Un nuevo modelo social
Por Ramón Ortega (para La Nación )
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EN 1989 se inició en nuestro país una profunda reforma que permitió a la Argentina retomar la senda del progreso y reinsertarse en un mundo globalizado. Este cambio significó una mejora en la calidad de vida para muchos sectores de la población y nos devolvió la ilusión de vivir en un país moderno y desarrollado. Sin embargo, no todos los argentinos pudieron adaptarse aún a estas nuevas reglas de juego y quedan algunos grupos sociales con grandes dificultades para insertarse, dadas las nuevas exigencias. Este proceso no se dio sólo en nuestro país, sino que es común en otros países con experiencias similares, donde el costo de un rápido crecimiento inicial fue la exclusión del mercado laboral de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El modelo económico, exitosamente implementado, sentó los pilares de esta nueva etapa de prosperidad. El desafío ahora es conformar una sociedad más equitativa e integrada, para lo cual proponemos la construcción de un nuevo modelo social. Debemos poner todos nuestros esfuerzos en este objetivo, tanto por razones de ética social como también porque es el único camino hacia un desarrollo sustentable en el largo plazo.
El círculo de la pobreza
Asegurar la igualdad de oportunidades a todos los habitantes de nuestro país, para que puedan desarrollarse en plenitud y, de esta manera, elegir libremente su camino, es la única manera de conformar una sociedad justa, en la que cada uno de sus miembros se desarrolle de acuerdo con sus capacidades naturales, sin condicionantes que limiten sus posibilidades.
El camino para achicar la brecha de igualdad de oportunidades que existe hoy en el país entre los sectores con menores recursos y los más favorecidos debe basarse en dos principios filosóficos fundamentales de la doctrina cristiana: la solidaridad social y la responsabilidad individual. Y la estrategia por seguir parte de la premisa de que los mayores esfuerzos deben concentrarse en que los niños pobres tengan la oportunidad de superar la situación social de sus padres.
El Estado debe asistir a aquellos que se encuentran en una situación desventajosa para asegurarles a ellos y a sus familias los medios necesarios para alimentarse, desarrollarse y educarse. Éstas serán sus herramientas para mejorar sus aptitudes y encarar con probabilidades de éxito la tarea de salir del círculo vicioso de la pobreza.
Los niños son los más expuestos ante esta situación. Más del 40 por ciento de la población en situación de pobreza son niños menores de catorce años. Mientras no aseguremos la nutrición, la atención sanitaria y la educación de los niños, estaremos perpetuando esa situación en las futuras generaciones.
También la sociedad civil, por medio de sus organizaciones, como cooperadoras, ligas de fomento o redes vecinales, debe participar en la solución de estos problemas. Un entramado comunitario solidario y activo es indispensable para el éxito del nuevo modelo social. Y el Estado debe desempeñar un papel activo para facilitar y potenciar este proceso. Acceso a la información sobre la acción de otras organizaciones comunitarias, capacitación diseñada de acuerdo con sus necesidades y delegación de responsabilidades en la implementación de políticas sociales son algunas de las acciones por desarrollar en este campo.
El principio de responsabilidad individual implica que no todo el peso debe recaer en los esfuerzos solidarios del Estado o de la comunidad, sino que todos los miembros de las familias beneficiadas deberán realizar esfuerzos acordes. Serán responsables de que sus hijas embarazadas reciban los controles prenatales necesarios, de que sus hijos asistan a los centros de salud para fortalecer su crecimiento y controlar sus niveles de nutrición, de que sus hijos asistan y permanezcan en la escuela durante todo el ciclo formal educativo.
Es esencial constituir una autoridad social con entidad en el primer nivel del gobierno, ya que es una manera de jerarquizar las políticas sociales y darles mayor peso dentro de la administración nacional. Esto permitirá definir, a partir de una visión global de la problemática social con una estrategia para todo el país y planificar coordinadamente los programas sociales. Esto tendrá como resultado una mayor eficiencia y eficacia del gasto.
Por otra parte, el Estado debe asegurar a las familias en situación de pobreza un ingreso mínimo que garantice una vida digna. Con esto se persiguen dos fines: mejorar la situación económica de la familia e incrementar las capacidades de sus miembros para romper el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza.
Salud y educación para todos
Para ello las familias que reciban el apoyo deberán cumplir con requisitos tendientes a mejorar su estado de salud, el crecimiento y desarrollo de los niños y su nivel de educación. Será la madre la que tendrá la responsabilidad de administrar los recursos asignados, reforzando así a la familia, dado que la considero el núcleo fundamental de la sociedad. El financiamiento de este programa surge de la reasignación presupuestaria y de la reducción de la evasión fiscal.
El modelo social también tiene como objetivo asegurar a cada familia una vivienda. Para ello, se propone fomentar el mercado de crédito hipotecario, los planes de mejora de las viviendas existentes, la regularización de la tenencia irregular de la tierra y la dedicación de los fondos públicos a los más necesitados.
La base del nuevo modelo social es que el Estado garantice una educación y un servicio de salud de primera calidad para todos. Para esto debe avanzarse en la descentralización, la autogestión, la medición de resultados, la jerarquización de los trabajadores, dando prioridad al desarrollo humano por sobre el enfoque economicista. Todo ello debe coronarse con el pleno empleo, para lo cual no debemos recurrir a recetas mágicas, sino a fortalecer el crecimiento económico sostenido a partir de la inversión productiva.
Por El autor es senador nacional por Tucumán y precandidato presidencial (Partido Justicialista).
