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Sistema de salud: crónica de una muerte anunciada
Sí, señor lector, usted está asistiendo -y se lo confirmamos apelando al título del libro de Gabriel García Márquez- a los estertores de su sistema de salud tal cual lo conoció y lo protegió hasta ahora. A esta situación, cabe aclarar, no se llegó de un día para otro. Ha sido el resultado de una innumerable secuencia de episodios desafortunados, algunos propios de la negligencia, la impericia y la imprudencia; otros, fueron simplemente fruto de mezquinos intereses y de la corrupción, a lo que se debe agregar una lucha despiadada no exenta de cierto componente ideológico.
Si usted es uno de los millones de argentinos con acceso a una cobertura en salud, entonces goza de la más amplia de que se tenga referencia, con una calidad asistencial comparable -por ahora- a la de los mejores centros asistenciales del mundo, y probablemente, con menos demora en recibir los servicios en caso de necesitarlos.
En el presente, su sistema de salud, con todas las condiciones desventajosas de cualquier actividad en la Argentina, se hizo cargo sin dilación ni queja de enfrentar una enfermedad de origen y derivaciones desconocidas e insospechadas.
En medio de un proceso de desfinanciamiento estructural, fruto de años de transferencias de responsabilidades públicas al sector privado y de la seguridad social, y con un atraso arancelario de proporciones importantes, su sistema de salud corrió a ampliar su capacidad de camas generales y críticas entre un 30% y 50%. Además, alquiló hoteles y compró equipamiento para determinación de Covid-19 por PCR, entre otros equipos necesarios y complejos. Esto se hizo en medio de un mercado mundial demandante de los mismos productos, con escasez, precios crecientes y, como si esto fuera poco, compitiendo con el propio Estado, que como aspiradora absorbía todos estos recursos para cubrir sus propias necesidades con la potestad del príncipe.
No se deje confundir ni engañar: los resultados sanitarios de la pandemia no son culpa de la estructura sanitaria del país ni de la gente que lo compone. Los equipos de salud tuvieron un desempeño extraordinario, con un compromiso y una vocación por encima de cualquier expectativa, con un ausentismo por factores ajenos al Covid-19 bajísimo y con más de un 30% del personal que ha padecido la enfermedad hasta la fecha. Todos ellos cumpliendo estrictas y agotadoras normas de seguridad y protección, tanto para el cuidado de los pacientes como también de ellos mismos y sus familias.
Estos profesionales de la salud sufrieron más que otros el embate de la enfermedad: trabajar todos los días, cubrir dobles turnos, viajar diariamente en medios de transporte -mayoritariamente públicos- y tener doble empleo para mejorar sus insuficientes ingresos los hizo estar más expuestos al Covid-19 que aquellos de otras actividades de la vida económica y social de la Argentina.
Es una verdad universal que los sistemas son dinámicos. Eso requiere cambios permanentes para hacerlos más eficientes y garantizar su sustentabilidad. Pero tales cambios deben ser evolutivos, sobre la base estructural de aquello que funciona y dentro de la cultura propia de la sociedad a la que sirven.
La responsabilidad de la integración de los subsectores público, privado y de la seguridad social –que desde hace décadas se da de hecho y tuvo un anticipo en su formalización en la década del 90 con la ley que puso en marcha los hospitales de autogestión– es del propio Estado, que asumiendo su rol de rectoría debe generar una síntesis virtuosa basándose en los aportes de valor de cada uno de los subsistemas. Y evitando la doble o triple tributación a la que en muchos casos se ven sometidos los ciudadanos.
Desde 1996, a través de la ley 24.754 de la diputada Carmen Banzas Moreau, una ley de un solo artículo, donde todas las responsabilidades otrora públicas se transfirieron al sector privado y de la seguridad social. Ese día, muchos de los pacientes que hacían cola en el Ministerio de Salud de la Nación para recibir medicamentos oncológicos, antirretrovirales, trasplantes u otras prestaciones de alto costo pasaron a reclamárselas a su cobertura médica, en una brutal transferencia de obligaciones públicas a las entidades y, por consiguiente, a usted. Como si eso no hubiera sido suficiente, igualó todos los planes de cobertura con un techo que es un piso (a interpretación de los jueces) y conculcó los derechos de las personas a contratar los servicios que deseaban y así poder complementar coberturas con el sector público y la seguridad social, por las que ya pagaba y tenía derecho. Aun así, el sistema se sobrepuso y mantuvo niveles de calidad y servicio que hacían que la gente pensara en su ausencia como una pérdida, generándole una sensación de cautividad.
