Un corralito para la construcción

El reciente decreto por el cual el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, decidió suspender por noventa días el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación destinados a viviendas multifamiliares que se inicien en seis barrios porteños constituye una medida insensata, que golpea la seguridad jurídica y genera no poca incertidumbre en el mercado inmobiliario y la industria de la construcción.

El propósito de la iniciativa puede resultar loable, en tanto es una obligación de las autoridades evaluar el impacto que pudiera generar el aumento de las construcciones en ciertas zonas de la ciudad y la posibilidad de daños al medio ambiente urbano y a su infraestructura. Sin embargo, la instrumentación de la medida podría generar consecuencias tan desastrosas como impensables desde el punto de vista jurídico. Tan graves como si, para solucionar los problemas de tránsito de vehículos en la ciudad, se decidiera prohibir durante un tiempo la fabricación de automóviles.

Les corresponde, efectivamente, a las autoridades porteñas velar por el cumplimiento de las normas de edificación, pero no suspender la iniciación de trámites para la construcción, mientras estos proyectos se encuadren en las leyes y códigos vigentes.

La medida oficial ya está acarreando innumerables problemas y afectando derechos adquiridos de no pocas personas. Por ejemplo, el de quienes en los últimos meses compraron terrenos y se aprestaban a presentar los planos de obra de un proyecto que, merced al decreto en cuestión, sufrirá como mínimo una considerable postergación y, en el peor de los casos, deberá adecuarse a un cambio en las reglas de juego. No menos problemático es el caso de quienes en las últimas semanas hayan firmado un boleto de compraventa de un terreno en alguna de las zonas afectadas por la medida gubernamental y que ahora, en función de la incertidumbre que depara la nueva norma, se resisten a escriturar.

Un daño importante generará el decreto a la actividad de la construcción, ya que obras cuyo comienzo estaba previsto para las próximas semanas deberán esperar no menos de tres meses, con el consecuente impacto en la pérdida de fuentes de trabajo.

La norma del gobierno de la ciudad resulta, por otro lado, arbitraria, en tanto tiene alcance exclusivamente sobre seis de los siete barrios que mayor incremento de superficie residencial han registrado en los últimos tres años. Cabría preguntarse por qué se hizo sobre seis zonas y no sobre diez, o por qué razones se excluyó al barrio que, de lejos, ostenta el mayor crecimiento, como Puerto Madero.

Nada de esto, desde luego, implica que deba descuidarse el medio ambiente urbano y su infraestructura. Es menester, por ello, que se realicen todos los estudios de impacto ambiental necesarios en la ciudad y que los genuinos representantes de la ciudadanía porteña analicen en la Legislatura la ley marco a la cual deberá ajustarse la normativa urbanística y de obras públicas.

Pero todo indica que aquellos estudios deberían hacerse sin detener la cadena productiva y sin normas que afecten la seguridad jurídica y hasta el derecho a trabajar.

Es de esperar que el jefe de gobierno porteño revea esta decisión administrativa que ha modificado de la noche a la mañana las reglas de juego y le ha impuesto a la industria de la construcción un insólito corralito, que deparará una avalancha de reclamos administrativos y judiciales.

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