Tras los pasos de Zaffaroni

Puede ser un instrumento para distraer la atención pública: ¿quién se acuerda de Skanska, de la valija de Felisa Miceli, la desaparición de Jorge Julio López , la ruta de la efedrina, la tragedia de Once, las inundaciones en La Plata, de Cristóbal López , Lázaro Báez , el vicepresidente y Ciccone ? Los problemas parecen ir configurándose en un rizoma más o menos subterráneo en el cual una denuncia va ocultando la otra.

Pensamos que habíamos tocado fondo cuando, en estos días aciagos, la sociedad llora la muerte de un fiscal de la Nación. Inmediatamente, se tira otra bomba llamada Roberto Carlés. Un joven doctor en derecho, sin ningún antecedente en el ejercicio profesional y sin la experiencia de vida que exigen las decisiones que conciernen al futuro de las personas y de la Nación. Una juventud que aseguraría unos 42 años de continuidad vitalicia del programa pergeñado por Zaffaroni y ejecutado hoy por sus discípulos.

No debe sorprendernos: Néstor eligió a Cristina. Cristina elegirá a su sucesor. Y Zaffaroni ya había "sugerido" antes a su sucesor: "Me gustaría que Julio Maier ocupe mi lugar en la Corte", aseguró en una entrevista con el Buenos Aires Herald, confirmando que nuestro simulacro de democracia republicana oculta una suerte de dinastía. Pero, por su edad, su preferido debería abandonar este año el cargo, por lo que su candidatura es inviable. Fue entonces cuando la bendición recayó en otro candidato que podría ser objetado por su vicio opuesto: es demasiado joven y sin antecedentes profesionales para semejante cargo.

En una entrevista con el Buenos Aires Herald publicada el 29 de diciembre de 2014 donde aseguraba que en febrero de 2015 se discutiría su pliego, Carlés defendió la cantinela pergeñada por su maestro, declarando su interés por "los seres humanos y por qué debemos tomar en cuenta, entre otras cosas, sus condiciones de detención. Ésa es la diferencia principal con la demagogia punitiva, que siempre apunta a gente de bajos ingresos".

De sus palabras se infiere que el entrevistado parece olvidar que la enorme mayoría de esos seres humanos -tanto las víctimas como los victimarios- es "gente de bajos ingresos". También parece ignorar que esa "demagogia punitiva" no es tal: no es demagogia porque la necesidad de la sanción a crímenes aberrantes expresa el sentir de la ciudadanía, cautiva de un ideario que la desampara en su condición de víctima propiciatoria de un experimento social cuyos resultados huelga comentar. Y su riesgosa alusión a las condiciones de detención es un faux pas, porque puede ser interpretada como una denuncia contra el propio gobierno que impulsa su candidatura: en 2014 el Ministerio de Justicia ejecutó apenas el 9% del presupuesto nacional destinado a la ampliación y mejora del sistema carcelario. Las condiciones infrahumanas de las cárceles resultantes de una política penal ejecutada perversamente favorecen precisamente aquello que se pretende evitar: que las cárceles sean criminógenas. Como se trata de alcanzar la abolición de las cárceles, las condiciones de hacinamiento donde se omite el respeto a los vapuleados derechos humanos constituyen el principal argumento para que se justifiquen las excarcelaciones anticipadas, las fugas consentidas y el pensamiento buenista de los procesados y condenados, validados equívocamente como las víctimas de la sociedad.

De lo que se infiere que la edad del candidato es un aspecto formal cuya discusión oculta el núcleo militante de esta maniobra política: de lo que se trata es de imponer la matriz de pensamiento abolicionista, con su rechazo al castigo legal y la inversión ideológica entre víctima y victimario.

No es casual entonces que la asociación inconstitucional y antirrepublicana Zaffaroni-oficialismo instale la operación "gran Reposo": una vez nombrados dos inviables -uno por viejo y el otro por joven-, luego podrán ser propuestos diáfanamente, negando su matriz controversial, nombres como el de Mónica Pinto (la decana de la Facultad de Derecho, radical y elegida por el propio Zaffaroni); los penalistas Arslanian y el radical Gil Lavedra (coautores del repudiado Código Penal), y hasta la tristemente célebre Gils Carbó.

O, por qué no, sacar de la manga a Alejandro Slokar, fiel discípulo zaffaroniano, conocido por haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal que impedía que los reincidentes accedieran al beneficio de la libertad condicional, y por haber fallado que la tenencia de drogas por parte de presos para consumo personal no constituye delito, fortaleciendo el poder de los penitenciarios sobre los presos que este catecismo perverso proclama defender.

Así como tras un desacreditado Reposo el nombramiento de la procuradora Gils Carbó fue celebrado por sus valores comparativos con quien carecía de los antecedentes mínimos para ocupar semejante cargo, el nombramiento de dos inviables sería la vía eficaz para postular a cualquiera de estos otros nombres que no podrán ser objetados tan expeditivamente como los primeros. Con esta estrategia exitosa, los senadores de la oposición sentirían que la Presidenta ha renunciado a su candidato preferido y podrían dar el visto bueno a quienes comparten un pecado de origen: su fe ciega en el abolicionismo penal.

Pues, al fin de cuentas, esta teoría trasnochada no es patrimonio único del oficialismo. Recuérdese que el abolicionismo es una teoría transversal que produjo la postergada reforma del Código Penal, hijo bastardo del Frente para la Victoria, el radicalismo, PRO y el socialismo. Tal vez la discusión en el Senado transparente qué tipo de país proyectan los distintos partidos. "Por su voto los conoceréis", por sus frutos sabremos los nombres y los apellidos de quienes se presten a propiciar la violencia salvaje hacia una sociedad desamparada.

No sé si Dios, pero sí la patria y los ciudadanos los demandaremos. Y los castigaremos. Les guste o no el castigo a los defensores del abolicionismo penal, podrán ser señalados por los dedos del presente y de la historia como los autores intelectuales de la masacre por goteo que viene regando de sangre los últimos años de esta tierra enlutada. Una tierra inerme donde un fiscal de la Nación es asesinado y todo instrumento es válido para el sálvese quien pueda, en un "vamos por todo" que desconoce cualquier límite moral.

La autora, doctora en Filosofía y ensayista, es miembro de Usina de Justicia