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Sin estrategias contra la inseguridad
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , reconoció hace unos días que hacen falta reglas claras, coordinadas y concordantes contra el narcotráfico y la delincuencia. El mensaje del Estado contra el crimen debe ser directo y concreto, sin titubeos o dobles interpretaciones. Y ejemplificó: "Si el Estado prohíbe fumar y en ese mismo espacio habilita el consumo libre de drogas, sería contradictorio".
Sin embargo, este deseo de seriedad y coherencia en la implementación de políticas públicas contra la delincuencia parece desmoronarse con los últimos anuncios del Poder Ejecutivo. Por un lado, el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina , se manifestó a favor de la liberalización total del consumo de drogas, una posición que generó polémica. Pero la opinión del presbítero no es el punto central de la crítica, que apunta más bien a la liviandad con la que abordó el tema. No parece prudente que el titular de la agencia federal antidrogas se incline a favor de una alternativa tan extrema; por lo menos, sin referirse antes a los fundamentos empíricos que avalan sus planes.
¿Cuántos centros médicos estarán activos para recibir a los adictos que consuman drogas? ¿Qué modelo de despenalización o legalización piensa adoptar? ¿El modelo implementado por Holanda en los años 80, el de Portugal de los 90 o bien la versión uruguaya de nuestros días? En definitiva, ¿qué investigaciones de campo desarrolló la Sedronar para concluir finalmente que tal o cual modelo despenalizador de la droga es el más oportuno para nuestro país? Muchas preguntas y ninguna respuesta, para un debate tan sensible y polémico como el de la liberalización de las drogas.
Otro anuncio difuso para la ciudadanía puede haber sido el de la jefa del Estado, Cristina Kirchner, quien, avalando los dichos del médico y coronel Sergio Berni, propuso un nuevo procedimiento penal que "expulse a los extranjeros que delinquen". Nadie niega a estas alturas que muchas bandas vienen al país por la laxitud del sistema judicial, pero la imposición de reglas procesales clasificadas según la lengua o nacionalidad de los acusados no es, definitivamente, un buen antídoto contra esta realidad. Todos somos iguales ante la ley; en consecuencia, "todos" los que delinquen aquí, extranjeros y nacionales, deben ser juzgados por nuestros jueces y normas penales. No es posible que el extranjero sea simplemente "expulsado" a su país, mientras que el nacional que delinque sea sometido a la ley penal argentina. Sobre todo existiendo fronteras tan permeables, que podrán transformar al sistema de expulsión en una verdadera "puerta giratoria transfronteriza", donde las bandas indocumentadas ingresan en el país, delinquen, son arrestadas (con suerte) y luego expulsadas a su país de origen, para luego volver a ingresar y delinquir, superando así los frágiles controles migratorios.
Parece mentira que, habiendo tantas iniciativas legales útiles y que gozan de mayor consenso social, se impulsen, desde lo más alto del poder estatal, iniciativas tan difusas y extremas.
Tampoco se encuentran motivos para darle tratamiento parlamentario exprés al nuevo Código de Procedimiento Penal. La delincuencia no reconoce límites geográficos, ideológicos o culturales, por lo que su necesaria promulgación debería ser fruto de un debate despolitizado, plural y federal, que incluya a técnicos y a organizaciones civiles, y a las provincias y sus representantes.
No hay justicia social posible sin un sistema transparente, efectivo y coherente contra el crimen. El ex fiscal Luis Moreno Ocampo parece referirse a esto cuando señaló, en un artículo publicado en este mismo diario, que "antes de que la violencia del narcotráfico y el crimen organizado avance a niveles escalofriantes, las fuerzas políticas deben armonizar sus posibles diferencias y desarrollar una estrategia democrática, clara y legal para enfrentar este flagelo". Este anhelo, sin duda, no se consigue con políticas oficiales provocativas y extremas que sólo generan confusión y desentendimiento en la opinión pública.
