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Un acto de memoria y solidaridad
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El año pasado, la ley 5608 estableció el 23 de agosto como Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciativa promovida por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) e impulsada por los legisladores porteños Cecilia de la Torre y Francisco Quintana.
El 23 de agosto recuerda el día en que se firmó el tratado de no agresión entre la Alemania nacionalsocialista y la Unión Soviética, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Al respecto, el ex presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, se refirió a ambos regímenes como "la colusión de las dos peores formas de totalitarismo en la historia de la humanidad". Por iniciativa de Václav Havel y otros políticos y activistas de derechos humanos, este día fue adoptado por el Parlamento Europeo y posteriormente seguido por Canadá.
Al evocar la ciudad de Buenos Aires a las víctimas del totalitarismo se ejercita la memoria y se asume también un compromiso solidario, tanto con las actuales víctimas de la intolerancia racial como con los perseguidos por las dictaduras remanentes que subsisten en una cuarta parte del mundo, de Corea del Norte, China, Cuba, Turkmenistán, Venezuela, Azerbaiján, Belarús y Rusia a Eritrea, Guinea Ecuatorial, República del Congo, Bahrein, Etiopía y Arabia Saudita, por mencionar algunos casos donde sufren tantos colegas de la sociedad civil.
Sin embargo, el proyecto que en la ciudad de Buenos Aires recuerda a las víctimas del totalitarismo, aprobado por 37 votos, fue resistido por una minoría de quince legisladores, integrada por kirchneristas simpatizantes del "vamos por todo", los partidos de la nostálgica izquierda revolucionaria, y también se opusieron el aliado político de Martín Lousteau, el socialista Roy Cortina, y el amigo del papa Francisco, Gustavo Vera.
Vale la pena recordar que la primera parte del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscripta el 10 de diciembre de 1948 -con la abstención del bloque socialista- señala que "toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
Es entonces preocupante para el fortalecimiento y la consolidación democrática de la Argentina, la postura negacionista de algunos sectores políticos sobre las más de cien millones de víctimas provocadas por el comunismo, principalmente en la ex Unión Soviética, China, Vietnam, Camboya, Corea del Norte, Europa del Este, África y Cuba, que incluyeron a perseguidos por varios de los motivos que la Declaración Universal reconoce como derechos y libertades.
Ahora, las víctimas del totalitarismo no se limitan a quienes fueron encarcelados o ejecutados, sino también a "aquellos cuyas vidas fueron arruinadas por el despotismo totalitario", como reza la placa ubicada en el memorial para las víctimas del comunismo en Praga. El académico italiano Loris Zanatta lo resumió de esta manera; "No hay lugar para la autonomía del individuo o para su simple pasividad en el totalitarismo: siempre habrá un comité de barrio, una célula del partido, un vecino entrometido, un espía del gobierno para controlar su estilo de vida y su adhesión a las normas morales del régimen".
Por eso, en línea con la filosofía liberal progresista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Cecilia de la Torre defendió el proyecto con valentía en la Legislatura porteña, argumentando que "en la necesidad de que los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios sean recordados, así como también sus víctimas, y dado que la tentación totalitaria se encuentra en todas partes del mundo presente, considero necesario que esta fecha sea rememorada en la ciudad de Buenos Aires".
A partir de este año, la capital de la República Argentina se convierte en una ciudad pionera en América latina al recordar cada 23 de agosto a las víctimas del totalitarismo. Y en este recuerdo estará siempre presente una de las impulsoras del proyecto de ley, Cecilia de la Torre, quien falleció en diciembre último y cuyo compromiso cívico con la memoria y los derechos humanos ha sido ejemplar en su corta carrera política.
Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)
