Timerman debería pensarlo

No va a ocurrir, pero el canciller Timerman debería repensar la conveniencia de continuar. Si no ha perdido la confianza de la Presidenta, es evidente que ya carece de la mínima credibilidad necesaria de los habitantes del país al que debe representar ante el mundo. Por suerte para él, el mundo del relato es el mundo del revés. María Elena Walsh la tenía clara.

Sin embargo, la sucesión de asombrosos desaguisados que jalonan su desempeño no se originaron tanto en torpezas personales como en la naturaleza profunda de las políticas exteriores que se fijan por encima de él.

Debería cesar cuanto antes una gestión que ha subordinado el comportamiento internacional del país a los vaivenes domésticos de pujas intestinas del propio gobierno, inaceptablemente penetrado por vergonzantes disputas entre espías, funcionarios, jueces, fiscales, diputados y legisladores, a los que, encima, incorporaron a conocidos militantes con antecedentes patibularios, frecuentemente citados por la justicia penal por graves y reiteradas infracciones a las leyes de la república.

Su inaceptable afirmación de que decidió que nuestro país no se hiciera presente en la marcha en París, por las suyas, sin consultar a sus superiores, resulta absolutamente increíble para cualquiera que conozca la manera en que el Gobierno toma decisiones y se enlaza, inevitablemente, con el estruendoso silencio reiteradamente mantenido ante atrocidades anteriores, como los degüellos públicos y asesinatos masivos de Estado Islámico, que nunca condenó como corresponde a una sociedad de veras comprometida con una auténtica defensa de los derechos humanos.

En un mundo convulsionado por la violencia y flagrantes atentados a la condición humana, nuestra Cancillería aparece estrechando, una tras otra, inexplicadas alianzas estratégicas con Estados bajo el gobierno de regímenes autoritarios, a menudo brutales con sus propios pueblos, retirándose inclusive de la presidencia del sistema de las Naciones Unidas para el combate del terrorismo, mientras representantes oficiales de las FARC -la mayor organización terrorista de América latina- se pasean abiertamente por la Argentina, a pesar de que esa organización delictiva atenta con las armas contra el sistema constitucional democrático de un país hermano y hace décadas es responsable del ingreso de enormes cantidades de la droga que envenena a miles de jóvenes argentinos.

La enorme mayoría de la opinión pública argentina se opuso notoriamente a las explicaciones del canciller en favor de la firma del vergonzoso Memorándum de Entendimiento con Irán, que solo pudo aprobarse a través de informaciones emanadas del ministerio a su cargo, tan falsas y distorsionantes que por estas horas el fiscal a cargo del tema lo ha denunciado como destacado protagonista de "un plan de indemnidad" en que el Gobierno operó durante años.

Los argentinos ya no conocemos límite a la capacidad de asombro: el propio canciller y otros altos funcionarios del Gobierno y militantes del espacio político que lo sustenta, ahora denunciados por negociaciones paralelas, secretas y contradictorias con el comportamiento oficial, incluyendo diálogos con operadores extranjeros que responden al gobierno del país al que la justicia argentina ha denunciado ante Interpol y las Naciones Unidas como responsables del horrible crimen de la AMIA.

La conducción sólo formalmente a cargo del señor Timerman es responsable de haber informado sobre el memorándum a la opinión pública y al Congreso de la Nación de manera tan inaceptable que, en forma prácticamente unánime, la oposición se opuso a su aprobación legislativa y, consumada la misma, continúa reclamando su absoluta e inmediata anulación, por ser mecanismo de encubrimiento destinado a desactivar las pesquisas ordenadas por el Poder Judicial argentino.

El engaño propinado al Poder Legislativo no pudo extenderse enteramente al Judicial, en cuya sede ese vergonzoso memorándum ha sido, ya en dos instancias, declarado inconstitucional y aguarda el debido pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.

Veinte años de fracasos investigativos exigen un cambio copernicano que comience por impedir que el Poder Ejecutivo interfiera en el trabajo del Judicial y se termine con la atmósfera de sospechoso secretismo que ha agobiado a la investigación en los últimos años. En uso de sus facultades, la Presidenta ha eximido de su obligación de guardar reserva a algunos funcionarios de inteligencia del Estado, pero aparentemente sólo de lo actuado en períodos anteriores a los del kirchnerismo. La tan retrasada búsqueda de verdad y justicia exige que esto se extendiera, también, a quienes actuaron en los períodos bajo su responsabilidad.

La alegada falta de comparecencia de los acusados iraníes como impedimento para continuar podría solucionarse sancionando el proyecto de ley que instauraría el juicio en ausencia, que el oficialismo se niega a considerar.

Es poco probable que ocurra, pero Timerman debería irse. Pero no perdamos de vista que la responsabilidad final de la perniciosa elaboración de la política exterior del actual gobierno no le corresponde, y que el reclamo de la mayoría de la sociedad argentina es que se cambie no sólo una pieza menor de este patético juego, sino el entero contenido y dirección de la política exterior que tan mal nos representa ante el mundo.

El autor fue vicecanciller de la Nación