Lamentablemente, mantener la calidad e incrementar servicios obliga de manera indefectible a ajustar por precio, haciendo de este un bien preciado cada vez más inaccesible para muchas personas. En 2011 se aprobó la ley 26.682 de regulación de empresas de medicina privada. A partir de su vigencia, los incrementos de precios fueron fijados por el Estado en forma discrecional e insuficiente, y se obligó a incorporar a afiliados mayores o con graves enfermedades preexistentes, sin que estos costos pudieran ser compensados por ninguna cuota complementaria. Esta ley, que alteró severamente el sistema de cobertura médica y los contratos entre privados que los regían, fue votada prácticamente por unanimidad por la Cámara de Diputados y avalada por mayoría por senadores, sin tener en cuenta ninguna de las observaciones que se le habían hecho desde el sector luego de una inolvidable audiencia pública. Más adelante vino también la ley de discapacidad, que obliga a las entidades a hacerse cargo no solo de la atención médica de los discapacitados -que nunca estuvo en duda-, sino de la educación, los traslados, los acompañantes, las reformas edilicias, etcétera. Son todas prestaciones probablemente loables, pero que nada tienen que ver con el objetivo primario de nuestras organizaciones. Además, se han votado a mano alzada más de 70 leyes que otorgan coberturas específicas por enfermedad o tipo de tratamiento. Y en ninguna de ellas los legisladores previeron de dónde provendrían los fondos para su financiamiento o si era de sumo interés social que el Estado, primer garante de la salud, se hiciera cargo. Desde el momento de la entrada en vigencia de la ley de regulación de las empresas de medicina prepaga (1º de enero de 2012) hasta el 31 de diciembre de 2020, los incrementos de cuota otorgados representan el 1054%. El costo de vida en igual período subió 1470%; el dólar, 1855%; el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) de la seguridad social, 1817%; y el gasto en medicamentos de alto precio, 3077%. Durante la pandemia, los precios de los medicamentos para atender a los pacientes en asistencia respiratoria mecánica se incrementaron entre un 335% y un 1349%. Concluyo: no es mi intención juzgar intenciones, pero el sistema de salud privado y de la seguridad social, tanto en la financiación como en la prestación, se encaminan a su desaparición de hecho, tal cual usted lo conoce y valora, por una evidente insolvencia para hacer frente a los compromisos con los que se recargan sus hombros.
La compulsión normativa, que llega a 30.000 leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones y otras normas de menor jerarquía, impacta sobre el sistema de salud. A estos, además, hay que sumar las que regulan las coberturas. La cantidad no es sinónimo de calidad, sino todo lo contrario: zonas grises, normas contrapuestas y de mala factura provienen de la endeblez jurídica sobre la que se asienta el sistema sanitario. Si a eso le agregamos la ley que permite las acciones de clase donde un grupo de abogados, vestidos de asociaciones de consumidores, demandan por cifras multimillonarias invocando la representación de beneficiarios que nunca le fue otorgada, estamos ante una tormenta perfecta, una industria del juicio que hoy consume el 7% del PBI en salud. Es ese un dinero que en muchos casos enriquece espuriamente a unos pocos y empobrece a los que atienden la salud de los habitantes de nuestro país.
La Argentina es un país maravilloso en muchos sentidos. Su sistema de salud, insuficientemente valorado, es una de sus fortalezas. A pesar de todo, hoy, en medio de una pandemia de características catastróficas, con más de 95.000 muertos por Covid, no figura entre las tres preocupaciones principales de los argentinos. Cuando todo esté perdido se darán cuenta del valor de nuestro sistema de salud. Si usted puede hacer algo por este sistema, y por lo tanto por usted mismo, no deje de hacerlo. Ya.
Director General del CEMIC; Presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), miembro de la Unión Argentina de Salud
