anuncio a toda la Justicia y a toda la sociedad de "aquí, frente al primero que intente hacer algo para desafiar la corrupción presidencial, estamos dispuestos a matar". Ese mensaje es inaceptable y tiene enormes chances de triunfar.

-¿Cree que es un mensaje disciplinador para toda la Justicia?

-Por supuesto. Frente a eso yo suscribo una posición de alineamiento absoluto en defensa de Campagnoli. Eso no me priva de hacer críticas y empezar a mirar con más detalle su comportamiento, porque creo que es muy probable que Campagnoli haya tenido comportamientos criticables que son muy propios de los modos en que se mueve la justicia argentina, de autoritarismo procesal, si se quiere. Eso en ningún caso se justifica, pero si vamos a hacer un reproche, entonces tenemos que hacerlo extensible a todos los jueces, empezando por los que peores comportamientos han tenido, como los Oyarbide de turno. Tenemos a Boudou procesado, tenemos a los que financiaron en su momento la campaña de Cristina presos por la conexión con la efedrina, tenemos a Fariña preso, tenemos movimiento de dinero comprobado? Hay muchísimos datos que evidencian esa corrupción del poder que simplemente Campagnoli acompañó en señalar.

-¿En qué medida la democratización de la Justicia propuesta en su momento por el Gobierno fue una oportunidad perdida para discutir temas de fondo?

-Hemos tenido muchas oportunidades perdidas y ésa ha sido muy dramática, pero el peor rasgo de esta década es el insulto a la palabra, el engaño, que ciertas palabras e ideas queden desvalorizadas para el futuro y el uso en vano de términos como "derechos humanos" para legitimar actos muchas veces criminales. Eso no quiere decir que en este gobierno no se hayan hecho cosas en pro de la causa de los derechos humanos, pero eso es tan cierto como que la bandera de los derechos humanos se usó para encubrir actos de vandalismo institucional.

-¿A qué actos se refiere?

-Once, por ejemplo. Ésa fue una catástrofe de la cual el poder político es directo responsable de más de 50 muertes, porque tuvo centenares de advertencias de que aquí estaba por suceder una masacre. Ese poder privilegió los negocios con el poder económico a atender los derechos básicos de la ciudadanía. Muchos de los que avalamos la remoción de Aníbal Ibarra después de Cromagnon lo hicimos con el argumento de que si él aceptó gobernar en una estructura institucional que concentraba buena parte del poder en sus manos y se beneficiaba de cada cosa que salía bien como decisión de gobierno, también es responsable de los mínimos detalles cuando explota una catástrofe. Lo mismo se aplica en el caso de Once. Y eso hace inentendible cómo muchos operadores del Gobierno que pudieron estar a favor de la destitución de Ibarra han estado silbando bajito para no reconocer que esa tragedia implicaba también responsabilidad del máximo nivel y soluciones muy similares: remociones en la más alta esfera ejecutiva.

-Se refirió al bastardeo de causas vinculadas a derechos humanos. ¿Qué marcas cree que dejará el negociado en torno a Sueños Compartidos?

-Sueños Compartidos tal vez sea la metáfora más triste y el dolor más grande para la historia de los derechos humanos en la Argentina. Que el máximo símbolo de la dignidad y el heroísmo en materia de derechos humanos haya quedado envuelto en actos radicales de corrupción que lo involucran directamente es gravísimo. Hebe de Bonafini en su momento dijo algo que para muchos de nosotros era conmovedor y shockeante, pero que muchos respetamos con cierta devoción: ella insultaba a quienes recibían indemnizaciones por parte del Gobierno porque ese dinero terminaba comprándolo a uno. Luego ocurrió lo que ella misma había predicho y condenado.

-¿En qué medida los representantes en el Parlamento no han ejercido sus obligaciones, por ejemplo, en la negociación de la deuda, algo que les corresponde constitucionalmente?

-Son decisiones que comprometen a la Argentina para generaciones futuras, y el Congreso y la ciudadanía son convidados de piedra en este banquete: no tienen acceso al plato y van a ser los más perjudicados por esta decisión. Entonces nos tenemos que conformar con que algún grupo técnico improvisado nos diga que nos quedemos tranquilos y que lo han estudiado todo. Este gobierno tiene una concepción muy restringida sobre la democracia: "Si usted disiente, cree un partido político y gáneme las elecciones". La democracia es otra cosa muy diferente, que implica intervención cívica permanente. La visión de la democracia que tiene este gobierno es elitista como pocas veces se ha visto en la historia. Yo solamente la vi en la época del menemismo.

-¿Ve alguna otra continuidad del menemismo?

-Me parece que hay continuidades fabulosas en políticas, prácticas y nombres y apellidos, sobre todo. Muchos de los funcionarios más prominentes de la época del menemismo siguen ocupando posiciones importantes dentro del kirchnerismo: Pichetto, Fernández y compañía. Ésos, como los vínculos entre política y crimen organizado, son resabios del menemismo que han tenido una continuación perfecta con el kirchnerismo. Uno debe pedir "córrame de lado toda la retórica y la hojarasca de los discursos y las palabras y muéstreme su política de alianzas: cómo se ha comportado usted frente al crimen organizado y el narcotráfico, los barones del conurbano y los caudillos provinciales". Bueno, ahí está la respuesta.

Pensar, proponer e intervenir en el debate

Hay, en Roberto Gargarella y en todas sus intervenciones, un intento permanente de pensar los rasgos estructurales que ayudan a entender problemas coyunturales. Es en ese registro en el que este intelectual con visible participación en el debate público y una formación que intimidaría a cualquiera -con estudios doctorales y posdoctorales en distintas áreas de las ciencias sociales, aquí y en el extranjero- se mueve con comodidad y rigurosidad. En los años 80 trabajó con el recordado Carlos Nino y un grupo de investigadores que pensaron y promovieron formas deliberativas de la democracia. Cuenta Gargarella que cuando quisieron vincular a la democracia deliberativa con respuestas judiciales diferentes, la comunidad jurídica los descalificaba: "Eso no es derecho, es imposible, es inútil, y sólo ratifica que ustedes están en la cuestión abstracta". Años después, distintos países de América latina han comenzado a transitar algunas formas dialógicas, como las audiencias públicas promovidas por la Corte Suprema. Y aunque para Gargarella esto no sea "la promesa de la tierra esperada", es un camino posible que resulta beneficioso para todos: menos secretos, menos formalismo y más argumento público.

Un futuro posible: ¿Cómo evalúa y cómo proyecta el rol de la Corte Suprema en esta década?

-Me parece que ha tenido un buen rol. Aun defendiéndola, también mantengo cierta reserva crítica, porque creo que por la potencia de algunos de sus integrantes era esperable que fuera mucho más allá de dónde fue, pero le agradezco los pasos que ha dado: ha sido educadora y ha mostrado una preocupación valiosa por resguardar las instituciones. Fue tal el nivel de enojo social hacia la Corte en los años finales del menemismo que eso generó un fenómeno inédito en la historia nacional, con gente movilizada haciendo escraches frente a las casas de los jueces o movilizaciones todas las semanas frente a Tribunales. Lo que explica el comportamiento de la Corte, y especialmente el de Ricardo Lorenzetti, es el esfuerzo titánico de reconstruir legitimidad dando señales permanentes a la sociedad. Lo malo de eso es que ha llevado a la Corte a desempeñar su tarea con una enorme predisposición al cálculo del costo político-social, lo que generó que en muchos casos no se haya ido más allá por no desacomodar demasiado las cosas, no generar irritación social o política. Y eso ha sido costoso en términos de justicia.

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