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Subsidios que no nos ayudan a crecer
El Gobierno ha proclamado la meta de "pobreza cero", lo cual exigirá reducir año a año la exclusión social que significan la pobreza y la indigencia. Abatir la pobreza requerirá aumentar sustancialmente el empleo productivo, pero para aumentar este empleo se necesitarán inversiones también productivas. El problema es que hace más de cuatro años que nuestra economía no crece al ritmo necesario para crear empleo de modo que permita incorporar a las nuevas generaciones de jóvenes. Los errores de la gestión K desalentaron la inversión productiva, por eso convirtieron irresponsablemente al Estado en el único creador de empleo; esto se financió con expansión monetaria para cubrir un creciente gasto público. El gobierno actual está ahora apuntando a reducir la inflación sin contraer la actividad productiva, tarea que de fácil no tiene nada.
Uno de los elementos clave en la recuperación productiva, especialmente en las provincias alejadas de los puertos, depende de los costos logísticos asociados con el transporte. Durante el período K el interior fue perjudicado por medidas que afectaron sus producciones, como los elevados impuestos a sus exportaciones, que impidieron el crecimiento y por lo tanto la creación de empleo. Así se disminuyó el stock ganadero. El saldo de todo esto ha sido negativo, ya que el estancamiento productivo y la caída en las inversiones convirtieron al Estado en el único creador de empleo "artificial" en las provincias. Estos costos logísticos dependen del estado de la infraestructura vial, ferroviaria y fluvial. Por el retroceso de nuestro ferrocarril, hoy son más importantes los costos del transporte por camión, que es, por mucho, el principal modo de transporte de la producción del país. Por esta razón los precios que se cobran en las provincias por los combustibles son claves en la determinación de los costos logísticos e inciden en la evolución de las economías regionales, afectadas por la distancia que las separa de los centros urbanos de consumo o de embarque hacia el exterior.
Estos costos logísticos estén siendo hoy aumentados por el régimen de precios petroleros, que reconoce a las empresas petroleras valores muy por encima del precio del mercado internacional. Estamos hablando de magnitudes elevadas, ya que este sobrecosto, decidido por el gobierno anterior y continuado por el actual a pesar de la gran devaluación del dólar a fines del año pasado, supera hoy los 4000 millones de dólares anuales. Es mucho dinero, ya que este subsidio a las empresas petroleras es mayor que el presupuesto anual de la Asignación Universal por Hijo. El resultado de este subsidio que pagan los consumidores es un encarecimiento de los combustibles: un automovilista argentino paga ahora por la nafta un precio superior al de casi todos los países de América latina. En los costos de producción, donde el precio del gasoil es muy importante -el consumo de gasoil es un 55% superior al de nafta- las diferencias son aún mayores: un camionero argentino paga 50% más que uno paraguayo, chileno o peruano y el doble que uno boliviano. Si aumentamos los costos logísticos, trabamos el proceso de recuperación productiva, principalmente el de las economías regionales alejadas de los puertos.
Estos altos precios para los combustibles afectan el escenario macroeconómico. Hoy enfrentamos un problema inflacionario originado por los grandes desequilibrios fiscales que caracterizaron la administración K. A la inflación de demanda heredada -causada por la expansión monetaria forzada por un considerable déficit fiscal- se le sumaron recientemente alzas inevitables de precios, asociadas con los servicios públicos de agua potable, gas, energía eléctrica y transporte. En este escenario de alzas de precios, complicado por las tendencias recesivas asociadas con altas tasas de interés interno, caídas del salario real y disminución del empleo, perdemos la oportunidad de apoyar la recuperación del nivel de producción con menores precios de los combustibles.
Esta cuestión de subsidios injustificados a los productores petroleros había sido ya considerada en el documento presentado por el grupo de ex secretarios de Energía a todos los candidatos presidenciales en junio del año pasado. La propuesta propiciaba que en petróleo y derivados se adoptara una política de precios alineados con los precios internacionales, cosa que hoy no ocurre.
Enfrentamos muchos problemas heredados, no agravemos la situación con subsidios a empresas petroleras que encarecen los costos de transporte y así perjudican nuestra recuperación productiva, tan necesaria para crear empleo y reducir la pobreza.
Ex secretario de Energía
