
Un elefante en la habitación
En nuestro país han existido fuertes desequilibrios que eclosionaron una y otra vez, favoreciendo a quienes no son competitivos y atacando a quienes sí lo son
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Como padre del socialismo científico, Karl Marx propuso observar la realidad social con nuevas lentes, despojándola de velos para descubrir los mecanismos que funcionan bajo las formas aparentes. Sin embargo, parece un exceso recurrir al filósofo de Tréveris para advertir que en la Argentina tenemos un elefante en la habitación.
En nuestro país existen fuertes desequilibrios, originados en una larga tradición populista, que han eclosionado por enésima vez, ya que la hiperinflación de 1989, el abandono de la convertibilidad en 2001 y la crisis actual fueron forzados por las mismas causas.
Nuestra patria ostenta récords de déficit fiscal, de presión tributaria y de inflación. La contracara son la fuga de capitales, la escandalosa cantidad de pobres y el hambre infantil, vilmente negado por las anteriores autoridades gubernamentales.
Durante la “década ganada”, se incorporaron tantos empleados públicos, nuevos jubilados y beneficiarios de planes, que alteraron completamente la relación entre quienes trabajan en el sector privado y quienes cobran sueldos, jubilaciones o subsidios. En 2005, la proporción era de uno a uno. En 2015, supera el uno a dos. Si se agregan las transferencias al sector energético, configura una carga paquidérmica sobre los hombros del sector competitivo.
Ese desequilibrio no solamente creció en forma insostenible, sino que, paralelamente, se debilitó la productividad de quienes deben aportar recursos para pagarlos. Como si fuesen cuestiones desconectadas entre sí, se favoreció a quienes no son competitivos y se atacó a quienes de verdad lo son.
La Argentina no termina de comprender que la ampliación de las prestaciones públicas implica un simétrico desafío a toda la sociedad, pues cada centavo que se agrega para expandir la acción estatal, obliga a mejorar la productividad para poder sufragarlo. Además de ser una cruda realidad fiscal, es una cuestión ética, pues está en juego la inclusión de los excluidos. De hoy y de mañana.
Cada centavo que se agrega con discurso y con aplauso demagógico es un peso más que se incorpora al “costo argentino” que cargan los pagadores últimos de la oratoria y el festejo. En el recetario populista sólo cuenta el gasto corriente, para llenar la plaza y comprar votos. En el afán de abonar sueldos, durante décadas se abandonaron los ferrocarriles, se renunció a construir rutas, fueron olvidados los pueblos, los puertos y los puentes. Sin infraestructura, nos alejamos del mundo.
Gasto desmedido y atraso cambiario van de la mano. El llamado “atraso” no es un tecnicismo cambiario. Es la asfixia que provoca el mastodonte en la habitación y que hace reclamar aire con una devaluación, en lugar de adelgazarlo. Dificulta las exportaciones, facilita las importaciones, alienta los viajes al exterior y el celebérrimo “deme dos”. A mayores desbordes populistas, más cara resulta la Argentina, pues se comporta como un país rico, sin serlo. Impulsa un nivel de bienestar artificial, por encima de la productividad. Una película que todos hemos visto, pero que todos pretendemos olvidar.
Los distintos actores del quehacer colectivo debaten estos problemas en forma parcializada, fingiendo ignorar que tenemos un elefante en casa y aunando fuerzas para presionar al Gobierno a cambiar sus políticas, como si ello permitiese mejorar la situación de todos, pero sin hablar del paquidermo.
Cuando los sindicatos discuten un paro nacional para corregir las políticas de gobierno que “no toman en cuenta las necesidades de la gente”, no les importa que, en sus propias filas, muchos están colgados de empleos improductivos o viven de la industria del juicio o se ausentan los lunes sin justificación alguna. Cuando las organizaciones informales se reúnen con la CGT exhibiendo las escuálidas ollas populares de más de 14 millones de pobres, no señalan las marmitas de las obras sociales, cuyos pucheros suculentos nadie audita y que son el reverso de aquellas carencias.
