Un nuevo año legislativo, con más exigencias

Este mediodía, los diputados y senadores nacionales recibirán al Presidente Alberto Fernández para abrir un nuevo período legislativo. El 1 de marzo de cada año es el puntapié institucional en el que el Presidente de la Nación anuncia su agenda de prioridades para el año que comienza. Si bien el Congreso es finalmente quien decide en qué proyectos y momentos avanzará, la interacción entre ambos poderes funciona como ordenador de debates y puede agilizar el tratamiento de leyes de alto impacto. Así se abre una etapa de contrapesos en los que el Congreso fija su propia agenda y el Ejecutivo enumera sus aspiraciones con el fin de concertar una agenda común de políticas públicas.

La principal novedad para este 2022 pasa por el reacomodamiento de las fuerzas en el Poder Legislativo. Hasta diciembre, el Presidente contó con mayoría en el Senado y en Diputados con una serie de aliados eventuales (pero claves) que viabilizaron la agenda del oficialismo y del Ejecutivo.

El acompañamiento de estos aliados no estaba garantizado de manera automática, pero las vías de diálogo con esas fuerzas eventualmente aliadas eran lo suficientemente fluidas como para avanzar en proyectos de ley de interés. Estos acuerdos fueron suficientes para aprobar leyes económicas como la Emergencia Social, el Impuesto a las Grandes Fortunas o la Reforma Previsional, pero encontró su límite en las iniciativas para reformar la Justicia tan promovidas por el Presidente.

Según datos de la Fundación Directorio Legislativo, la configuración política del periodo 2019-2021 le permitió al Ejecutivo la sanción de 34 leyes, de un total de 86 proyectos enviados, logrando una efectividad del 39,5 por ciento. Estas iniciativas fueron aprobadas en un promedio de 95 días de tratamiento cada una. Durante su presidencia, Macri logró que el Congreso sancione 92 proyectos de los 232 que presentó, con un 39,6 por ciento de efectividad, casi igual a lo logrado por Fernández en sus dos primeros años. Sin embargo, para lograr ese promedio necesitó de mucho más tiempo, 292 días de promedio. La pregunta que quedará por responder en los próximos meses es, entonces, si el Congreso mantendrá la velocidad de sanción que mostró hasta el momento o serán necesarios debates más prolongados.

Ahora, tras los resultados de las elecciones legislativas de 2021, el oficialismo afrontará un escenario de mayor complejidad política en los próximos meses. El Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado, frente a los 42 legisladores en 2019-2021, ahora contará 35 para 2021-2023, siendo 37 el número necesario para alcanzar el quórum propio. Y, si bien los números del Frente de Todos en Diputados no variaron en gran proporción (de 121 pasó a contar con 118 bancas), disminuyó su potencia y, dados los perfiles de los nuevos legisladores, los acuerdos con opositores parecen más difíciles de alcanzar. Esta situación podría entorpecer la agenda legislativa del Gobierno.

Para viabilizar la lista de temas que anunciará el presidente seguirá siendo clave el diálogo con algunos sectores de la oposición, al que ya estaba acostumbrado en Diputados, pero que le será novedoso en Senado. A diferencia de lo ocurrido en el período ordinario anterior, sin negociaciones con la oposición, el oficialismo no podría avanzar con su agenda en el Congreso. A su vez, otro factor determinante será el consenso interno entre las distintas corrientes del Frente de Todos. En algunos debates, como el acuerdo con el FMI, estas negociaciones internas parecen aún más complejas que las externas.

Las incógnitas para este nuevo ciclo legislativo quedan abiertas. ¿El Poder Ejecutivo y el resto de los espacios oficialistas podrán saldar las diferencias internas y viabilizar una agenda que contenga todas las prioridades de las distintas corrientes oficialistas? ¿El posicionamiento de los espacios opositores podrá incidir en los acuerdos que logre construir en el oficialismo dentro del oficialismo?

Estas dinámicas dominarán la escena en 2022, pero a partir de ellas, también se instala la oportunidad de pensar en una agenda institucional que supere la coyuntura siempre compleja en Argentina. Entre los temas necesarios sobresalen la designación del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Congreso, una ley de gestión de intereses, designación del Defensor del Pueblo por nombrar algunos que desde las organizaciones de la sociedad civil venimos impulsando hace años.

La autora es directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo

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