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Un funesto denunciador serial
El diputado Tailhade emplea las denuncias judiciales para atacar al Gobierno mientras protege a jueces kirchneristas en el Consejo de la Magistratura
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LA NACION
Un peculiar recorrido siguió Rodolfo Tailhade, nacido en un ejemplar hogar conservador de la ciudad rionegrina de Choele Choel y actualmente diputado del Frente para la Victoria y miembro del Consejo de la Magistratura, antes de convertirse en un vil denunciador serial al servicio de una facción que pretende valerse de la Justicia para crear confusión e intentar desprestigiar a quienes denuncian hechos de corrupción del anterior régimen y a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Abogado penalista formado desde los 18 años en un juzgado de instrucción a cargo de un renombrado magistrado, luego se incorporó a un prestigioso estudio jurídico de dicha especialidad, que más tarde abandonó para dedicarse de lleno a la política.
Tailhade fue concejal en el partido de Malvinas Argentinas, siendo al mismo tiempo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo, cuando ese organismo se encontraba en manos de La Cámpora.
En los últimos tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner, pasó junto a otros militantes camporistas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces a cargo de Oscar Parrilli.
En 2007, constituyó una sociedad anónima con otros socios, a la que la AFIP le retiró el CUIT en 2013 durante una depuración de firmas inactivas que solían emplearse para cometer fraudes fiscales.
Cuando se hallaba al frente de la IGJ, fue denunciado penalmente por la diputada Margarita Stolbizer debido a la falta de controles con que ese organismo beneficiaba descaradamente a empresas vinculadas a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner.
Durante su gestión, expedientes muy sensibles para el gobierno -y especialmente para Amado Boudou- se extraviaban con regularidad. Convirtió así esa prestigiosa institución centenaria en un antro de corrupción y un verdadero desastre burocrático.
Pero el hecho de haber sido objeto de una grave denuncia como la formulada por Stolbizer marcó, quizás, el rumbo que Tailhade seguiría en el futuro, es decir, en el momento presente, cuando el kirchnerismo ha pasado a ser oposición.
Una de sus víctimas fue, precisamente, Stolbizer. Ella y su abogada Silvina Martínez se vieron absurdamente acusadas por él de "tráfico de datos" junto con un subdirector general de la AFIP. En realidad, lo que perseguían la diputada y su abogada era impulsar en el fuero federal las causas Hotesur y Los Sauces, dos sumarios plagados de documentación muy comprometedora contra la ex presidenta y su entorno.
La misión militante de Tailhade, expresada en una compulsión por denunciar, comenzó cuando aún comandaba la IGJ y acusaba a grandes cadenas de supermercados, empresas de electrodomésticos y de combustibles de "afanar" y cometer "abusos". Esas ruidosas denuncias públicas carecían de correlato legal pues nunca completaba el trámite de radicarlas en sede judicial.
Ahora sí lo hace. Seguramente, sabe que toda denuncia contra un funcionario importante es noticia. Los medios la divulgan, aunque si luego es rechazada dicha instancia no adquiere igual difusión en muchos casos.
Su presentación contra el Presidente; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por una supuesta "negociación de impunidad" con la empresa brasileña Odebrecht, corrió esa suerte y fue rechazada por el fiscal y por el juez.
Otra acusación contra el Presidente, esta vez por "defraudación contra la administración pública" por la emisión de Letras del Banco Central que superó la base monetaria, fue también desestimada por la Justicia.
Al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le achacó el uso ilegal de datos personales del PAMI y de la Anses. Esta vez, otro fiscal federal, Guillermo Marijuan, pidió desestimar la denuncia por inexistencia de delito.
El nefasto historial del denunciador serial judicial es mucho más nutrido y no debe olvidarse que, en su papel de integrante del Consejo de la Magistratura, adonde llegó como soldado de La Cámpora, se dedica a entorpecer las denuncias contra los jueces afines al kirchnerismo.
Tailhade también ha elegido los tribunales federales como campo de batalla política, ocasionando un daño múltiple. En primer término, a la propia Justicia, por el dispendio de tiempo y recursos materiales y humanos que termina en el rechazo de sus falsas denuncias. En segundo lugar, a los propios denunciados, que sin fundamento resultan enlodados.
Por lo visto, este diputado sigue los postulados de Lenin, quien sostenía que la mentira era revolucionaria.
Por último, la gran perjudicada es la sociedad, pues hay ciudadanos para los que, erróneamente, toda imputación equivale prácticamente a un veredicto de culpabilidad aun cuando luego la Justicia pruebe la inocencia.
La vieja estrategia de mentir y ensuciar, deleznable de por sí, se torna aún más perversa y con mayor capacidad de daño cuando es un diputado nacional quien procura convertir a la Justicia en un vil instrumento amplificador de falsedades.
LA NACION