Algunos ámbitos progresistas, uncidos a la lógica poética del 2+2 es 5, critican simultáneamente el aumento de tarifas y los niveles de inflación, pretendiendo no saber que la emisión monetaria es resultado de no poder incrementarlas. Por su alergia histórica al capital, tampoco advierten la relación entre inflexibilidad laboral y desempleo. O entre aislamiento y nivel de vida.
No basta con prohibir las importaciones y devaluar el tipo de cambio, adoptando fórmulas de posguerra. Las soluciones de emergencia no prepararán a la Argentina para sobrevivir con éxito en las décadas que vienen, donde 8000 millones de habitantes no nos darán un milímetro de ventaja. Desde 1930 hemos acumulado políticas de corto plazo, invocando siempre situaciones de excepción. Muchas veces, fraguadas en el vetusto yunque de los intereses creados.
En nuestro país, dado el poder político de los sindicatos, la mano de obra nunca será barata y las devaluaciones no son una alternativa sostenible para practicar ajustes con semejantes desequilibrios. Por otra parte, los consensos populistas que conforman la esencia del ser nacional exigen cada vez más intervención del Estado para asegurar derechos, con o sin recursos para hacerlo.
Un sector privado incapaz de insertarse en el mundo de forma competitiva no podrá financiar un Estado cuyo gasto supera el 50 por ciento del PBI. En el extremo, si los argentinos votásemos por continuar su expansión, los hechos obligarían a una reconversión brutal de todo el sector industrial, para lograr una eficiencia acorde con el peso “del elefante” que debe soportar, como le hubiera gustado a Joseph Stalin. Inversamente, si la prioridad fuese mantener la economía cerrada y regulada para preservar empleos y el poder sindical, el Estado debería reducirse drásticamente, como lo aconsejaría Milton Friedman.
Como todo, el único camino posible es el justo medio.
El juego de pinzas que enfrenta al sector privado y en particular, al sector industrial, productor de bienes transables, no es una cuestión coyuntural que pueda resolverse con medidas de corto plazo, para devolver la rentabilidad mediante subterfugios regulatorios. Se trata de un problema de fondo, que plantea desafíos intelectuales a todos los políticos y dirigentes, que no deberían soslayar si realmente tienen vocación de modernidad, con sincero espíritu de cambio.
El gobierno nacional encara un programa de reconversión, pues la Argentina debe insertarse en la Alianza del Pacífico y cambiar su paradigma comercial para que la población pueda vivir como en Australia o en Canadá. Encontrará serios obstáculos, pues toda transformación implica afectar fuentes de trabajo y los empleados suelen ser rehenes de quienes se oponen a los cambios, aunque los requiera el interés general.
Un país con mano de obra cara y con un elevado “costo argentino” a cuestas, requiere amplia disponibilidad de capital para que el aumento de productividad pivote sobre ese factor, llave del bienestar moderno.
Difícilmente, las empresas puedan reconvertir sus operaciones para lograr precio y calidad internacionales, si no tienen acceso a fondos de largo plazo para encarar esos programas. Y, a su vez, esas decisiones sólo se adoptan cuando hay confianza en la perdurabilidad de las reglas de juego, para no correr el riesgo de quebrar en el camino.
Los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y la ciudadanía en su conjunto debemos reconocer que existe un elefante en la habitación. A partir de esa realidad, debemos asumir que la única forma de sostener las pretensiones de la sociedad en cuanto a la dimensión del Estado, alcance de sus prestaciones, planes de obras, modelo sindical, régimen laboral y tantos otros objetivos colectivos, es mediante una fuerte capitalización del pais, tanto en las empresas como en la infraestructura.
Para lograrlo, es necesario enviar claras señales de confianza a fin de alentar inversiones que construyan una Argentina competitiva e inclusiva. Sentando bases sustentables para un nuevo equilibrio socioeconómico sin hambre ni pobres, con empleos de calidad y educación para los hijos.






