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Un acuerdo democrático tan necesario como lejano
La reciente elección presidencial ha provocado, en muchos de nosotros, emociones muy fuertes, que todavía no se disipan: angustia, excitación, miedo. El problema de tales emociones, si es que alguno, es que ellas nos dejan demasiado cerca de los hechos y, de ese modo, nos impiden pensar bien sobre lo que ocurre. En lo que sigue, quisiera retroceder unos pasos -alejarme algunos metros de la inquietante pintura que tenemos frente a nosotros- para reflexionar sobre los conmovedores acontecimientos de estos días.
El primer comentario que haré se refiere al propio proceso eleccionario, y la democracia. Las elecciones han sido reveladoras de muchas cosas, entre ellas, sin dudas también, acerca del estado de nuestra democracia. Que una mayoría de ciudadanos haya votado con la expectativa de que sus candidatos no cumplan con muchas de las principales iniciativas anunciadas (i.e., venta de órganos; libre circulación de armas); o con la íntima esperanza de que su candidato “rompa”, apenas electo, la misma base política que lo sostiene y lo ha elevado al poder (i.e., el kirchnerismo), dice mucho sobre los niveles de degradación que muestra nuestro sistema político. Que la votación haya quedado reducida a dos candidatos con índices de desaprobación mucho más altos que sus niveles de respaldo, describe bien aquello en que se ha transformado nuestra democracia. ¿Cómo puede ser que, luego de cuatro décadas de recuperada la democracia, nos encontremos en este lugar? ¿Cómo puede ser que una mayoría de ciudadanos haya definido su voto luego de preguntarse qué candidato le provocaba menor temor o rechazo (y no, por ejemplo, cuál de los dos le emocionaba o entusiasmaba más, con sus propuestas y actitudes)?
El hecho es: nosotros, como ciudadanos democráticos, contamos hoy con bajísimas chances de influir en nada de lo que nos importa en términos de vida política. No definimos las políticas de alianza de los partidos que apoyamos; no decidimos la agenda del futuro gobierno; no determinamos ninguna de las medidas principales (siquiera una o dos, las más importantes) que queremos se incorpore en cada una de las plataformas partidarias; no designamos a ninguno de los candidatos a ocupar cada uno de los infinitos cargos que se repartirán (al menos un cargo que queremos que ocupe alguno, o queremos que no ocupe otro): nada. Y tal vez lo más preocupante no sea eso. Lo más preocupante es que, al día siguiente de la elección, y cualquiera sea el resultado que se obtenga, dirigentes y formadores de opinión señalarán acusatoriamente a la ciudadanía, para decirle: “ustedes son responsables”. “Responsables de qué?” -debería responderse, si es que no se nos permite decir, precisar o matizar absolutamente nada.
El segundo comentario tiene que ver con el gobierno que se va, y el republicanismo. Comienzo recordando un viejo principio político sobre la materia. Thomas Jefferson definía el carácter “más o menos republicano” (antes que monárquico) de un gobierno, conforme con el poder de “decisión y control” que quedaba en manos de la ciudadanía, frente a los asuntos comunes. Pues bien, si aceptamos a dicha métrica –aunque más no sea a grandes rasgos- como indicativa del carácter republicano de nuestras instituciones, volvemos a encontrarnos frente a un panorama desolador. En relación con el gobierno que por suerte se va, quisiera insistir con la siguiente idea: el solo hecho de que haya sido posible que, en medio de (lo que el propio gobierno definió como) algunas de las más grandes catástrofes de nuestra historia (pandemia, sequías, guerras), la administración saliente haya decidido utilizar, durante muchos meses, toda la energía política del Congreso para impulsar una medida obviamente destinada al fracaso, como el juicio político a la Corte (y no, medidas destinadas a bajar la inflación o reconstruir el tejido social), representa no sólo un insulto -una falta de respeto mayor- a toda la ciudadanía, sino un demoledor indicio acerca del modo en que el kirchnerismo erosionó nuestras instituciones republicanas desde su llegada al poder, veinte años atrás. En términos jeffersonianos: el nivel de “decisión y control” en manos de los ciudadanos, quedó pulverizado, hecho trizas.
