1
Seguridad: despolitizar el debate
1 minuto de lectura'
Causa profundo desagrado que el debate sobre seguridad efectuado en la Cámara de Diputados bonaerense haya desembocado, finalmente, en una suerte de refriega partidaria.
NADA es tan urgente e imperioso hoy en el país -y particularmente en la provincia de Buenos Aires- como recrear los instrumentos legales y técnicos que permitan contener el avance despiadado de la delincuencia y restablecer el clima de seguridad y paz social sin el cual no es concebible la convivencia civilizada.
No pasa día sin que se tome conocimiento de algún hecho criminal aterrador, que da cuenta del estado de desprotección en que se encuentra la sociedad ante el crecimiento de modalidades delictivas cada vez más salvajes y perversas.
Ante ese panorama, es imprescindible que se comprenda que la lucha contra el delito requiere de una política de Estado firme y sostenida, que no esté sometida a los vaivenes de las rivalidades políticas o electoralistas.
Por eso ha causado profundo desagrado que el debate sobre la cuestión de seguridad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires haya desembocado, finalmente, en una suerte de refriega partidista, y que las dos bancadas principales hayan competido para ver cuál podía obtener mejores réditos políticos de la discusión, ignorando que estaba en juego un tema de vital importancia para la comunidad.
El proyecto enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Carlos Ruckauf reunía todos los elementos necesarios para crear una estructura de seguridad eficiente y útil, adecuada a los requerimientos de la gravísima situación que vive la provincia ante el acoso de la delincuencia. Se trataba de un proyecto equilibrado, prudente, que no incurría en ninguna clase de excesos y que armonizaba perfectamente con lo establecido por las convenciones internacionales vinculadas con la preservación de los sistemas de garantía de los derechos de los ciudadanos.
La iniciativa de Ruckauf apuntaba, fundamentalmente, a dos objetivos: hacer más duro e inflexible el régimen de la excarcelación y otorgar mayores facultades a la policía en la investigación de los hechos delictivos y en las actuaciones a que dan lugar. Lamentablemente, al ser considerado el proyecto en Diputados afloró, en algunos sectores, una visión ideologista del problema, con lo cual el eje de la discusión se fue alejando de la dramática realidad que padece la provincia.
Por supuesto, no se trata de cuestionar el derecho y el deber de los legisladores de aportar sus ideas e iniciativas para mejorar el proyecto del gobernador. Todo proyecto es perfectible, y de hecho hubo puntos en los que las dos bancadas lograron ponerse de acuerdo. Pero, en lo fundamental, prevaleció cierto espíritu sectario y, finalmente, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto sin el apoyo de los justicialistas, que abandonaron el recinto.
Uno de los puntos candentes del debate fue el otorgamiento de facultades a la policía para interrogar a sospechosos y detenidos. Es cierto que la fuerza policial bonaerense ha hecho muy poco en los últimos años para ganarse la confianza de la sociedad y es comprensible que existan temores y recelos ante cualquier gesto tendiente a incrementar sus atribuciones en la lucha contra el delito. Pero no parece lógico negarle facultades imprescindibles a la institución policial por el hecho de que su nivel de confiabilidad sea hoy escaso. Si la provincia afronta esa penosa realidad, lo que corresponde es producir inmediatamente los cambios necesarios para recomponer el prestigio moral de la fuerza y no dejar desguarnecida a la sociedad ante los embates de la delincuencia.
El proyecto aprobado por Diputados significa, en algunos aspectos, un paso hacia adelante, pero la iniciativa original del gobernador era más realista y efectiva, tanto en materia de excarcelaciones como en lo concerniente al conjunto de prerrogativas atribuibles a la policía.
Pero lo que más debe preocupar no es que la iniciativa haya sufrido cambios, ya que el proyecto pasará ahora alSenado y allí se pueden llegar a limar las diferencias entre el texto original y el texto votado por los diputados. Lo que verdaderamente resulta condenable es que ante una cuestión de Estado de tanta importancia no se haya podido llegar, por la vía del diálogo, a un acuerdo entre las bancadas principales para sancionar el mejor proyecto posible. El problema de la seguridad, por su gravedad, debería estar más allá de toda especulación partidista.
Es de esperar que en el Senado las posiciones entre el justicialismo y la Alianza se acerquen, en el contexto de una política de aproximación y entendimiento como la que pareció emerger del encuentro que sostuvieron el jueves último en La Plata el presidente Fernando de la Rúa y el gobernador Carlos Ruckauf. Sería lamentable que la Legislatura provincial, en su pronunciamiento definitivo sobre el crucial problema de la seguridad, se mostrase incapaz de corroborar, en los hechos, esa manera auspiciosa, madura y renovadora de entender la política.
