Un paso más en el retroceso institucional

Hace unos días, intentando que pase desapercibido, en el Senado de la Nación, la senadora por la provincia de Corrientes, Ana Almirón, presentó una reforma a la Ley N° 27.442, de Defensa de la Competencia. Esta es una norma sancionada en 2018 con amplio consenso de ambas cámaras del Congreso. Hasta acá, parece una historia más en la avanzada del nuevo kirchnerismo contra todas las resoluciones, decretos y leyes que hayan significado un avance durante el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, detrás de esa vocación destructiva, se esconde una profunda visión política y un peligro para la institucionalidad.

La Ley de Defensa de la Competencia, muy elogiada por organismos internacionales como OCDE, se funda sobre la base de una Autoridad Nacional de la Competencia que tendrá las atribuciones propias de juzgar conductas anticompetitivas y condicionar las concentraciones económicas entre las empresas. Esto lo puede hacer porque su diseño institucional se corresponde a un tribunal administrativo, es decir un tribunal con atribuciones jurisdiccionales compuesto por personas designadas por mérito y que aseguran una absoluta independencia del poder de turno.

La norma tiene un sistema para reconocer el mérito, algo que no es para nada innovador ni extraño a este tipo de organismos, el concurso público. Este mecanismo no significa más que establecer criterios de evaluación, un jurado designado con calidad técnica y libre participación de todo aquel ciudadano que se inscriba y cumpla con los requisitos legales para concursar. Nada extraordinario, así designamos jueces en todo el Poder Judicial.

Pero la senadora nos sorprende a todos al llamar al concurso como "lineamientos que en la práctica se han evidenciado como obstáculos para la efectiva conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia". Esto fue escrito por la propia senadora en los fundamentos de su proyecto, creer o reventar. La solución propuesta para "enmendarlo" es obvio: eliminar el concurso.

Pero la historia es algo más larga que este breve resumen. Rápido y al pie, el concurso no solamente es imposible de hacer, sino que se hizo. Sí, se hizo durante el 2019 e incluso Mauricio Macri llegó a enviar al Senado de la Nación un pliego de designación de jueces para integrar la Autoridad Nacional de la Competencia. Así y todo, el presidente Alberto Fernández asumió la presidencia y retiró los pliegos del Senado.

Esta situación ya había ocurrido en el año 1999 a 2014, por eso el Congreso incluyó un artículo que obliga a cumplir, en un plazo razonable, la convocatoria al concurso. Retirar los pliegos significaba incumplir con este plazo, y por ello con Elisa Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López presentamos un amparo para exigir que se restituyan los pliegos y/o se vuelva a convocar al concurso.

En respuesta a nuestra acción judicial, el Ejecutivo tomó la peor decisión. Decidió anular todo lo actuado durante el concurso con argumentos falaces, y ahora promueven este proyecto de ley. Un paso más para destrozar el sistema institucional de defensa de la competencia.

Pero esto no se queda acá. Esta decisión no es un capricho inexplicable del oficialismo, sino una avanzada para evitar que jueces independientes de la Autoridad Nacional de la Competencia investiguen y sancionen por la causa de los cuadernos. Sí, aquella causa judicial tiene un expediente abierto en defensa de la competencia porque todo ese entramado de corrupción era acompañado de un sistema de cartelización de la obra pública. Una causa que involucra a los funcionarios corruptos y a parte del establishment económico.

Los que se llenan la boca hablando de combatir la cartelización y los monopolios, son quienes promueven el desmantelamiento de la autoridad que, por ley, se encargaría de investigarlos, perseguirlos y desarmarlos.

Sin embargo, nuevamente, no se quedan ahí. También, de paso, mandan una reforma al sistema de control de concentraciones económicas que obligará al Estado a investigar los contratos asociativos entre empresas como si fueran fusiones de empresas. Esto es un menjunje conceptual que lo único que generará son demoras eternas en la revisión de concentraciones, y la imposibilidad material de restringir la concentración en la Argentina.

Acá se esconde una visión de las instituciones, y del Estado, sumamente perjudicial. Mientras nos hablan de Estado presente, destruyen las instituciones del Estado, debilitándolo. Un Estado fuerte no es aquel que se controla desde el partido de Gobierno, sino aquel cuyas instituciones garantizan una estabilidad de reglas y una inflexibilidad en su cumplimiento.

Creemos en controlar a los monopolios, a todos ellos. Controlarlos para que florezca la competencia, para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan ser grandes empresas exportadoras, creen empleo e innoven. Queremos una sociedad donde fluya la movilidad social, donde quienes se esfuercen puedan crecer sin las acciones anticompetitivas de los grandes.

Pero creer en ese Estado necesariamente implica creer en la institucionalidad republicana. Cuando el funcionario de turno puede decidir todo, es cuando nos quedamos chiquitos. Presos de seis, siete u ocho grandotes amigos de ese funcionario. Esperamos que la Justicia nos dé la razón pronto y nos evitemos este enorme retroceso institucional.

Legislador porteño por la Coalición Cívica ARI, bloque Vamos Juntos