De todos modos, y para que se entienda: no estoy hablando aquí de abstracciones ajenas a los pesares propios de nuestras vidas. Según entiendo, esos obscenos hechos -quiero decir, iniciativas tales como la de provocar y azuzar a la Corte mientras el país se caía a pedazos- ayudan a explicar muy bien el resultado de las recientes elecciones. Cualquier persona pudo entender entonces que no había ninguna razón para confiar en un equipo de gobierno semejante, mal preparado, mal intencionado, mucho menos sensible a la verdad que dispuesto a la mentira: un gobierno que necesitó, siempre, encubrirlo todo. Los votantes del kirchnerismo harían bien en pensar críticamente, más no sea en la intimidad, sobre aquello que han defendido ciegamente todos estos años. Sin embargo, una vez más, ninguna autocrítica es esperable, de parte de nadie. Hoy lo que aparece horrendo vuelve a ponerse al servicio de lo que es pésimo, por lo cual previsiblemente escucharemos, en los próximos meses, acusaciones destempladas sobre el nuevo gobierno (dictadura; tortura; venta de órganos), que servirán, sobre todo, para seguir disimulando las imperdonables faltas que tantos avalaron durante todo este tiempo.
Mi último comentario tiene que ver con el gobierno que llega, y el constitucionalismo. Desde su mismo origen, a finales del siglo XVIII, el constitucionalismo se propuso evitar los excesos del poder; resguardar a las minorías; impedir que cualquiera de las ramas del gobierno avanzara sobre el campo de acción que le correspondía a las otras ramas. El constitucionalismo se basó en una serie de intrincados mecanismos -el sistema de checks and balances- destinado a hacer posible un gobierno enérgico y a la vez limitado, sin la necesidad de descansar en la presencia de “funcionarios angelicales”. Hoy, luego de más de dos siglos de vigencia, el constitucionalismo luce oxidado y maltrecho: una práctica centenaria ha ido deteriorando al máximo al viejo mecanismo de relojería de los frenos y controles. La rama ejecutiva goza de “poderes de amenaza” mayúsculos en relación con las otras dos ramas del gobierno (el Poder Legislativo y el Poder Judicial); la Justicia ha devenido (por ello mismo) en un poder excesivamente sensible, sino directamente dependiente, de la política; mientras que el Congreso oscila entre dos extremos completamente indeseables: el sometimiento al Poder Ejecutivo, cuando ambos poderes responden al mismo grupo o sector; o el impiadoso bloqueo, cuando ocurre lo contrario. Dentro de dicho contexto, marcado por un fuerte deterioro institucional, las primeras señales del nuevo gobierno que podemos entrever en estos días resultan, una vez más, desconcertantes. Por un lado, la vieja historia: una ciudadanía en estado de alerta -la boca abierta, el corazón palpitando-frente a cada movimiento, designación o anuncio del nuevo presidente. ¿Cómo puede entenderse esa angustia, propia de Esperando a Godot, cuando se supone que el gobierno es “del pueblo y por el pueblo”? ¿Cómo se explica que el nuevo presidente pueda provocarnos una conmoción emocional con cada iniciativa que toma; pueda dejar de lado a piacere a sus principales propuestas de gobierno; o pueda abrazarse a aquello que hasta ayer repudiaba, apenas luego de electo? Ello se explica, entre otras razones, por los márgenes de discrecionalidad extraordinarios que el actual sistema constitucional -nacido para reducirlos- concede hoy al Poder Ejecutivo.
De modo similar, hoy podemos reconocer el fracaso de aquella maquinaria -alguna vez reconocida perfecta- de los “frenos y controles” -un mecanismo diseñado para reconducir el egoísmo de los funcionarios públicos, hasta transformarlo en políticas de bien común. Hoy, lo que es esperable, en lo que hace a la dinámica de la relación entre las ramas políticas, es lo ya anunciado: la rendición incondicional de una rama frente a la otra (el Congreso convertido en solo un anexo del gobierno), o la guerra desatada.
Los incentivos a que han quedado sujetos los tres poderes de gobierno favorecen eso: la confrontación sangrienta o el pacto entre elites (la constitución de la famosa “casta”), con total independencia de lo que exija, espere o sueñe la ciudadanía. Dentro de dicho marco -conviene advertirlo desde temprano- los grupos sin fuerza o apoyos propios -aquellos que no están en condiciones de asegurar por sí mismos las bases de su estabilidad- pueden llegar al poder, pero con los días contados. La pregunta que se nos abre, entonces, es la de cómo hacer para volver a asentar al gobierno -a este gobierno, a los gobiernos que vengan- sobre las amplias bases de un acuerdo democrático, hoy tan necesario y tan lejano.
