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Solucionar problemas políticos
En la vida de un Estado hay cuestiones que deben ser resueltas en el ámbito eminentemente político, porque llevarlas al ámbito judicial sólo puede servir para empantanar el terreno.
La interna del peronismo y la suerte de las medidas contra el corralón y la pesificación son dos buenos ejemplos de ese tipo de asuntos. Esto, por supuesto, no quiere decir que se trate de cuestiones políticas ni que estos temas no puedan ser resueltos por los jueces. Sí pueden serlo, pero lo que ocurre es que, simplemente, son problemas que requieren otro tipo de soluciones, más flexibles que las que pueden surgir de una rígida sentencia.
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Cada poder del Estado tiene su lenguaje y pedirle a la Justicia que acelere sus tiempos para resolver una interna partidaria tan dinámica como apartada de los problemas reales de la gente sólo puede llevar a los tribunales a una situación de tensión. Cuando un tribunal se apresta a resolver o efectivamente lo hace, los políticos ya están pensando en su próxima jugada, la cual, cuestionada por el adversario, vuelve a disparar otro planteo judicial, que debe ser resuelto... y así sucesivamente.
"La Argentina no puede vivir dividida. Pero eso es lo que tenemos", dijo Lucrecia Sánchez Elía de Lacroze, presidenta de Conciencia, durante su discurso en la Noche Ciudadana, la fiesta cívica que se realizó anteanoche con la asistencia de seiscientas personas. De paso, llamaron la atención, también, las ausencias: no concurrieron ni el Presidente ni los ministros del gabinete. Tampoco los principales banqueros. ¿Hay, acaso, un incipiente cansancio de la ciudadanía en cuanto a los temas cívicos, con los que no termina de comprometerse a fondo?
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Pero la dirigente cívica, en un discurso comprometido en el que cuestionó incluso la ausencia de una verdadera división de poderes en nuestro país, quizá tiene razón. La gente no está atenta a una pelea interna que no le resuelve los graves problemas al país y que, además, se teje con la voluntad de dos sectores que sólo están interesados en torcerse el brazo uno al otro.
En esa realidad, ni la jueza María Servini de Cubría, que dictó una sentencia más que controvertida cuando declaró inconstitucional la ley de internas abiertas, ni la Cámara Electoral están en condiciones de dar una verdadera solución.
Los jueces nunca pueden encontrar las soluciones que sólo pueden emerger de acuerdos políticos. Sólo pueden ser víctimas de ellos. Quizá, darle tiempo a que el conflicto político se desarrolle y pueda agotarse es la mejor salida. Pero ni siquiera es seguro que los dirigentes perciban esta cuestión tan delicada.
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Algo parecido ocurre con el problema de la pesificación y la incautación de los depósitos, a estudio de la Corte.
El alto tribunal reclamó en muchas oportunidades que sean el Ministerio de Economía y el Congreso los que desarmen una madeja de normas que prácticamente fueron declaradas inválidas por todo el Poder Judicial.
La diferencia con la situación electoral, sin embargo, está en los tiempos: la semana próxima, la Argentina podría caer en default, y sería conveniente que la Corte se pronuncie o que, al menos, envíe una señal, si es que éste es realmente un requisito esencial para evitar ese colapso. Pero esto tampoco puede someter a los ahorristas a la incertidumbre.
Ninguna sentencia puede restablecer la cordura o la confianza.
